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Apoyar a los excluidos del sistema
Por Horacio Rodríguez Larreta (h.)
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DespuéS de casi un siglo de idas y venidas, en la última década la Argentina ha retomado el rumbo del progreso. Por eso, si yo fuera presidente garantizaría la continuidad de un modelo de país construido gracias al esfuerzo de todo nuestro pueblo. El desafío ahora es fortalecer los logros obtenidos para que se consoliden en el tiempo, y asegurar que sus beneficios lleguen a todos los argentinos.
Para ello, los pilares de esta propuesta son, por un lado, una política social basada en la solidaridad y en la responsabilidad social y, por otro, el fortalecimiento de las instituciones de modo de asegurar que todos los argentinos gocen de los derechos establecidos en nuestra Constitución.
La política social
Para empezar, los esfuerzos tendientes a la integración social y al desarrollo con equidad deben encararse con una visón integral. Por eso, las políticas educativas, sociales, de salud y de empleo deben diseñarse en el marco de una política para el desarrollo humano que contemple todos los aspectos necesarios para el desarrollo integral de la persona. Esto permitirá una mayor coordinación y eficiencia en los programas sociales.
Entre sus funciones indelegables, el Estado debe asumir la responsabilidad de apoyar a los excluidos del sistema. En concreto, lo que propongo es asegurar un ingreso mínimo para todas las familias necesitadas. Pero, para no caer en el clásico asistencialismo, este apoyo estará condicionado a que los beneficiados asuman sus responsabilidades sociales básicas: la nutrición, la atención sanitaria y la educación de sus hijos. Garantizar la igualdad de oportunidades a los niños es la única manera de generar un desarrollo equitativo. Y, para ello, el único camino es involucrar a sus familias a través de un incentivo concreto.
Un Estado chico, pero fuerte
Esto debe acompañarse del fortalecimiento del sistema educativo y de la atención sanitaria. Los principios que deben regir ambos sistemas son similares: autonomía en el manejo de las unidades educativas y sanitarias, libre elección para los ciudadanos, desregulación de los sistemas de personal, incentivos al buen desempeño, descentralización hacia los municipios, medición y publicidad de la calidad de los servicios, y cobertura universal que asegure acceso libre y gratuito a todos los argentinos. En el caso de la educación se debe poner especial énfasis en la articulación con el mercado laboral.
Para continuar con el progreso equitativo, esta nueva etapa requiere el fortalecimiento de las capacidades del Estado a fin de asegurar el cumplimiento de sus funciones indelegables. Las reformas que debemos continuar profundizando, en educación, salud, seguridad y justicia, entre otras, tienen como denominador común la necesidad de reconstruir un Estado eficiente, ágil y transparente, que tenga como prioridad dar un servicio de calidad a los ciudadanos.
Para ello, debemos profundizar el proceso de descentralización de funciones hacia los niveles municipales, manteniendo en el Estado nacional la fijación de políticas y control del cumplimiento de resultados. Esto debe acompañarse del fomento de la participación ciudadana, a partir del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de generar un efectivo control social de la gestión de gobierno.
Respecto de la Justicia, debemos confiar en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y elevar propuestas para agilizar los procedimientos judiciales. Y, para la seguridad, mi propuesta se basa en la rejerarquización de la policía, la agilización de la justicia penal, la prevención a partir del combate a las pequeñas faltas y el endurecimiento de las penas a los reincidentes.
En lo económico
Esta debe de ser una de las primeras propuestas de gobierno en muchos años que no empieza por un plan económico. Sin embargo, a pesar de que mi visión se base en la continuidad del modelo actual, debemos poner máxima prioridad en alcanzar el pleno empleo. Pero para ello no podemos recurrir a recetas mágicas. El crecimiento económico sostenido es la clave. Esto requiere seguir mejorando nuestra competitividad, apoyando a las pequeñas empresas emprendedoras sobre la base de un desarrollo regional equilibrado. A su vez, la rebaja de los costos laborales y la capacitación orientada al mercado laboral ayudarán en este proceso.
Finalmente, todo esto será posible -especialmente una política social redistributiva que asegure una mayor equidad- si logramos terminar con la evasión impositiva, que en mi opinión es el principal flagelo que sufre nuestra sociedad. Simplificar el sistema tributario, fortalecer las capacidades de gestión recaudatoria y lograr que la Justicia acompañe en esta lucha son los pilares para este esfuerzo.
