Sandra Arroyo Salgado celebró que el Gobierno tenga una “postura clara” frente a Irán: “No se negocia con terroristas”
A 31 años del atentado a la AMIA, la jueza federal afirmó que la alineación de la Argentina no significa “mayor vulnerabilidad”; también se refirió a la investigación por los incidentes en la casa de Espert
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En el marco del cumplimiento de 31 años del atentado a la AMIA, la jueza Sandra Arroyo Salgado celebró que el gobierno de Javier Milei tenga una “postura clara” frente a Irán y sostuvo que la Argentina “no debe negociar con el terrorismo”. Además afirmó que “Alberto Nisman fue un tercer ataque” y señaló que el país debe “estar del lado de la civilización occidental”.
“Este gobierno supo interpretar el mandato del pueblo. Los argentinos dimos un mensaje sobre de qué lado del mundo queremos estar: de la civilización occidental que defiende el derecho a la vida y la preservación de la humanidad, y no al sometimiento. No queremos gobiernos que negocian con el terrorismo”, declaró y agregó: “No sólo en 2015, sino también en 2006 y 2009, Nisman hizo un análisis de las células iraníes que operaban en la Triple Frontera, con mezquitas y centros culturales. Hoy la realidad mundial le está dando la razón. Pero no entiendo que la postura del gobierno nos ponga en una posición de mayor vulnerabilidad porque, como dirigentes, hay que tomar una postura clara”.
La jueza, que definió al ataque a la AMIA como el más “horroroso” de la historia argentina, remarcó que la sociedad no debe permitir que las víctimas sean solo un número y llamó a erradicar el terrorismo. “Ellos apuntan a expandir el terror en el resto de la sociedad, que es un espectador pasivo de ese escenario. Quieren condicionar la actuación futura y promover un pensamiento único para dominar y afectar la libertad de expresión. Para eso se vale de este tipo de ataques”, dijo con Laura Di Marco en LN+.
En esta línea, Arroyo Salgado se refirió a la muerte de Nisman, la cual aún continúa bajo investigación, y aseveró que la Argentina “sufrió un tercer ataque”. La jueza planteó que es la “víctima 86″ del atentado a la AMIA y explicó: “La tragedia no solo fue la bomba, ahí empezó para los familiares y la sociedad argentina, porque a eso se le suman los desvíos de la investigación y los encubrimientos. El asesinato de Nisman fue un magnicidio. Todas las amenazas que sufrió fueron a partir de su férrea oposición al memorándum de entendimiento”.
Sobre la investigación por los ataques a la casa de Espert
La jueza detalló que en el caso del ataque a la casa del diputado José Luis Espert este viernes venció el término para resolver la situación procesal de las personas investigadas para que puedan acceder a todas las pruebas que hay en el expediente. “Están dadas todas las garantías. Hoy resolví el procesamiento de algunos de los imputados, otros fueron sobreseídos”, aclaró.
“El hecho consistió en siete personas encapuchadas con guantes y dos vehículos con patentes adulteradas irrumpiendo la tranquilidad de un barrio de San Isidro y accedieron a las rejas de protección de la vivienda. Colgaron un pasacalles que decía: ‘Acá vive la mierda de Espert’”, comentó y respondió a acusaciones de persecución: “No soy política, soy juez. He tenido casos de otras amenazas y siempre avance del mismo modo. Él es un legislador y trasciende a su persona”.
También dio explicaciones sobre su decisión de que se prolongue la detención de Eva Mieri y Alexia Abaigar, dos de las mujeres detenidas por los desmanes en el exterior de la casa de Espert. “La norma habilita a los jueces a mantener la cautelar cuando consideramos que hay riesgo de entorpecimiento o evadir la decisión de la Justicia. Además, en estos casos son funcionarias públicas”, expresó.
Por otra parte, Arroyo Salgado especificó que “sabe como afrontar estas investigaciones” porque ella ha sido víctima de agresiones similares, a la vez que ejemplificó: “Como familia tuvimos claro lo que es marcar una vivienda, un domicilio de un funcionario. En noviembre de 2006 sufrimos una marcha liderada por Luis D’Elía, que marchó desde la embajada de Irán. Eso fue marcar un domicilio. Nos tuvimos que mudar a 40 kilómetros de la capital. No quiero banalizar el nazismo, pero empezó así: marcando las casas. Confiaba que el juez y el fiscal que tenían el deber de investigar nuestras amenazas hubieran avanzado”.
Además contó: “En 2018, mis hijas y yo sufrimos las amenazas de un narcotraficante, que llamó siete veces al juzgado diciendo que si yo no liberaba a otro, iba a terminar como Nisman. Afortunadamente un juez y un fiscal se hicieron cargo y hoy está detenido”.
LA NACION
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