Ataques al periodismo y una muerte oscura

5 de julio de 2020
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Dos secretarios, dos épocas. El kirchnerismo, en su afán de querer empardar todo y llevar a la práctica acelerada la "doctrina Discepolín" –"en un mismo lodo, todos manoseados", como dice en esa profecía para siempre que es su tango "Cambalache"-, el tiro le salió por la culata y, encima, con un final horrible e inquietante.

Antes de ser apartado del insólito frenesí que le imprimió a la causa del espionaje, en la que él mismo estaba involucrado por haber ordenado varias de esas escuchas, el juez Federico Villena mandó a allanar la casa de Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri.

Comparar a ese colaborador estrecho del expresidente con los del matrimonio Kirchner no parece ser el mejor camino para limpiar la reputación de la familia con mayor poder político de la historia argentina. Nieto tiene un auto modelo 2007 y actualmente está pagando el departamento en el que vive con un crédito hipotecario. Fabián Gutiérrez, encontrado ayer asesinado en Calafate, había pasado de ser secretario privado de los Kirchner a poderoso empresario multirubro, fanático de los autos de alta gama, y era uno de los arrepentidos que declaró en la causa de los cuadernos. Su extraño homicidio exige una cuidadosa investigación, dadas las implicancias institucionales que podría llegar a tener. Ayer, Juntos por el Cambio pidió que el tema pase a la justicia federal, ya que la de la provincia de Santa Cruz no ofrece las mínimas garantías de objetividad. Natalia Mercado, la sobrina de la vicepresidenta, es la fiscal que investiga el asesinato de Gutiérrez.

Daniel Muñoz, otro secretario de Néstor y Cristina Kirchner murió en 2016, pero sigue produciendo titulares. Hace pocos días, Omar Lavieri escribía en Infobae que "ordenaron congelar 5 millones de dólares en cuentas suizas vinculadas a Daniel Muñoz". Y, a continuación, detallaba que "el juez [Marcelo] Martínez De Giorgi -uno de los magistrados que tiene en sus manos otra de las causas de supuesto espionaje macrista, aunque mantiene cajoneada la investigación sobre el material de inteligencia encontrado en la casa de Calafate de la presidenta del Senado, en 2018- mandó exhortos a Suiza y a las Islas Vírgenes Británicas para decomisar los fondos. Se trata del mismo Muñoz que había invertido en propiedades de los Estados Unidos 70 millones de dólares. Ganaban bien, al parecer, los secretarios presidenciales en la anterior era kirchnerista. Hay una abismal diferencia entre los perfiles económicos de Gutiérrez y Muñoz en comparación con el de Nieto, lo que no quita, por supuesto, que éste deba aclarar todo lo que sea necesario, en sede judicial, sobre el presunto espionaje en el que se pretende complicarlo.

Fue la semana de los secretarios presidenciales: Nieto, de Macri, y Gutiérrez, de los Kirchner

No es una casualidad, además, que en los últimos días, al filo de cumplir siete meses en el poder, se hayan encendido otra vez los motores contra el periodismo, un clásico de los gobiernos justicialistas, que siempre ha tomado como enemigo preferido -tal vez porque no compite en las urnas- a la prensa.

El fenómeno es coincidente con el alejamiento acelerado que viene haciendo Alberto Fernández de su contrato electoral con el que ganó las elecciones -gobernar más al centro de lo que le proponen sus socios más radicalizados del Frente de Todos-, intención que explicitó en sus propios discursos del 10 de diciembre y del 1° de marzo, en los que hasta dejó escapar una bienvenida brisa alfonsinista que reaparece cada vez que el Presidente se expresa de manera moderada en busca de consensos y en la mesa compartida de decisiones sobre la pandemia con Axel Kicillof y, especialmente, con Horacio Rodríguez Larreta.

¿Qué es lo que viene pasando ya desde hace un tiempo? Hay un avance impetuoso del ultracristinismo en el dominio de las principales cajas del Estado con personas de la más absoluta confianza de la vicepresidenta. Otro tanto ocurre con la ofensiva brutal de sus piezas claves en organismos de control y del Poder Judicial con vistas a mejorar su delicada situación procesal en varias graves causas que la tienen como protagonista. A esto debe sumársele la polémica por la salida de presos por el Covid, los intentos de expropiación de Vicentin y el inocultable derrumbe de la economía.

En vez de intentar ser dique de contención de su mentora y jefa política, el Presidente ha elegido en cambio correrse hacia ese costado. Y ya sin disimulos: lo proclamó a los cuatro vientos en su videoconferencia con Lula. Reconoció que extraña a Chávez y a Correa. "Somos solo dos", rescató al mandatario mexicano, Manuel López Obrador y a él mismo, como los presidentes latinoamericanos que valen la pena. Saludos para los vecinos Piñera (Chile), Lacalle Pou (Uruguay) y Benítez (Paraguay). Con Bolsonaro (Brasil) rompió lanzas desde antes de asumir y a la presidenta boliviana Jeanine Áñez directamente no le reconoció legitimidad. Se trata de una política exterior muy peculiar.

Todo este conjunto de posicionamientos por parte de quién se suponía debía moderar a sus socios más extremos, automáticamente produce como consecuencia una seisieteochización comunicacional del Gobierno. No es la palabra periférica y solitaria de Dady Brieva, sino que ya emerge un coro de voces más centrales y, por lo tanto, más amenazantes y con mayor poder de fuego. En cuanto a Brieva, su sueño de la "Conadep del periodismo" parece más cercano. Habrá que reconocerle su autoría intelectual y escucharlo de ahora en más con mayor atención.

Los embates contra la prensa son un clásico del peronismo de cualquier epoca

Los videítos histriónicos de la vicepresidenta, incluyendo imágenes de periodistas, y la causa abierta contra el actor Juan Acosta por promover la marcha contra la "infectadura" -que el fiscal Federico Delgado desechó porque la opinión no puede ser delito-, son parte de una ofensiva más ambiciosa, cuyo nudo troncal es la manipulación de distintas causas relacionadas con espionajes reales y supuestos. Todo ese marco hostil propicia un renovado embate contra el periodismo que pone en la mira, con nombre y apellido, a varios colegas, cuyos estilos y maneras pueden gustar más o menos, incluso despertar críticas y hasta objeciones deontológicas si se desea hacerlas, pero que no por ello justifican la cacería desatada en los medios y en las redes sociales ultraoficialistas, en busca de encarcelar periodistas.

Se trata de un ataque bien coordinado, que lleva varias semanas rodando, y que no es únicamente contra Luis Majul, quien caracterizó a los acontecimientos en curso como un afán de demolición del oficialismo hacia el periodismo en general, cuyo epicentro bien puede ser el conductor de La cornisa, pero que también en los videos de la vicepresidenta hace otros señalamientos, al incluir entre sus imágenes a Alfredo y Diego Leuco, Miguel y Nicolás Wiñazki, Mariana Fabbiani, Maximiliano Montenegro y Daniel Santoro (ya procesado en los tribunales de Dolores por el juez Alejo Ramos Padilla), entre otros.

Un militante, micrófono en mano, aunque no se sabe a qué medio responde, se dedica últimamente a hostigar, en las puertas de sus trabajos no solo a Majul (que aunque pidió una perimetral no le alcanzó para alejarlo) sino también a Baby Etchecopar y Eduardo Feinman.

Además, en lo que pareció un trabajo por encargo, por el detallismo y los materiales adjuntos, el Presidente retuiteó un hilo de un periodista económico que cuestionaba y tergiversaba con mala fe la edición especial de este diario por los cien días de la cuarentena. Igualmente improcedente resultó otro conocido periodista cultural que quiso interpelar a Santiago Kovadloff porque tuvo la osadía de decir que "la libertad de expresión está en peligro", en Mesa chica, por LN+. Adepa alertó sobre los escraches en curso que, a su entender, "constituyen una peligrosa invitación a la violencia verbal y física". Fopea, la Academia de Periodismo y la SIP ya están también en guardia.

Como señaló Jorge Lanata: "Antes estaba 678 en la tele; ahora está en el poder". Óscar Parrilli lo comparó con el represor Alfredo Astiz, una banalización inaceptable de los crímenes de la dictadura. Ahora se entiende porqué su jefa Cristina Kirchner lo apodaba siempre de manera tan peyorativa en sus conversaciones telefónicas, que nunca debieron salir a la luz si alguien (que no es Majul) no hubiese cometido el delito de facilitárselas a ese periodista. El esfuerzo de Parrilli, y varios más, por criminalizar la tarea periodística al querer igualarla con quiénes cruzan esa frontera de la legalidad cuando trafican materiales desde juzgados o servicios de inteligencia es un disparate que pretende horadar el secreto profesional que asiste a cualquier informador. Parrilli es miembro de la comisión bicameral de Inteligencia, que preside el ultrakirchnerizado radical Leopoldo Moreau, que desde ahora controlará la oficina de las escuchas judiciales. Demasiados zorros para un mismo gallinero.

Por Pablo Sirvén

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