Acuerdo de Escazú: a una ratificación de poder aspirar a un desarrollo más justo, sostenible e inclusivo

El pasado jueves, la Argentina se puso la 10, literalmente: se convirtió en el 10° país de la región en concretar la ratificación del llamado "Acuerdo de Escazú". Lo hizo con amplia mayoría en la Cámara de Diputados; en plena emergencia sanitaria; de cara a las que ya se prevén como sus muy severas consecuencias económicas y sociales; y en un contexto en que la crisis climática golpea de manera directa nuestro país, al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio.

La decisión representa, entonces, mucho más que un paso en favor de la democracia ambiental en una región especialmente peligrosa para quienes intentan defender sus recursos naturales; significa contar con mejores herramientas para proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Algo que, frente a la gravedad del contexto actual, no solo es bienvenido sino que resulta absolutamente necesario.

Porque el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -mejor conocido como "Acuerdo de Escazú"- es eso, precisamente: una posible respuesta a los desafíos de la democracia contemporánea mediante la integración de grupos de personas históricamente excluidas; un elemento clave para resolver muchos de los problemas más acuciantes del modelo actual, basado en una explotación intensiva de la naturaleza.

En otras palabras, Escazú nos da herramientas para apostar a la recuperación económica en un ambiente sano, y sobre la base de un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo. Está destinado nada menos que a mejorar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información ambiental; busca promover su participación pública en las decisiones que la afectan de manera directa, y garantiza el acceso a la justicia en materia ambiental. Además de que, como aspecto novedoso, contiene cláusulas específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

A nivel nacional, aun sin haber entrado en vigor, puede ser utilizado como "pauta interpretativa"; es decir, como fuente del derecho para resolver controversias internas (se lo cita, por ejemplo, en el fallo por el que en julio de 2019 la Justicia Federal ordenó a la petrolera YPF brindar información respecto de sus actividades en el yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta). Escazú es, por tanto, sinónimo de oportunidades para encauzar la ascendente conflictividad socioambiental, reforzar la vigencia de derechos ambientales y mejorar los procesos de toma de decisión en la vida democrática; y por eso mismo, se prueba también como un aliado fundamental contra las desigualdades estructurales y la vulnerabilidad social.

Para que finalmente el Acuerdo entre en vigor, se necesita alcanzar la ratificación en al menos 11 países. La decisión histórica que Argentina tomó el jueves pasado nos dejó a literalmente un paso de contar con Escazú en su máxima expresión; es decir, a una ratificación de poder aspirar a un desarrollo más justo, sostenible e inclusivo. Los motivos sobran y el momento es ya: nuestra región necesita, más que nunca, ¡Escazú ahora!

El autor es Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)