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Barrer bajo la alfombra
En estos días surgen detalles que ponen en evidencia que muchos de los problemas de hoy se originan en la circunstancia de que ayer nuestros políticos escondieron la basura bajo la alfombra en lugar de limpiar la casa y edificar un hogar.
Durante los últimos quince días la Corte Suprema de Justicia se vio sacudida por la publicidad que tomó la acordada mediante la cual el tribunal atribuyó las funciones de la Policía Judicial a la Policía Federal.
La creación de la Policía Judicial es una muy vieja deuda que ninguna administración tuvo interés en saldar, por el temor de perder el poder de influencia sobre la Justicia que le otorga el hecho de que el cuerpo que colabora actualmente con los magistrados, la Policía Federal, depende del Ministerio del Interior. Si además se controla a los jueces, mucho mejor para el Poder Ejecutivo.
Por eso, los ciudadanos ya no creen en los resultados de las investigaciones.
El hecho de que la Corte haya desaprovechado la creación de la Policía Judicial y haya implícitamente convalidado una ley del Congreso que atribuyó erróneamente sus funciones a la Policía Federal no sólo muestra un error judicial de difícil explicación sino que pone en evidencia que el tribunal omitió realizar un profundo examen de la naturaleza y sentido del cuerpo que se creaba y que era necesario de una vez por todas darles a los jueces y a la ciudadanía un verdadero instrumento de investigación, libre intromisiones externas.
La Corte, advertida por el periodismo del error en que había incurrido, dio marcha atrás y suspendió la aplicación de su acordada. Ello pone de manifiesto una positiva capacidad de reacción, que habitualmente no se encuentra en otros poderes del Estado.
Siempre la que se perjudica es la independencia judicial. Claro que, de tanto en tanto, la administración recibe un saludable tirón de orejas, como el que acaba de darle la jueza en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por legisladores de la UCR y de Cambio ´97 y tachó de inválido el decreto del presidente Carlos Menem que había dispuesto la privatización del sistema nacional de aeropuertos.
Muchas otras materias siguen pendientes de definición. Por ejemplo, las leyes constitucionales, fundamentalmente las reglamentarias del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
Luego del vergonzoso intento de los senadores oficialistas que, hace varios días, trataron de sorprender a la oposición y aprobar entre gallos y medianoche el proyecto Barra, que defiende la hegemonía de los intereses del Poder Ejecutivo en el Consejo, algunos legisladores del PJ se dieron cuenta de que no es posible seguir por ese camino.
Advierten que tienen en sus manos una bomba de tiempo y que es muy difícil encontrar justificación a esa cerrazón del oficialismo, cuando el proyecto elaborado por la Cámara baja es el que mejor responde a los reclamos ciudadanos de contar con una justicia independiente y mereció el apoyo de todos los sectores sociales, incluida la Iglesia Católica.
Esta semana resurgió para la Corte el tema de la investigación de la embajada de Israel.
Desde el Gobierno se dejó trascender que Menen había comentado al embajador de Israel, Itzhak Avirán, que tenía la información de que el alto tribunal planea cerrar esa causa.
Es necesario ser precisos con los términos: una cosa es cerrar un sumario y otra, muy distinta, es delegar su instrucción. Son expresiones contradictorias y con efectos jurídicos y políticos muy diversos.
Ante el fracaso de la Corte en producir resultados concluyentes, en parte por intereses políticos que obstaculizaron la pesquisa y, en parte, por causas internas, la comunidad judía _que siente que la causa se limita en estos momentos a girar alrededor de las sospechas de algunos ministros de que la bomba estaba dentro del edificio en lugar de avanzar en la teoría de la explosión exterior_ insistie desde hace más de un año en que el tribunal debería delegar la instrucción en un juez de primera instancia.
Mientras algunos ministros del alto tribunal consideran que la pesquisa estuvo tan mal llevada en los primeros años que lo mejor que se puede hacer es cerrar el sumario y asumir el costo político de una vez por todas, los líderes de la colectividad judía, muy lejos de ese criterio, prefieren que el tribunal asuma sus errores y encomiende la búsqueda de los culpables a un juez inferior. Cualquier solución, por cierto, es muy difícil de digerir.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo se sentó en el banquillo de los acusados durante el juicio oral y público que se le sigue por el delito de injurias a un funcionario de la Aduana que él impidió que fuese nombrado juez.
Cavallo y Yabrán
Más allá de que Cavallo haya injuriado o no, el economista aprovechó su oportunidad de declarar para contraatacar: habló de las conexiones del empresario Alfredo Yabrán e, incluso, criticó al juez del proceso.
En el fondo de las críticas de Cavallo está la consabida advertencia sobre la falta de independencia de la Justicia.
Es cierto que Cavallo, cuando era ministro, aprovechó de esa falta de independencia para imponer algunas medidas de su plan económico y que hoy sufre en carne propia los riesgos de transitar ese camino. Pero no menos cierto es que esa falta de independencia, en muchos casos, es una realidad y también lo es que nadie investiga acabadamente las denuncias sobre Yabrán que él reitera una y otra vez. Los fiscales no parecen tener interés en formular denuncias sobre esos hechos.
