1983 | 2003: 20 años de democracia

Hace 20 años, una convulsión positiva abrazaba a la Argentina. El domingo 30 de octubre de 1983 se consumó la restauración democrática con la elección de Raúl Alfonsín como el primer presidente civil después de la más cruenta y sangrienta experiencia militar del siglo pasado. La Argentina sigue siendo ahora, dos décadas después, uno de los países latinoamericanos más apegados al sistema democrático, según la última encuesta de las Naciones Unidas en la región.

¿La democracia ha hecho sus deberes en estos años? ¿El Estado ha cumplido su papel de árbitro de los conflictos sociales? ¿La sociedad tiene razones para estar conforme con su sistema político? Antes de entrar en ese debate, es necesario repetir lo que es irrefutable: ningún método político sustitutivo es mejor que la democracia misma, aun cuando los hombres que la expresan -y la expresaron- no la merezcan.

Si algo quedó claro en la volátil Navidad del año 2001, cuando un presidente se fue en la mitad de su mandato y la economía se derrumbó sobre las espaldas de los argentinos, es que ya no había sociedad, ni militares, ni situación internacional propicios para cambiar la democracia por una nueva aventura uniformada. Con argumentos infinitamente menores, en el pasado muchos presidentes civiles habían volado de la Casa Rosada y los tanques del Ejército se habían hecho cargo de los problemas nacionales.

Una primera pregunta que vale la pena hacerse es si la Constitución, el único contrato unánime de la sociedad argentina, fue respetada en estos años. La respuesta no puede ser afirmativa, sobre todo si se tiene en cuenta que la destrucción de la economía fue una consecuencia -y no una causa- de la devastación previa de todas las instituciones nacionales. Sin Poder Judicial creíble, sin Congreso respetado, sin moneda y, por último, sin institución presidencial, sólo un prodigio improbable hubiera salvado a la economía del contagio seguro.

Ningún presidente de la democracia se fue cuando debió irse. Alfonsín salió disparado por la onda expansiva de la hiperinflación seis meses antes de concluir su período. El presidente que lo sucedió, Carlos Menem, se quedó cuatro años más, tras forzar una reforma de la Constitución que calzaba perfectamente con su proyecto político de perpetuación. Fernando de la Rúa alcanzó apenas a cumplir el 50 por ciento de su mandato.

El único que se fue cuando quiso (y luego de obturar el regreso de Menem, su propuesta más ambiciosa) fue un presidente provisional, Eduardo Duhalde. Otra extrañeza de la política argentina: Duhalde fue también el único presidente que se fue mejor que como llegó, aunque llegó muy mal. Era, al mismo tiempo, el único al que una mayoría de la sociedad argentina le había dicho, en 1999, que no lo quería ver en la jefatura del Estado.

Tales contorsiones en el teatro de la política habían sido precedidas por otros métodos y por otros códigos, que fueron carcomiendo los cimientos de todas las instituciones. El trapicheo entre peronistas y radicales para reconstruir la justicia comenzó en los años 80 con negociaciones secretas entre Alfonsín y el senador peronista Vicente Leónidas Saadi, que se había reservado la estratégica presidencia de la comisión de Acuerdos del Senado. Los jueces no fueron nombrados por sus méritos o por sus sabidurías sobre el Derecho, sino por sus afiliaciones o simpatías políticas.

Cuando accedió al poder, Menem cambió aquel regateo por un sistema más expeditivo: tumbó a la Corte Suprema de Alfonsín y amplió el número de sus miembros. Al mismo tiempo, ordenó sin más vueltas la designación de jueces amigos de sus amigos. Nació así lo que con el tiempo se llamaría la "justicia adicta", que perdió en el acto el crédito social.

El Parlamento se llenó, paralelamente, de hombres sin calidad política, intelectual y moral, en muchos casos. Hubo -y hay- excepciones, pero la corporación política se abroqueló en el Congreso a espaldas de la sociedad y de sus responsabilidades. Las listas sábana, el clientelismo político y la preeminencia de las cerradas estructuras partidarias por encima de cualquier otro concepto político alejaron a ese crucial poder del Estado de la confianza de la sociedad y de sus propios compromisos básicos.

De la Rúa no pecó por haber inaugurado un sistema de sobornos a legisladores a cambio de la aprobación de leyes. Su pecado consistió en que lo hizo su gobierno, que prometió reincorporar una noción de moral pública en la administración nacional, convencido de que las cosas habían funcionado bien de esa manera durante gran parte del mandato de Menem. El diagnóstico fue acertado, pero el remedio era imposible.

Es probable que los sobornos de De la Rúa hayan sido los últimos que se pagaron, aunque algunas dudas saltaron, esporádicas y breves, durante la gestión de Duhalde. Pero la reforma política para transparentar los procedimientos del Congreso, y también la elección de sus miembros, sigue siendo un desafío al que la estirpe política se niega, coherente y contumaz.

Si Néstor Kirchner no avanzara en esos menesteres, es posible que sus aires de renovación terminen sirviendo sólo para perpetuar a la vieja corporación política.

En el alba de la democracia, en 1983, era necesario restaurar el estado de derecho tras su ausencia más notable durante el siglo XX. Alfonsín tuvo el mérito de cumplir esa tarea, tras ordenar el primer juicio político a los militares por haber perpetrado un golpe de Estado y por haber condenado a miles de argentinos a la desaparición y la muerte. El enjuiciamiento a la dictadura de los años 70 no concluyó ahí, aunque el presidente radical intentó ponerle un límite con las leyes de obediencia debida y de punto final, y muchos juicios se reabrieron luego cuando apareció el caso no juzgado de los niños robados en cautiverio.

A pesar de los indultos de Menem, los más importantes exponentes del régimen militar han estado presos, por una razón u otra, durante la mayor parte de estos 20 años.

Si Alfonsín había sometido a los militares al juicio político y social, Menem les sacó a los uniformados los imponentes recursos financieros con que contaban. Su jefe del Ejército, el general Martín Balza, hizo, además, la primera autocrítica pública de los militares latinoamericanos por los golpes de Estado y por las violaciones a los derechos humanos. A la vez, convirtió a los militares argentinos en uno de los tres mejores ejércitos del mundo en el ejercicio de tropas de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas.

Más allá de la opinión que pueda merecer su política de profundizar la investigación del pasado violento, el discurso de Kirchner es injusto con la historia, porque no reconoce que aquello también pasó y que hubo importantes revisiones de los crímenes cometidos por el Estado en el segundo lustro de la década del 70.

Sin remedio

Dos cosas parecen no tener remedio en la Argentina democrática: la falta de diálogo y de debate entre los principales exponentes de la vida pública y la absoluta carencia en los presidentes argentinos de cierta noción de las reglas que ordenan los asuntos económicos. Por ejemplo, Alfonsín desafió a Ronald Reagan por su política en América Central, pero Menem decidió, por sí solo, que era mejor tener una relación de alineamiento automático con los Estados Unidos. Ninguno de los dos consultó sus decisiones ni siquiera con los principales referentes del Congreso. Se trató, en ambos casos, de la voluntad infalible, solitaria y autosuficiente del jefe del Estado.

Conviene detenerse en la economía. Si Alfonsín despilfarró el tiempo y el crédito político hasta que las leyes inmutables de la economía lo desplomaron, Menem se abrazó a un programa económico, la convertibilidad, más allá de la prudencia y la ponderación, carente, a la vez, de una mínima idea sobre las consecuencias del endeudamiento público.

La correcta privatización de los servicios públicos que puso en marcha (y que en manos del Estado oscilaban entre el desastre y la catástrofe) no fue acompañada, en cambio, por los controles indispensables y por la competencia elemental. El final de ese proceso fue un cuestionamiento subjetivo e ideológico a todo el proceso privatizador.

Domingo Cavallo venía reclamando, desde diciembre de 1995, un acuerdo político amplio que permitiera abandonar mesuradamente la convertibilidad. "Si no lo hacemos, lo que nos espera es un monumental endeudamiento y rogarle a todos los santos para que Brasil no devalúe", le expresó en ese momento a uno de los principales hombres de la política argentina. Ocurrió el endeudamiento y Brasil devaluó en enero de 1999.

Ni Menem ni De la Rúa, uno porque quería una segunda reelección inconstitucional y el otro porque temía que una nueva devaluación sacara corriendo del gobierno a otro presidente radical, se animaron a tocar el tipo de cambio en un mundo que lo retocaba permanentemente.

Sin embargo, y seguramente como consecuencia de todo aquello, la mayor deuda de la democracia es con la propia sociedad argentina. Según un estudio del analista económico Orlando Ferreres, en 1983 la tasa de desempleo apenas rozaba el 4 por ciento de la población económicamente activa, menos del 10 por ciento de la sociedad estaba bajo la línea de la pobreza y no existían argentinos indigentes. No era, desde ya, obra de los militares que se habían ido, sino las estelas perdurables de la vieja Argentina del pleno empleo y del ascenso social.

Veinte años después, la tasa de desempleo supera al 20 por ciento de la sociedad activa, más del 50 por ciento de los argentinos está bajo la línea de la pobreza y un 25 por ciento vive en la indigencia.

Kirchner ha comenzado por devolverle un indispensable espacio público a la política, pero su misión estaría peligrosamente inconclusa si no reconstruye, con prudencia y seriedad, la solvencia de la economía. Aquella fe social en la democracia es casi un milagro, pero ningún milagro sucede dos veces en la vida.

Por Joaquín Morales Solá

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