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Atentar contra el Estado de Derecho
La media sanción que la Cámara de Diputados dio al llamado proyecto de despenalización del aborto implica el inicio de un cambio de sistema que pone en peligro la subsistencia del Estado de Derecho. Y como siempre sucede en estos casos se pretende justificar el cambio de rumbo mostrándolo como la única solución para un problema grave que afecta a la sociedad toda o a una gran parte de ella. Se invoca el bien común como método para ocultar el verdadero alcance y significado de un acto de gobierno que vulnera el más elemental de los derechos del ser humano. El derecho a la vida.
Invocando problemas de salud pública y la protección de los derechos de la mujer, se pretende imponer una solución que implica necesariamente y en todos los casos la muerte del bebé que anida en el vientre de una madre que ha decidido privarlo del derecho a vivir. Porque esta ley, aunque se aprobara por unanimidad en ambas cámaras, no puede modificar una realidad aceptada por la ciencia médica y por el derecho internacional que nuestro país ha adoptado como ley suprema dándole rango constitucional. La ley no puede, por la sola voluntad de los legisladores, cambiar o modificar una verdad incuestionable. Y esta verdad o realidad innegable nos indica que el embrión en el seno materno tiene vida propia, un cuerpo diferente al de su madre y el derecho a que su vida se proteja desde el momento mismo de la concepción.
Así se establece en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en forma tan clara y precisa que no puede presentar duda alguna al intérprete de buena fe, más allá de los esfuerzos de quienes cercenando, tergiversando y desviando caprichosamente sus fundamentos pretenden convencernos de lo contrario. Pero este proyecto de ley, va mucho más allá de la legalización de una muerte. Al establecer que el Estado debe hacerse cargo del aborto y garantizar esta prestación a todos los que recurran a ella, claramente instituye al Estado en el brazo ejecutor, en el verdugo que materializa la decisión adoptada por una madre que no quiere que su hijo nazca vivo. Es más: en este proyecto que se dice de aborto libre el Estado obliga a las instituciones médicas a garantizar la efectiva realización de esa aberrante práctica.
De ahí en más lo que sigue resulta claro. Un Estado que además de no garantizar el derecho a la vida de sus miembros más débiles se constituye en el brazo ejecutor que pone fin a esas vidas y que además obliga a las instituciones privadas a participar activamente en esas ejecuciones, no es un Estado de Derecho. Llama la atención entonces que quienes se han apropiado de la defensa de los derechos humanos sean quienes más activamente impulsen un proyecto que importa la violación del derecho a vivir, el primero y más fundamental de los derechos humanos. Que nadie se llame a engaño: el aborto legal ejecutado por el Estado y por los particulares obligados a ello por la fuerza de la ley no es una cuestión de salud pública. Es una cuestión que cala mucho más profundo en la esencia de la república, de los derechos humanos, del sistema de garantías que constituye el eje en torno al cual gira el sistema de gobierno que ha adoptado nuestra Constitución Nacional, En definitiva, del derecho a la vida. Cuando se encuentran en juego derechos humanos de tal envergadura, no se puede ser flexible ni laxo. Nuestra patria y la república ya han sufrido las consecuencias de ello. Ante esta encrucijada fundamental, los señores senadores de la Nación tienen la palabra. La historia, la república y el pueblo de sus provincias los juzgarán y varios miles de bebés por año se lo agradecerán toda la vida.
Abogado especialista en derecho penal
