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Anticipar lo obvio frente a un gobierno previsible
La puja por el control y la asignación de recursos es uno de los principios (des) ordenadores de la política. Si existen arreglos institucionales adecuados, esa energía se canaliza de forma competitiva y contribuye a mejorar la oferta electoral para que los ciudadanos elijan de acuerdo con sus valores y preferencias. Por el contrario, en entornos políticos que carecen de esas reglas de juego –formales o informales– la lógica de acumulación lleva primero hacia la degradación y luego al desmembramiento de sistemas electoralmente competitivos, que se transforman en democracias no liberales o directamente en sistemas autoritarios. Ocurrió en Hungría, Polonia y Turquía, puede suceder en México si se consolida AMLO y pudo haber pasado en Estados Unidos si Trump hubiera logrado su reelección.
Con distintos objetivos, respondiendo a visiones más o menos articuladas, muchas veces como resultado de enconos personales o desencuentros circunstanciales, casi todos los gobiernos (no solo en la Argentina) intentaron al menos alguna vez utilizar con un determinado grado de discrecionalidad los recursos de los contribuyentes para premiar o castigar a algún actor económico, político o social. Los funcionarios suelen "galardonar" con cargos, subsidios o exenciones fiscales lealtades, favores o simpatías. El resultado es el disciplinamiento de los actores involucrados, ya que como consecuencia de lo recibido pierden autonomía relativa frente a quien les asignó ese beneficio o esa renta. Un mercado pujante que crea oportunidades de desarrollo personal y familiar y multiplica la riqueza permite construir sociedades libres e independientes. Un Estado que interviene in extremis el mercado, impone regulaciones absurdas (como una carga fiscal imposible de soportar) y ahuyenta la inversión acota las posibilidades de crecimiento de los individuos y de las empresas. La libertad y los derechos fundamentales siempre están en riesgo, en especial cuando el Estado funciona mal.
Los países con mayor calidad institucional disponen de mecanismos para reducir significativamente –incluso, de ser posible, para evitar– esos márgenes de maniobra arbitrarios que buscan preservar para sí los gobernantes de turno
Los países con mayor calidad institucional disponen de mecanismos para reducir significativamente –incluso, de ser posible, para evitar– esos márgenes de maniobra arbitrarios que buscan preservar para sí los gobernantes de turno. En el otro rincón, las naciones con instituciones débiles (más aún los casos límite de Estados fracasados o como el nuestro, sin llegar a ese extremos, en que el Estado falla siste-máticamente en brindar los bienes públicos esenciales a pesar –¿o como consecuencia?– de su gigantesco tamaño) que se caracterizan por la ausencia de umbrales mínimos de previsibilidad y posibilidad de planificación. Las reglas del juego claras y sólidas favorecen el establecimiento de horizontes temporales de mediano y largo plazo, gracias a lo cual los actores pueden intentar al menos lograr objetivos mínimamente ambiciosos. En los entornos cambiantes e inciertos, en los que casi cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, impera la desconfianza y los comportamientos suelen ser defensivos, conservadores y absolutamente mediocres. ¿Cómo arriesgar capital, en términos políticos o económicos, ante semejante vorágine de incertidumbre? Sobrevivir se convierte en la estrategia dominante y prevalecen las conductas básicas: cada uno debe preservar su cueva, cuidar su rebaño e ignorar tanto el interés general como los mecanismos asociativos más complejos frente a la virtual ausencia de un marco jurídico y político que promueva una interacción cooperativa que, a su vez, plantee los incentivos y las oportunidades para generar y multiplicar riqueza. Cuando a lo largo del tiempo se consolidan estos círculos viciosos perversos y autodestructivos, la política ni siquiera se plantea cómo romper la inercia, entretenida en urgencias, escándalos y cuestiones puntuales que aturden a la opinión pública y profundizan la irrelevancia del debate público y de una acción política hueca y autorreferencial.
Algunos consideran que el origen de casi todos nuestros males coincide con –y se explican en parte por– el surgimiento del fenómeno peronista. Otros suelen poner el punto de inflexión en el golpe militar de 1930 (del que también participó Perón, por entonces un oficial joven). En rigor, esta singular idiosincrasia reconoce raíces más profundas que se retrotraen a la dinámica posrevolucionaria de comienzos del siglo XIX, a luchas entre caudillos hasta la sanción de la Constitución de 1853, al proteico período de la "organización nacional" (plagado de conflictos de toda índole y de episodios de agudas crisis institucionales y económicas, como la de 1890) y, sobre todo, a las tres presidencias radicales (1916-1930). Debido al notable éxito que constituyó la experiencia argentina entre 1860 y la Gran Depresión, y como consecuencia del pavoroso fracaso en que se convertiría la Argentina a partir de entonces –en especial en las últimas décadas–, tendemos a idealizar aquel período y a minimizar las evidencias de que en esa época la política también metía la cola y promovía conflictos bastante similares a los del presente. El sostenido boom de las commodities, como ocurrió esporádicamente en otros contextos incluso recientes, permitió superar esas coyunturas complejas y soslayar los evidentes problemas funcionales que acumulaba ese dinámico modelo.
Uno de ellos, tal vez el más nocivo, es la vocación hegemónica que suelen tener los presidentes argen-tinos: tienden a acumular poder y recursos a costa de opositores o adversarios dentro de sus propios partidos. Una práctica habitual en la cultura política argentina, incluido el caso de fuerzas con espíritu e ideales democráticos como el radicalismo. Durante los mandatos de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear se apeló con frecuencia a una herramienta tanto para subordinar a los gobiernos provinciales en manos de conservadores como para ordenar las siempre intrincadas internas partidarias: la intervención federal. Para 1920, diez de las por entonces catorce provincias argentinas estaban intervenidas. La desconfianza interpersonal de nuestras elites es otra de las características de nuestro sistema político. Todos tienen motivos de sobra para fundamentar sus suspicacias.
Estos antecedentes sirven para entender –y enmarcar– algunos de los principales conflictos que dominaron la agenda política de los últimos tiempos, incluida la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una acción que jamás podría considerarse "imprevista": desde el año pasado tanto Cristina como su hijo Máximo se refieren a la supuesta "opulencia" de la ciudad, a la cual ella habría contribuido con la innecesaria y fastuosa construcción del CCK. El gobierno de la ciudad no tomó los recaudos del caso. Podría haber conformado desde 2007 un fondo anticíclico para situaciones de crisis, promovido un debate amplio sobre la cuestión de la coparticipación en general y del financiamiento de su policía en particular o estructurado con tiempo un grupo de destacados especialistas en derecho político y administrativo para defender de forma rápida y contundente los derechos de los porteños. Horacio Rodríguez Larreta está pagando un costo alto por la eficiencia de su gestión. Sigue siendo el líder político con mejor imagen del país, incluyendo un porcentaje de votantes del FdT. Ahora puede demostrar que, además de la firmeza en su respuesta, tiene la capacidad y la decisión de transformarse en un líder de jerarquía, capaz de sobreponerse a los ataques de sus adversarios y de reaccionar con audacia y creatividad.
