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A Beliz se le escapó el enano fascista
La historia política de Gustavo Béliz tiene ribetes novelescos. De joven, fue periodista profesional; luego, ya inmerso en el menemismo, ejerció como ministro del Interior y paladín de la lucha contra la corrupción, al punto que, dentro de su propio gobierno, sufrió el bullying de sus colegas que lo apodaban “zapatitos blancos”. Al renunciar, el experiodista les devolvería la gentileza con una sola frase: “Estoy sentado sobre un nido de víboras”. Volvió con Kirchner, pero, de nuevo, tuvo que irse cuando mostró en televisión la foto del exespía Jaime Stiuso. Alberto Fernández logró rescatarlo y lo nombró secretario de Asuntos Estratégicos. Permaneció prácticamente mudo dos años y, cuando finalmente abrió la boca, fue para sugerir una regulación de las redes sociales que, según él, “intoxican a la democracia”. Si quiso levantar el perfil, no le salió.
No solo logró escandalizar a la oposición, sino a los de su propio palo. Aún para una cruzada K como Cecilia Moreau fue demasiado. “Me dio vergüenza escucharlo”, lo hundió. Patricia Bullrich fue aún más lejos: “controles, cepos, regulaciones. No hay caso, se les escapa el enano fascista”. Llamó la atención el anacronismo de la propuesta; la desconexión con la realidad, en un país donde la inflación vuela. Y lo confuso del mensaje. Extraño en un funcionario cuya especialidad es, supuestamente, la comunicación. Si Béliz está preocupado por generar información de buena calidad debería comenzar por ofrecer conferencias de prensa o, de mínima, recibir a periodistas profesionales.
El kirchnerismo -que históricamente desconfía de la inteligencia ciudadana y, en cambio, cree en controles y regulaciones estatales- parte de un error conceptual. Supone que, controlando a los medios o a las redes -es decir, influyendo sobre el mensaje- es posible modificar la realidad. Y la realidad es que la desinformación, asociada con las noticias falsas, o la toxicidad que producen los discursos del odio no son, como podría suponerse, fenómenos masivos sino, más bien, marginales en las redes. Más aún: la principal fuente de toxicidad y de desinformación surge de los propios funcionarios públicos, no de los ciudadanos comunes. La impactante conclusión es fruto de diversas investigaciones realizadas en países nórdicos, Gran Bretaña y Estados Unidos, según explica Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales e investigadora en Worlds of Journalism.
Amado ofrece como prueba un estudio realizado por la Universidad de Oxford, que midió globalmente y mientras sucedía, la infodemia en torno al Covid. La investigación incluyó a la Argentina, que salió bien parada: sacó un siete, a pesar de los datos falsos y las comparaciones erróneas, que el propio Presidente diseminaba, a diario, con sus filminas, mientras era sistemáticamente desmentido por la ciencia o por las embajadas. Sin embargo, la buena información sobrevivió, incluso, a él.
Desde lo más alto del Estado, el kirchnerismo es pródigo en la difusión de fake news. Pensemos en Aníbal Fernández afirmando, sin pestañear, que Alemania tiene más pobreza que la Argentina o en Cristina disfrazando de lawfare sus causas de corrupción. Ni qué hablar de la negativa a difundir las cifras reales de la inflación, durante la intervención del Indec. Como dice Agustina del Campo, a cargo del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo: “generar información de calidad, desde el Estado, es una contribución mucho más efectiva que, alguien desde el Estado, midiendo cuál información es de calidad y cuál no”.
La propia portavoz presidencial instaló una noticia falsa –o, al menos, sesgada- en su duelo tuitero con Rodríguez Larreta, cuando asoció el amague de regulación de Béliz con “prácticas republicanas en el mundo”. Es cierto que la Argentina adhirió al Pacto por la Información y la Democracia, invitada por Francia y Alemania, países que tienen leyes regulatorias de los discursos del odio y la desinformación. Lo que omitió Cerruti es que esas mismas leyes fueron ampliamente criticadas, incluso dentro de sus propios territorios, por recortar la libertad de expresión. La justicia francesa, por caso, las declaró parcialmente inconstitucionales. Y hablamos de países respetuosos de la división de poderes, no de populismos autoritarios que, en nombre de la libertad y la democracia, se dedican a limarla desde adentro.
Los dilemas éticos que abren las redes son novedosos, pero algo es seguro: un gobierno que ha convertido a los mensajeros en enemigos difícilmente pueda resolverlos.
