Avances en la ley del buen samaritano
Es responsabilidad de nuestros legisladores aprobar este proyecto que contribuye a paliar el escándalo del hambre en nuestro país
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LA NACION
Hace ya muchos años que desde esta columna bregamos porque se sancione el proyecto de ley del buen samaritano, clave para alentar la donación de alimentos en un país con un índice de pobreza que ronda el 27% y tantos compatriotas que sufren el escándalo del hambre. El Barómetro de la Deuda Social Argentina presentó un informe para el período 2010-2017 en el que dio cuenta de que un tercio de los niños recibe algún tipo de asistencia alimentaria en nuestro país, siendo en el 16% de los casos víctimas de inseguridad alimentaria severa, con una mayor incidencia en el conurbano.
En estos días, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con modificaciones la reincorporación del necesario artículo 9, vetado en 2004, al proyecto de ley llamado del buen samaritano, segunda cosecha o ley donal. Delimita así la responsabilidad civil y penal de todo donante de alimentos, alcanzando no solo a los fabricantes, sino también a las organizaciones intermedias que lo entregan a las miles de personas que asisten diariamente a comedores, jardines maternales, hogares para adultos, escuelas, parroquias y dispensarios, entre otros.
Dicho proyecto volverá al Senado, donde ya había sido aprobado en noviembre pasado. No tenemos dudas de que, de sancionarse, será disparador de donaciones que se sumarán a las actuales. Hablamos de una norma legal imprescindible a la hora de enfrentar el problema del hambre.
Con 145 votos afirmativos y dos abstenciones, las 48 oposiciones correspondieron a diputados del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda. Ambas agrupaciones argumentaron que se estaría buscando dar un "manto de cobertura" a empresas deseosas de "deshacerse de alimentos dándoselos a los pobres". Esta absurda hipótesis no contempla la situación alimentaria de millones de argentinos y la calidad del trabajo y las garantías que hoy ofrecen los Bancos de Alimentos en nuestro país.
Lejos de asumir la enorme contribución de la administración anterior a este lamentable estado de cosas, actúan con un descaro solo superado por su capacidad demagógica, olvidando también que lo perfecto suele ser enemigo de lo posible. Pareciera que prefieren ver cómo muchos revuelven los tachos o abren bolsas de basura en procura de un alimento que de otra forma no consiguen.
Lo que esta normativa persigue es establecer un marco legal para los donantes y promover así más donaciones a fin de rescatar las 16 millones de toneladas de alimentos que hoy van a parar vergonzosa e irremediablemente a la basura. Nos referimos a alimentos no vencidos que se controlan bromatológicamente, muchas veces solo con deficiencias en sus envases o etiquetas, por ejemplo, lo cual no permite sumarlos al circuito comercial, pero que son de enorme valor para la atención de necesidades básicas alimentarias de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.
Solo el pasado mes, por ejemplo, el Banco de Alimentos Buenos Aires rescató más de 150 toneladas de yogures, cifra récord de donación de productos lácteos en los 17 años de historia de esa institución, que fueron distribuidas entre las 900 organizaciones sociales que abastecen, llegando a 119.000 personas, de las cuales el 57% son niños.
El proyecto del diputado Marco Lavagna (Frente Renovador), que se unificó con otros en el dictamen de mayoría, crea un Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde han de inscribirse las instituciones que recibirán los alimentos para su posterior entrega.
No surge con claridad del proyecto a qué instituciones se refiere y cuáles serían los efectos jurídicos de inscribirse en el registro, toda vez que lo que se persigue es simplificar el mecanismo de donación sin dejar a ningún donante individual o grupal fuera de esta valiosa cadena. En principio, esta formalidad pareciera carecer de sentido dado que no se contempla la trazabilidad de los productos.
Podríamos preguntarnos por qué venimos dándonos el lujo de demorar la sanción de esta ley realmente necesaria y urgente, cuando sociedades más prósperas y desarrolladas cuentan con normas similares. Distintas legislaciones en el mundo promueven que los alimentos no se tiren y se donen, tanto en lo que hace a productos elaborados como a los cosechados.
En Italia, por ejemplo, se incentiva la reducción de residuos con rebajas impositivas a quienes donen alimentos a ONG, en un movimiento global que felizmente se extiende. Los Bancos de Alimentos han probado ser una excelente alternativa a la hora de distribuir comida y merece ponderarse el enorme trabajo de casi 6000 voluntarios de la vasta red local que opera desde hace 15 años para reducir el hambre y evitar los desperdicios. Celebramos que se avance en la sanción de la ley del buen samaritano con las reformas necesarias para promover mayores donaciones.
Sin costo alguno para el Estado, la Red Nacional de Bancos de Alimentos constituye un instrumento serio y responsable a la hora de contribuir eficientemente con la alimentación de tantos compatriotas que sufren hambre.
LA NACION
