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Eutanasia o suicidio asistido: ¿es momento de dar el debate?
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
“La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor” sentenció Séneca, uno de los grandes filósofos del estoicismo romano, justo antes de ser obligado a suicidarse por orden de quien fuera su discípulo, el llamado “emperador del terror”, Nerón Claudio César Augusto Germánico. Séneca murió así en el año 65 D.C, pero dejó estas palabras que aún resuenan en los momentos definitivos de la vida: “Para muchos la muerte es un favor”.
La humanidad convivió toda su historia con este tipo de forma para dar fin a la vida, con el fin de terminar con el sufrimiento físico o mental o incluso como ofrenda. El término eutanasia deriva de los vocablos griegos “eu”, cuyo significado es bueno, y de “thanatos”, que significa muerte. Por lo tanto, su significado etimológico es “buena muerte”. Dos mil años después de la muerte de Séneca, las sociedades civilizadas intentan resolver, en el marco de la legalidad y el derecho, atravesado por la fe, el humanismo, la compasión y el respeto por la decisión individual, como darle fin al sufrimiento con prácticas llamadas eutanasia o suicidio asistido.
Hace dos años, el reconocido filósofo español Fernando Savater publicó una columna en el diario El País, en medio del debate sobre eutanasia en España. Allí señaló: “nadie elige dejar de vivir, somos nuestra vida, no conocemos otra cosa”. Y agregó: “pero podemos optar por dejar de sufrir. Nada más respetable: obligar a seguir padeciendo a quien no quiere es tan malo como ejecutar al que desea vivir. Ayudar a la muerte voluntaria es una forma de misericordia civilizada”.
En los últimos 30 años, a paso lento, varios países avanzaron en la norma y su legalización con distintas características, pero el año pasado la eutanasia quedó legalizada del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, y el debate comenzó a golpear las puertas de nuestro país. El diputado nacional por Mendoza y exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que, al menos verbalmente hasta ahora, comenzó a recoger apoyos. Cobos reconoció que la sanción en Uruguay fue un impulso para volver a plantear la propuesta que contempla dos modalidades: la eutanasia activa, en la que un médico administra directamente la sustancia que provoca la muerte del solicitante, y la muerte asistida, en la que el profesional prescribe la medicación y el paciente se la autoadministra. En ambos casos se exige que el solicitante sea mayor de edad, capaz, y que padezca una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico e insoportable. Cobos argumentó que esta propuesta es una extensión de la autonomía individual ya reconocida en la Ley de Muerte Digna sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos médicos en casos terminales. “El derecho a una vida digna debe incluir también el derecho a una muerte digna”, sostuvo el legislador. La Ley de Muerte Digna fue movilizada por el caso de Camila, una niña que nació en 2009 con una hipoxia cerebral que le impidió respirar durante el parto, y entró en coma a pesar de los intentos de reanimación. A poco de cumplir cuatro meses, se le practicó una traqueotomía y se le implantó un botón gástrico para alimentarla. En 2011 su madre, Selva, dirigió una carta a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la que le requería un cambio en la legislación para el derecho a la muerte digna ya que los médicos se negaban de manera rotunda a desconectarla. Finalmente Camila murió en 2012 cuando fue desconectada al respirador. Antes, el Congreso sancionó la Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, lo más cercano a una muerte asistida que está normatizado en nuestro país.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires interviene en el caso de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años con artritis reumatoidea avanzada que pidió acceder a la eutanasia. Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia, sin llegar a que se analice su situación particular.
Hasta 2023, alrededor de 280 millones de personas vivían en regiones donde la eutanasia era legal. Jurisdicciones como los Países Bajos, Bélgica y el estado de Oregon (EE. UU.) cuentan con normas desde hace décadas. Otros países, como Canadá, España, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Australia y recientemente Uruguay han aprobado reformas más recientemente. Es importante tener en cuenta que no en todos los países las legislaciones utilizan la palabra eutanasia para referirse a este procedimiento, algunos países la llaman “muerte voluntaria asistida” o “suicidio asistido”, como es el caso de Australia Occidental, donde se le llama Voluntary Assisted Dying, dado que la ley permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En Noruega, Dinamarca, Alemania o Austria, el paciente goza de autonomía para rechazar, él mismo o a través de su familia, determinados tratamientos, aunque pueda conducirle a la muerte.
Colombia la despenalizó en 1997 y en 2002 un fallo de la Corte Suprema de Justicia la habilitó como derecho. En noviembre de 2023, la Cámara de los Comunes del Reino Unido apoyó por primera vez un proyecto de ley de muerte asistida, tras años de intentos fallidos. En México no está autorizada la eutanasia; sin embargo, desde 2009, los pacientes terminales pueden elegir no recibir tratamiento médico si su enfermedad es considerada “irreversible”. No son debates sencillos ni poco traumáticos para la sociedad. En mayo de 2018, el Parlamento portugués votó contra la eutanasia: incluso los comunistas votaron contra ella para no quitarle responsabilidad al estado en la atención e inversión sanitaria en políticas paliativas. También en Finlandia en 2018 se la rechazó. En la Argentina nunca, ningún proyecto, llegó a tratarse en el recinto.
En muchos países el tema se metió en el debate público a partir de casos particulares. El colombiano Ovidio González, de 79 años, pidió formalmente la eutanasia a raíz de un cáncer que le causaba terribles dolores y le había desfigurado el rostro. Su caso impulsó la ley de muerte asistida en Colombia. En Perú fue resonante el caso de Ana Estrada: sufría polimiositis, un tipo de miopatía inflamatoria crónica y degenerativa, quien accedió al procedimiento en 2024 autorizada por la Corte Suprema y ese mismo año, a razón de este fallo, se hizo visible el caso de María Benito, paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) quien solicitaba que le fuera retirado el soporte vital para poder tener una muerte digna. Luego de un proceso judicial, su respirador fue retirado. Un caso resonante en España fue el de Ramón Sampedro, un hombre que quedó parapléjico a los 25 años producto de un accidente en el mar y luchó tres décadas para que recibir “suicidio asistido” sin que aquellos que lo acompañasen cargaran con la pena por hacerlo. Su petición fue rechazada y terminó suicidándose a los 55 años, en un caso que resonó en toda Europa y que llevo a la realización de la película Mar adentro, interpretada por Javier Bardem. Pero hay otros sucesos que fueron polémicos, como sucedió en Países Bajos, donde en 2020 una mujer decidió terminar con su vida por quedar ciega, sin estar afectada por ninguna enfermedad terminal. Tenía 70 años.
Si bien la Organización Mundial de la Salud no se expresó al respecto, se estima que hasta 2024 la mayoría de las personas que accedieron a la prestación de ayuda para morir padecían cáncer (66,5 % de los casos), luego seguían las dolencias neurológicas, como el ELA, que fueron las segundas más comunes (8,1 %), seguidas de las cardíacas (6,8 %) y enfermedades pulmonares (4,9 %).
La postura de la Iglesia católica es contraria a la eutanasia. En 2022, El Vaticano, con el papa Francisco al frente, salió a desmentir que hubieran “aperturas” ideológicas por parte de la Iglesia católica sobre ciertos temas como el “aborto” o la “eutanasia”.
Desde el punto de vista legal con la eutanasia “no existe ningún conflicto de derecho”, aclara el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y agrega: “lo que existe es el ejercicio de un derecho a la autonomía de una persona respecto al plan de vida, a la biografía para decidir cómo quiere vivir. Es un concepto erróneo habar de muerte digna, lo que es digno o indigno es como nosotros decidimos vivir la vida, en ese sentido, protegiendo el consentimiento de la persona, resguardando y garantizando esto, el derecho tiene que darle la posibilidad a cada uno de vivir como quiere vivir hasta un determinado momento y esto está aceptado en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos”, sentenció.
La Asociación Médica Mundial dijo en 2019 que la eutanasia “no es ética” y “debe ser condenada por la profesión médica”, mientras que, con un fuerte documento contra la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido, también la Asociación de Bioética de Madrid, alertó: “Con la eutanasia legalizada, no se invertirá dinero ni recursos en cuidados paliativos ni en otros muchos campos que afectan al final de la vida”.
En la Argentina, en 2023, el entonces vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet, Mario Pecheny, remarcó un estudio realizado entre 2020 y 2023 del que participaron 745 personas profesionales de salud que atienden pacientes graves, con los siguientes resultados: el 45% de los profesionales recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por parte de familiares de pacientes. El 31% de los profesionales recibió pedido de la práctica de eutanasia por parte de pacientes; el 37% por parte de familiares de pacientes. El 80% de los encuestados está a favor de legislar y el 15% en desacuerdo. Además, en la encuesta Nacional del Observatorio Pulsar de la UBA se evidenció que el 72% de los encuestados está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas. Pecheny concluyó: “el papel de las investigaciones es proveer evidencia de datos a quienes necesitan de estos para tomar decisiones. Y va más allá de esto, hay que escuchar a los pacientes”.
Seguramente, cuando el debate sobre la “eutanasia” o el “suicidio asistido” se meta en la conversación pública y en el debate político local, mucho se hablará sobre los derechos del paciente y la autonomía individual a poder decidir y los postulados éticos sobre el valor de la vida y los potenciales abusos. No será una discusión sencilla de abordar y saldar.
Pero, quizás, llegó la hora de comenzar a darlo.
