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Antes de legalizarla droga, hagamos los deberes
Tres miradas sobre la estrategia por seguir ante el crecimiento de la venta ilegal de estupefacientes en el país
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PARA LA NACIONJorge Eduardo Lozano
En estos días se ha vuelto a tratar la cuestión de despenalizar la tenencia de droga para el consumo personal. Con el ánimo de aportar al debate comparto estas reflexiones. Los legisladores y gobernantes deben ejercer su función pública teniendo en cuenta a la población en general, y particularmente a los más pobres y frágiles. A la hora de legislar, ¿dónde ponemos la mirada acerca de los derechos vulnerados?
Hace poco los sacerdotes que viven en las villas y barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires y algunos del conurbano escribieron una carta a la Presidenta. Ellos conviven con la problemática de los adolescentes y jóvenes que son adictos, los tienen en las puertas de las capillas, y están sirviendo, como dice Francisco, "la carne sufriente de Cristo en el pueblo". En esa carta expresan que "este flagelo pone de manifiesto el núcleo duro de la pobreza y la exclusión", y vuelven a decir que "la discusión sobre despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro, y no a los primeros". ¿Qué iría entonces en los primeros capítulos?
En el capítulo 1 debería estar la inclusión. Se debe fortalecer la igualdad de oportunidades para opciones de vida. Garantizar educación para todos estemos donde estemos. Muchos quedan fuera del sistema educativo porque repitieron tres veces o porque no le encuentran sentido a estudiar. No se los puede obligar a compartir aula con chicos que tienen tres años menos, ni hacerlos pasar porque sí para que no abandonen. No tienen conciencia de horarios como para trabajar, ni han incorporado hábitos de responsabilidad. Tampoco acceden a puestos de trabajo por su aspecto exterior o el lugar de vivienda. Debemos reconocer que por medio del Ministerio de Trabajo se han elaborado algunos planes tendientes a dar algunas soluciones. Pero no están suficientemente difundidos y aplicados. Una de las mayores carencias tiene que ver con los afectos ausentes, las familias rotas, situaciones de hacinamiento indigno, con graves privaciones de abrigo y alimento. Intemperie afectiva y mucho tiempo en la calle.
Hace falta mayor presencia del Estado. No desconozco el impacto positivo que tienen programas como la "asignación universal por hijo", pero persisten núcleos duros de pobreza a los que cuesta llegar.
El segundo capítulo debería estar orientado a la educación en sentido amplio. Educar en valores sociales: el deporte, la murga, la orquesta, el teatro, la tarea solidaria. En esto juegan un papel muy importante las comunidades religiosas, los clubes de barrio, los sindicatos y otras organizaciones sociales.
El tercero es el de la asistencia para quienes son adictos. Contamos con escasos lugares para realizar tratamientos de recuperación y la mayoría están agotados en su capacidad. Los hospitales que cuentan con servicios de psiquiatría a duras penas los reciben para desintoxicarlos, pero después los largan a la calle. Los Hogares de Cristo en la villa y otros esfuerzos de servicios desde las parroquias despliegan grandes energías en prevención y asistencia.
La Sedronar está desarrollando un programa para instalar en el país 150 centros preventivos locales de las adicciones y 60 casas educativas terapéuticas. ¿No habría que terminar de escribir este capítulo apenas iniciado antes de despenalizar? ¿No habría incluso que multiplicar esos dispositivos por 10?
El capítulo 4 es la Justicia que no llega. La lentitud de las causas por narcotráfico está vinculada a falta de herramientas adecuadas y artilugios legales inmorales. En noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia exigió el Poder Ejecutivo medidas urgentes para combatir el narcotráfico. Hace unos meses varios jueces federales del norte del país insistieron en sus reclamos. Se estima que casi un 20% de los juzgados federales están vacantes, con lo cual se produce una sobrecarga de tarea en oficinas y escritorios de otros jueces. Se multiplica el trabajo, pero no el personal. La impunidad se adueña de la calle y las rutas. Llegamos tarde y mal donde todo ya pasó.
El capítulo 5 debería estar reservado para las fuerzas de seguridad. Es necesario dotar de instrumentos de control y de transparencia el operar de las diversas fuerzas nacionales y provinciales. Mientras Gendarmería y Prefectura custodian barrios y hospitales en las provincias, las fronteras terrestres, aéreas y fluviales se vuelven frágiles y porosas. Es necesaria también una ardua tarea para detectar a los cómplices internos del narcotráfico que les soplan de los operativos o hacen la vista gorda a cambio de coimas y sobornos. Es de destacar, no obstante, la valentía con la cual muchos trabajan arriesgando la propia vida. Debemos alentarlos en el camino del bien.
La pata política de la corrupción sería el capítulo 6. La droga circula también favorecida por autoridades políticas que miran para otro lado en municipios y provincias. Unos cuantos están prendidos en el negocio, mientras que otros callan por cobardía. La gente se da cuenta y se siente desamparada y ninguneada. Todos saben dónde se vende, ¿y las autoridades no?
Capítulo 7: leyes de lavado de dinero y precursores químicos. En diciembre pasado casi todos los partidos políticos nacionales (incluidos algunos del oficialismo) firmaron un acta en la cual se proponía como fundamental el control sobre los precursores químicos, para lo cual es imperiosa la reglamentación y aplicación de la ley 26.045. Es de vital importancia poner la mirada sobre las llamadas "drogas de diseño". También se debe perseguir el lavado de dinero producto del narcotráfico y promover la incautación de los bienes ligados a la mafia de manera de impactar en la economía del crimen organizado.
El capítulo 8 es perseguir el delito en serio. No puede usarse como argumento que la lucha contra el narcotráfico está perdida y por eso hay que legalizar. Pensemos ese mismo argumento aplicado a la trata de personas o el robo de automotores, en los cuales hay logros pendulares. Para esto hace falta clara determinación, y sin proteger a los amigos del poder, cosa que no se ha notado. Más bien se ha favorecido a los barrabravas de los clubes en negocios clandestinos, entre ellos, la venta de droga.
En el capítulo 9, debemos ser claros: la droga esclaviza. Después del llamado fallo Arriola muchos adolescentes decodificaron la noticia de dos modos erróneos y perjudiciales: "Ahora se puede" y "no debe ser tan malo, ya que está permitido". Cuando se dice que la droga está despenalizada de hecho, se refiere a que se consume en la calle. Yo lo puedo ver en algunas plazas de Gualeguaychú, y lo mismo sucede prácticamente en todo el país. También se vende y consume en boliches, clubes y colegios a plena luz del día. Lamentablemente se ha producido una disminución en la percepción del daño que ocasionan las drogas con slogans falsos: "Un porro no hace nada". Se corre el riesgo de naturalizar el consumo.
Y recién después de todo eso, entonces sí, capítulo 10: ¿despenalizamos?
Sólo después de haber escrito los otros capítulos promovamos el debate. Para una norma tan importante es necesario plantear una consulta amplia y federal. No puede quedar restringido el aporte a unos pocos actores en la ciudad de Buenos Aires. Debería haber audiencias públicas en cada provincia, y escuchar a diversas organizaciones: iglesias, Madres del Paco, organizaciones de familiares de adictos, comunidades terapéuticas, directivos de escuelas y docentes, organizaciones del pueblo que se ocupan de recibir y contener adictos.
Todos coincidimos en que el adicto no es un delincuente. Por eso decimos no a la criminalización y a la estigmatización. Pero también con la misma firmeza decimos sí a la equidad e igualdad de oportunidades.
Epílogo: algunos capítulos se pueden escribir de manera simultánea, y de hecho se está haciendo, ya que este libro tiene la peculiaridad de ser redactado por varios autores. Como texto en construcción, tiene un final abierto, aunque para muchos jóvenes el futuro ya está clausurado.
El autor es obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina
