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Argentina vuelve a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción: una señal de alerta institucional
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El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado la semana pasada por Transparencia Internacional, confirmó un nuevo retroceso de Argentina en la percepción internacional sobre la integridad del sector público. Con 36 puntos sobre 100 y una ubicación en el puesto 104 de 182 países, el país profundiza una trayectoria descendente que no puede interpretarse como un desliz estadístico aislado, sino como el reflejo de un deterioro más amplio en la calidad institucional y en la credibilidad de los mecanismos de control del Estado.
Según los datos del IPC, con la excepción del período 2017–2019, cuando se registró el mejor desempeño reciente, Argentina muestra una tendencia mayormente descendente en el ranking. Hoy el país exhibe una calificación similar a la de 2016, con un agravante: desde 2019 en adelante, el recorrido ha sido de retroceso sostenido. La secuencia es elocuente: primero el estancamiento; luego, la caída.
En el plano regional, Argentina se encuentra rezagada frente a países que lograron sostener estándares de integridad más estables, como Uruguay o Chile, y se ubica por debajo del promedio de América Latina. La comparación regional refuerza que el problema no es solo latinoamericano, sino de capacidad de institucionalizar reglas de juego estables en materia de transparencia y control del poder.
La respuesta del Gobierno
Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno ha sostenido que la respuesta al problema de la corrupción es la desregulación. Se ha volcado un importante capital político e institucional en este sentido. En efecto, el exceso regulatorio crea condiciones para que los actores económicos – en especial las PyMES – estén sometidos a exigencias indebidas por parte de los funcionarios para sortear reglas que muchas veces pueden resultar absurdas.
La desregulación es una respuesta posible especialmente para lo que la academia ha estudiado como “la pequeña corrupción”, pero no necesariamente resuelve otras manifestaciones del problema como pueden ser los conflictos de interés en los contratos o concesiones, la corrupción a gran escala o la captura del estado.
El Estado – ese supuesto enemigo que se nos presenta – también es quien está llamado a proteger los derechos de las personas y de quienes quieren competir y prosperar legítimamente. Como expreso Hamilton en el Federalista No. 51, si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario, ni tampoco controles internos y externos.
Hay otros factores que inciden en la percepción de corrupción.
Factores estructurales
En el caso de Argentina, existe la percepción de debilitamiento de los órganos de control, por pérdida de autonomía, estabilidad o capacidad operativa. Las señales de opacidad o baja cooperación con mecanismos de rendición de cuentas alimentan la idea de tolerancia frente a irregularidades. Los retrocesos en transparencia y acceso a la información pública reducen la capacidad de control ciudadano y periodístico. La percepción de conflictos de interés y de captura del Estado por grupos cercanos al poder político debilita la confianza en la imparcialidad de las decisiones públicas. Finalmente, el deterioro del ecosistema de control social, que incluye tensiones con la prensa y debilidades en la independencia judicial, impacta directamente en la calidad de la rendición de cuentas.
El IPC – así como otros indicadores que se utilizan para medir estado de derecho, transparencia e integridad- no reacciona ante un solo episodio, sino a patrones de comportamiento institucional y eventos que, en su conjunto, moldean la percepción de expertos, inversores, y agencias calificadoras de riesgo, entre otros. Desafortunadamente, el IPC no está solo. Por ejemplo, los datos para Argentina de la encuesta Latinobarómetro sobre confianza en el gobierno y en la justicia de la última década también exhibe cifras preocupantes. Como afirmó hace más de dos décadas Carlos Nino, Argentina parece ser un país al margen de la ley.
¿Por qué Argentina debe revertir esta tendencia?
La respuesta es casi de sentido común. Los países prosperan cuando sus instituciones producen confianza. Reconocidos académicos convergen en la idea que la calidad y legitimidad de las instituciones es el gran diferencial. Autores como Rodrik señalan que “un sistema de derechos de propiedad, un aparato regulatorio que mitigue las peores formas de fraude, comportamiento anticompetitivo y el riesgo moral, una sociedad moderadamente cohesionada que exhibe confianza y cooperación, instituciones sociales y políticas que reducen el riesgo y gestionan conflictos sociales, estado de derecho y un gobierno decente – estos arreglos sociales que los economistas suelen tomar por descontado, pero que están ostensiblemente ausentes en los países pobres”. En 2024, el premio Nobel de Economía fue concedido a Acemoglu, Robinson y Johnson precisamente por demostrar que las sociedades que prosperan son aquellas que logran establecer instituciones para el desarrollo económico, la provisión de servicios públicos de manera eficiente y eficaz.
El economista Ugo Panizza demostró hace tiempo de qué manera los indicadores de corrupción de un país se relacionan con las notas que emiten las agencias calificadoras de riesgo. Casi en todos los casos, los mayores niveles de corrupción se relacionan con mayores niveles de riesgo soberano.
Por eso, además de las razones éticas y reputacionales para enfrentar el problema de la corrupción, existen costos económicos significativos de no hacer nada o de presentar lo que Michael Reisman describió como respuestas imperfectas o simuladas.
Qué debería cambiar para revertir la tendencia
Revertir la caída en el IPC no pasa por gestos simbólicos ni por discursos de ocasión. Requiere una estrategia nacional anticorrupción creíble, con indicadores de resultados, y sostenida en el tiempo, que evidencie la voluntad política del más alto nivel de convocar y encuadrar a la dirigencia argentina detrás de un esfuerzo nacional que trascienda gobiernos y se convierta en política de Estado.
Esa estrategia debería incluir, como mínimo, el blindaje de la autonomía real de los organismos de control, con estabilidad en las conducciones, facultades legales suficientes y presupuestos protegidos del ciclo político. Debería reforzar de manera efectiva la prevención de conflictos de interés, con reglas claras, verificación real de declaraciones patrimoniales y estándares exigibles para quienes contratan con el Estado. Tendría que avanzar en la transparencia integral de la contratación pública, con sistemas unificados, trazabilidad de las compras y apertura de datos para el control ciudadano y periodístico, especialmente durante la ejecución.
En paralelo, es clave convocar al sector privado a un pacto de integridad que establezca compromisos verificables de cero sobornos y de competencia leal, reconociendo que la corrupción no es solo un problema del Estado, sino un fenómeno que se alimenta de la interacción opaca entre lo público y lo privado. La estrategia también debe incluir el fortalecimiento del régimen de ética pública y del financiamiento de la política, junto con la protección efectiva del ecosistema de control democrático, garantizando libertad de prensa, acceso a la información y condiciones para que la justicia actúe con independencia.
Conclusión: una advertencia institucional con impacto económico
El IPC 2025 no condena a la Argentina; le advierte. Muestra que el país debería ser capaz de mejorar su percepción internacional cuando la voluntad política esté alineada con el fortalecimiento institucional. La serie del IPC de la última década muestra que esos avances son frágiles cuando no se transforman en políticas de Estado duraderas.
El costo de no hacerlo no es solo reputacional. La corrupción tiene un impacto macroeconómico directo: desincentiva la inversión productiva, eleva la percepción de riesgo país, encarece el acceso a los mercados de crédito y reduce el flujo de capitales de largo plazo. Además, distorsiona la asignación de recursos, frena el crecimiento y erosiona las bases del desarrollo sostenible.
Mientras la integridad dependa del ciclo político y no de instituciones sólidas y previsibles, Argentina seguirá atrapada en un péndulo de breves mejoras seguidas de retrocesos prolongados. Revertir esa dinámica no es una cuestión de relato, sino de reglas de juego estables que devuelvan previsibilidad, confianza e inversión a la economía argentina.
Mariano Federici, ex titular de la UIF de Argentina y expresidente del Grupo Egmont
Roberto de Michele, ex Director de Políticas de Transparencia de la OA de Argentina
