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Alejandro Rúa : "Cayó el impulso en la causa AMIA"
Jefe hasta inicios de este mes de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Alejandro Rúa señala que desde la asunción de Alberto Iribarne en Justicia se frenaron los avances en la pesquisa, uno de cuyos mayores logros fue sacar a la luz el encubrimiento judicial
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De sport y sin apuro, Alejandro Rúa selecciona los papeles que se llevará. Es su último día en el pequeño despacho de jefe de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia, cargo al que ha renunciado para encabezar, en poco tiempo, una Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, área que está en proceso de creación en la cartera a cargo de Nilda Garré. Aunque Rúa no lo dirá en estos términos, ha variado la política del Gobierno hacia la investigación del atentado a la mutual judía, que el 18 de julio de 1994 costó la vida a 85 personas y continúa impune.
"Hubo un cambio de impulso con la gestión del actual ministro de Justicia [Alberto Iribarne]. No un cambio de rumbo, sino una disminución en el avance del proceso que realizábamos", dice refiriéndose a uno de sus mayores logros: la investigación de irregularidades judiciales en el caso AMIA y las eventuales responsabilidades del ex juez federal Juan José Galeano, que investigó el atentado, y del juez federal Claudio Bonadío, que investigó las irregularidades de Galeano hasta que también Bonadío despertó sospechas y fue apartado.
Los caminos de Rúa y Garré vuelven a cruzarse. Ella fue su antecesora al frente de la Unidad AMIA, creada en 2000 por el gobierno de la Alianza. Rúa colaboró con ella desde la Oficina Anticorrupción. En 2001, los entonces fiscales de la causa AMIA la acusaron sin fundamentos de violación del secreto y lograron que el gobierno de Fernando de la Rúa le pidiera la renuncia.
"Asumí en noviembre de 2001 y continué la tarea de Nilda", dice este abogado de 41 años. Ambos pusieron al descubierto una de las paradojas más sintomáticas del caso: es muy poco lo que se sabe del atentado, pero mucho lo que se averiguó sobre lo que Rúa y otros llaman el encubrimiento político y judicial, y que quedó plasmado en el fallo del juicio oral el 2 de septiembre de 2004. Ese día, el Tribunal Oral Federal Nº 3 resolvió que la acusación contra un grupo de policías bonaerenses y el doblador de autos Carlos Telleldín fue un invento para buscar falsos culpables. El tribunal acusó a funcionarios menemistas, a Galeano y a los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -los denunciantes de Garré- de haber urdido la falsa trama "para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos".
Las crisis en la Unidad AMIA tuvieron lugar cuando se abocaron al presunto encubrimiento político y judicial. Rúa pidió que la unidad fuera querellante en la causa que llevaba Bonadío contra Galeano y en otras similares. El anterior ministro de Justicia, Horacio Rosatti, aceptó la propuesta, pero renunció antes de que el Presidente firmara el decreto. Iribarne refrendó la propuesta cuando Rúa se iba a Defensa, y la querella la ejercería el actual titular interino de la Unidad AMIA, Alejandro Slokar, secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
-En este cambio de impulso del Gobierno, ¿tiene algo que ver el hecho de que Iribarne fuera viceministro de Interior con Carlos Ruckauf y luego con Carlos Corach? Usted pidió investigar a Corach en el encubrimiento.
-Había antes una política, y ahora hay otra distinta. No es la que propusimos. Hubo cambios de criterio. Tras la partida de Rosatti, quien respaldó a esta Unidad, advertí que sus propuestas no tenían el mismo apoyo con el actual ministro. También hubo desinteligencias en el trámite del pedido de juicio político a Bonadío, pues quedó en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
En este episodio que menciona Rúa, los votos de los consejeros oficialistas Miguel Pichetto y Joaquín Da Rocha resultaron decisivos para evitar que la imputación a Bonadío fuera a la Comisión de Acusación. La de Disciplina sólo aplica sanciones. La actitud del Gobierno se inscribe en el cambio de su relación con los jueces menemistas, que mejoró sensiblemente.
-¿Qué balance hace de su gestión?
-En cuatro años, esta unidad del Ejecutivo comprometida con la verdad, junto con el Tribunal Oral, la querella de Memoria Activa y algunos periodistas, fuimos los que sin compromisos revisamos lo hecho. Pasaron once años del ataque, pero equivalen al doble, porque si hubiera habido investigación? Fueron once años de armado de cosas falsas y pesan el doble. Aquí tratamos de avanzar en eso.
-¿Pudieron?
-A cuatro años, tenemos a Galeano apartado de la causa, luego removido, acusado de encubrimiento y llamado a indagatoria con los ex fiscales [Mullen y Barbaccia] y Hugo Anzorreguy [ex titular de la SIDE con Menem]. Había una hipótesis falsa impulsada por Inteligencia, las policías y la Justicia -con el respaldo de gran parte de la dirigencia comunitaria judía- que en aquel entonces era casi imposible de poner en duda. Pero hubo un juicio oral transparente y desde aquí se aportó al juicio, por ejemplo, redactando los decretos que permitieron levantar el secreto de la SIDE por el pago de los 400.000 dólares a Telleldín para que acusara a los policías bonaerenses.
-¿El pago a Telleldín fue la mayor irregularidad?
-Sólo fue el final de un largo proceso ilícito para cerrar mal ese tramo de la causa. Fue algo muy armado con muchos organismos y llevó mucho tiempo desenmascararlo.
-En el supuesto encubrimiento judicial, ¿intervinieron Galeano y Bonadío?
-La denuncia de lo que fue la cocina de la investigación la hizo Claudio Lifschitz, ex prosecretario de Galeano, en agosto de 2000, y recayó en Bonadío. Demoramos dos años en tener copia de ese expediente. Contra Bonadío aportamos elementos al Consejo de la Magistratura para su recusación, y se lo recusó. Había un encubrimiento y el juez no investigaba. Bonadío no admitió su vinculación con Corach en la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Encontramos un libro de Corach donde habla de su protagonismo en el caso AMIA. No acusamos a Corach, pero pedimos que lo investiguen. La causa de Bonadío la lleva ahora el juez federal Ariel Lijo.
-¿Cómo se explica que pueda haber existido un encubrimiento judicial del atentado?
-A raíz de una denuncia de Memoria Activa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se inició hace un año un Proceso de Solución Amistosa en el que el Estado admitió su responsabilidad por no haber prevenido este atentado y por la falta de investigación y el deliberado incumplimiento de la investigación, y esto es encubrimiento, pues permitió a los autores eludir la Justicia.
-¿Dónde se originó el presunto encubrimiento?
-En el máximo nivel institucional. Fue político y se volcó al plano judicial. La maniobra fue vergonzosa. Porque fue el peor atentado y un tribunal independiente concluyó que los tres poderes del Estado contribuyeron al armado de una solución falsa. Esto es de una gravedad inusitada. Esta es la base: primero un atentado y luego un encubrimiento político que le dio impunidad.
-¿Cómo habría continuado usted la investigación?
-Aquí existió una asociación ilícita que desde 1995 quiso darle una solución falsa al caso y para ello cometió diversos delitos, como extorsionar testigos, sustraer fondos públicos, detener ilegalmente y tergiversar datos. Yo ya había informado que si era querellante, cosa que no ocurrió, plantearía la figura de una asociación ilícita que actuó en el poder político y en el judicial. (N. de la R.: Tras la renuncia de Rúa, José Manuel Ubeira, defensor del ex policía bonaerense Juan José Ribelli, pidió al juez Lijo que aplicara esta figura y acusara a Menem, Corach, Anzorreguy, Galeano y otros ex funcionarios.)
-¿Qué era eso tan espantoso que había que encubrir, si es que el atentado fue obra de otro país?
-Hubo dos motivos para las irregularidades. En un nivel doméstico, lo policial se centró en un coche que pasó por una red trucha que tal vez involucraba a policías. No protegían a los autores del atentado, sino otros ilícitos. Y en un plano internacional, pese a que los sospechosos que hoy aparecen como autores, y subrayo y le pido que subraye "aparecen"...
-¿El grupo Hezbollah, el libanés Ibrahim Hussein Berro?
-Berro, Hezbollah, Irán, Moshen Rabbani (ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires), varios aparecían en el expediente el mismo día del atentado. Está claro que no se quiso iluminar el núcleo de relaciones que podían revelar el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Menem y negocios como ventas de armas y material nuclear a países del Medio Oriente.
-La Unidad Fiscal del fiscal Alberto Nisman investiga el atentado. ¿Aún es posible esclarecerlo?
-Haber demolido el enorme edificio de mentiras es un avance grande. En el atentado hay que ver dónde avanzar. Aquí hay que explicar cómo pudieron ser los hechos, por lo menos eso. Pero tras once años es difícil investigar. Por el contrario, la línea del encubrimiento debe ser concluida. Tras lo actuado por el Tribuanl Oral y esta Unidad se ve un fuerte entramado delictivo y hay que buscar a los responsables.
-¿Cuándo empezaron las irregularidades?
-Desde el primer día, y esto es algo muy importante. Lo de Telleldín es lo más claro: no se sabe cómo se llegó a él. Nada se investigó, sólo hubo avances falsos.
-¿Los responsables del atentado son los que dice la fiscalía: Berro, Hezbollah, Irán?
-Para individualizar a los responsables hay que seguir investigando.
El perfil
Unidad de investigación
Tiene 41 años, es abogado egresado de la UBA y se especializó en administración de justicia. Se desempeñó en la Oficina Anticorrupción y hasta inicios de este mes fue jefe de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, del Ministerio de Justicia.
Ministerio de Defensa
Próximamente se hará cargo de una Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, área aún en proceso de creación en la cartera a cargo de la ministra Nilda Garré.
