AMIA, una mirada realista

Para pensar y actuar con realismo sobre el caso AMIA hay que considerar la causa original de su fracaso judicial, partiendo de la premisa de que a la política y a la sociedad argentina en general no les interesa pagar el precio de resolverlo.

Habiendo sido un atentado terrorista realizado por otro país en el nuestro, semejante parálisis a lo largo de tres décadas, más un intento de acuerdo con el agresor aprobado en el Congreso, parecen ser el síntoma de un espíritu social y político de que “la justicia no importa tanto”. Una vez aceptado eso, uno puede pasar de una actitud de escandalizarse (que como vimos después de 27 años no mejoró en nada la situación) a una actitud más realista.

La ciencia política muestra que es muy raro que un reclamo de justicia pueda generar un cambio político. Solo lo vimos al generarse una crisis de magnitud nacional, como en el juicio a las Juntas, que selló la valorización democrática y de los derechos humanos en buena parte de la sociedad.

La posibilidad de que a la conciencia individual le importe la justicia de lo público (y no solo por una crisis nacional), surge de la capacidad de pensar y la voluntad de actuar para el largo plazo.

Una gran mayoría de los argentinos debe sentir que en nada les cambiaría la vida el hecho de que se haga justicia en el caso AMIA. La economía psicológica del individuo cortoplacista dice: “¿qué ganamos? Mejor arreglamos con Irán y nos sacamos un problema de encima, total nosotros no éramos el verdadero enemigo”. Los que entienden un poquito de economía pueden agregar: “además ganaríamos un cliente que nos compre granos y nos venda petróleo barato”.

Algún delirante largoplacista puede haber pensado en que el motivo del acuerdo con Irán fue un alineamiento geopolítico con un país enemigo de su enemigo (terrorista, pobre, aislado, encerrado en su crisis regional y con valores opuestos a los supuestos valores progresistas de los que intentaron el pacto).

El que piensa a largo plazo, en cambio, se preocupa por el gigantesco daño interno que la falta de justicia y tal pacto nos produce, provocando que toda la institución judicial se degrade, además del enorme efecto moral negativo –aunque sea inconsciente- que tal pacto tendrá en la sociedad.

Así llegamos hasta hoy con ese tipo de actitudes, viendo una justicia de lo público enormemente politizada y trágicamente permeable a intereses particulares.

La justicia republicana moderna tiene dos fines últimos: 1) preservar la dignidad intrínseca del ser humano como un fin en sí mismo (sin necesidad de que sirva para algo sino solo porque la justicia es buena en sí misma); 2) que sirva para sostener/crear moral pública y permitir el funcionamiento de la sociedad y sus instituciones.

La persona cortoplacista no percibe ninguna de las dos funciones. Sus ojos no ven tan lejos ni tan profundo. Estas dos funciones de la Justicia se han venido diluyendo cada vez más ante el ciudadano común. Quizás antes también ocurría, pero no era tan visible. El caso AMIA ha sido una bisagra en esta caída de la conciencia pública.

La Justicia puede necesitar ser cambiada. Pero el hecho de que una fuerza política intente forzar el cambio por sí solo, es otro síntoma de la perversión de la justicia por parte de la política, de enorme impacto institucional y público.

Solo será legítima una reforma de la Justicia si se da por acuerdo entre las distintas fuerzas políticas mayoritarias, alcanzando una síntesis entre ambos polos de la dialéctica. Solo así será sostenible, porque en el futuro puede ganar uno u otro, y si queremos que la justicia haga posible que el país pueda funcionar y mejorar bajo ambos colores políticos, esta no puede estar sesgada por ninguno de ellos.

Independientemente de que los líderes naturales de las dos fuerzas políticas mayoritarias puedan ser inocentes o culpables en los casos de los que se los acusa, su situación particular es hoy parte de una guerra fría judicial-política que hace imposible que se pueda lograr cualquier reforma consensuada.

Pero esta situación no es atribuible a la casualidad: también Menem y De la Rúa acabaron con problemas judiciales críticos, los cuales fueron luego usados partidariamente. Es la falta de una conciencia moral republicana en la Argentina la que genera que sólo surjan líderes tan pasibles de ser judicializados (sean inocentes o culpables). La excepción la tuvimos con Alfonsín, a quien por este motivo (entre otros) se le hizo imposible gobernar.

Esperemos que tomar conciencia de esta causa original nos ayude a mejorar.