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"Armarse en defensa de la Patria"
Por Alberto Ricardo Dalla Vía Para LA NACION
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En los agitados días que nos toca vivir, un "dirigente piquetero", con tono provocador, pretendió arrogarse una interpretación del artículo 21 de la Constitución Nacional que legitimaría el uso de la violencia por parte de un sector de la sociedad que se siente afectado por otro que realiza una protesta contra la política de ingresos públicos del gobierno nacional, centrada en las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Un simple análisis advierte que nos encontramos ante un caso de supina ignorancia de la norma fundamental, hecho que se repite con frecuencia en nuestros días. Preocupa, sin embargo, que pueda esconderse aquí una intención aviesa, como sería manipular los principios generales en favor de intereses sectoriales. Ningún dirigente, de ningún sector, tiene derecho a la distorsión ideológica de invocar la Constitución en un sentido opuesto a su letra y espíritu.
El artículo 21, en su primera parte, dice expresamente: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional...". Nos recuerda, con inusual crudeza y contundencia, una verdad que a veces cuesta reconocer: hay deberes, además de derechos. Los derechos políticos que tienen los ciudadanos se otorgan en beneficio de la totalidad de la sociedad y no a título meramente individual.
Entendido que la Patria y la Constitución representan valores superiores, la obligación de preservarlas y defenderlas resulta ineludible. El deber de participar en la defensa es una obligación moral en la democracia, en tanto que ella garantiza la plena vigencia de los derechos individuales.
Pero hablamos de la defensa del todo y no de una facción frente a otra; de "proveer a la defensa común" después de "constituir la unión nacional", como objetivos preambulares alcanzados tras décadas sangrientas de divisiones y guerras civiles a las que nunca debemos volver. La Constitución materializa ese pacto, al asegurar la vigencia del Estado de Derecho. El artículo 22 complementa al anterior, al señalar: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición". Se trata de una prevención histórica contra las puebladas o asonadas, pero eso también parecen ignorarlo quienes ahora levantan la voz para contribuir al desorden.
Todas las normas constitucionales se reglamentan conforme a las leyes. Lo mismo sucede con el deber de defensa, que no es de libre interpretación individual, sino materia de regulación por el Congreso. De ese modo, a partir de la organización nacional se suprimieron las antiguas milicias provinciales, que respondían a los caudillos, para formar el ejército de línea o ejercito nacional, cuya primera conscripción se realizó en el campamento de Cura Malal a principios del siglo XX.
El servicio militar obligatorio contribuyó a la formación de la nacionalidad, al sentimiento igualitario y a la educación cívica. Sus aspectos controvertidos y los sucesos del caso Carrasco llevaron a su derogación en la década final del siglo pasado, cuando se estableció un servicio profesional. Alberdi, en su proyecto, era partidario de una fuerza voluntaria, como sucede en Suiza y en Costa Rica. La mayoría de los países en la actualidad han optado por alguna forma de conscripción obligatoria. Hay recetas para todos los gustos. Cada sistema político adopta la modalidad más conveniente, que suele variar en tiempos de paz o de guerra. Lo importante para destacar es que la defensa nacional no es un bien individual disponible en cualquier circunstancia, sino un valor colectivo en una sociedad organizada.
La Constitución fue escrita con letra clara y precisa, no para eruditos, sino para ser comprendida por el hombre común. Si no se la conoce es porque no se la quiere conocer. Pero mucho más grave aún es invocarla en lo que ella no dice. A quienes reeditan la trágica opción entre civilización o barbarie, sólo cabe responderles con la furia del genial Sarmiento: On ne tue point les idées!
