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La insustentabilidad institucional y democrática de los cambios
Las políticas públicas se convierten en políticas de Estado cuando son fruto del consenso; despreciarlo no es el camino de la transformación, sino el que conduce a la hegemonía y a un nuevo faccionalismo
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Habida cuenta del contexto actual, se podrá decir que es pecar de ingenuo, pero mucho me temo que sin recomponer niveles minimos de institucionalidad politica, entendiendo por ello un Congreso mas autónomo y sus prerrequisitos ineludibles, un nuevo regimen de coparticipacion y la reconstruccion de un sistema básico de partidos, como así también sin alcanzar niveles mínimos de representatividad en las organizaciones corporativas, los cambios que se intenta imponer, lejos de constituir un nuevo orden fundante, abrirán las puertas de una mayor conflictividad y quedarán expuestos a la inestabilidad e incertidumbre política.
Partimos de la base de concebir que las políticas públicas se convierten en políticas de Estado cuando son fruto del consenso. La historia democrática de Occidente nos demuestra que ha sido el centro político hacia donde han convergido los esfuerzos de acuerdos a partir de concesiones recíprocas desde los extremos. En nuestro país, qué duda cabe, asistimos al agotamiento de un ciclo político. Eso facilita, actuando por reacción, la instrumentación de su extremo opuesto, cuya tolerancia social se basa más que en la aprobación de lo nuevo, en el temor al retorno de lo viejo. Un polo extremo, de sentido contrario, con aire refundacional, pretende avanzar despreciando el consenso y los acuerdos políticos y sectoriales, valiéndose de ventajas coyunturales, en claro detrimento de la sustentabilidad y solidez de los cambios que el conjunto del país reclama.
Asistimos al accionar de un gobierno ocupado en valerse de la acelerada descomposición de un sistema, sin la mínima preocupación por el restablecimiento de equilibrios institucionales y democráticos que doten de sustento a un proceso de transformación indispensable. En este entorno, no debiera extrañarnos los cada vez más recurrentes episodios de cancelación pública, no solo para el menor atisbo de crítica, sino hacia cualquier político, empresario, intelectual, economista o periodista que no esté dispuesto a aplaudir las decisiones oficiales. La intolerancia al disenso y la vocación hegemónica son consustanciales con una visión de esta naturaleza.
Pruebas al canto: el Gobierno se ufana de haber logrado sancionar leyes que –según su visión– constituyen hitos históricos, por caso la reforma laboral. Dejando de lado las críticas puntuales en cuanto a su contenido y también a sus marcados silencios, las mayorías ajustadas (si se mira con detenimiento afinidades ideológicas o políticas) alcanzadas para lograr su aprobación no fueron fruto de un debate enriquecedor, de acuerdos estructurales o sectoriales, ni que hablar de la palabra proscripta del vocabulario oficial: consenso.
Tampoco el acento estuvo en los contenidos, sino más bien en una cruda negociación de toma y daca con los gobernadores, quienes, a cambio de recursos, obras o promesas de inversión en cada jurisdicción, alineaban a sus diputados y senadores sin discutir demasiado los componentes de cada capítulo de esta extensa y fundamental normativa. La única preocupación estuvo dirigida a erradicar del proyecto la reducción del impuesto a las ganancias a empresas, dado el impacto de la medida en sus ingresos por coparticipación.
Eludir acuerdos en el Parlamento, como todo tipo de negociación de contenidos con los sectores directamente involucrados, a la par de menoscabar la representatividad, importa una evidente desproporción entre los supuestos objetivos fundantes de la norma y la precariedad y transitoriedad de los instrumentos utilizados, todo lo cual torna esperable una creciente judicialización y escasa probabilidad de perdurar frente a cambios políticos previsibles.
Se avanza acudiendo siempre a definiciones genéricas, a meros títulos y aspiraciones con los que resulte muy difícil no estar de acuerdo. En este caso se llevó adelante invocando por todo argumento el punto 7 del llamado Pacto de Mayo, que postula: “Acordar una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, pacto suscripto exclusivamente con una mayoría de gobernadores y del que fueron excluidos los partidos políticos, tornando letra muerta el art. 38 de nuestra Constitución nacional. Haber suscripto sin discusión previa ese documento unilateral del Gobierno, transformado en un contrato de adhesión entre “los que están de acuerdo”, jalona este proceso. De aquellos barros, estos lodos.
Tampoco hubo intentos serios de alcanzar acuerdos con las organizaciones directamente involucradas en la defensa de los intereses afectados. Frente a una legislación crucial para el mundo del trabajo y el capital, con enorme impacto en la distribución del ingreso, se eludió toda intención de democratizar las representaciones gremiales y se optó por asegurar continuidad de las cajas sindicales, en una convalidación del statu quo imperante, marcado por la irrepresentatividad. Algo parecido podría decirse respecto de las gremiales empresarias.
Otro tanto les cabe a otras iniciativas consideradas emblemáticas y fundantes, como la reforma penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la que el Gobierno se adjudica como trofeo, no solo por un enfoque simplista y demagógico, solo basado en este último aspecto, sino por el reconocible mérito de haber terminado con la inadmisible demora en discutir y sancionar una legislación largamente reclamada.
Aun admitiendo esa rémora, basada en prejuicios y preconceptos ideológicos, sabemos que su éxito depende mucho más que de la propia ley de la instrumentación de una política pública para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal, que, sin desconocer la necesidad de evitar las consecuencias de la impunidad, dote al sistema de recursos e infraestructura adecuada, antes que exaltar demagógicamente un relato punitivista y represivo.
Está claro que a esta situación se llega no solo por responsabilidad de un gobierno decisionista y hegemónico, sino por la evidente anuencia de una oposición dispersa y cortoplacista, carente de una mirada integral de país y, lo más preocupante, sin una adecuada ponderación de la importancia de los equilibrios institucionales y políticos para el conjunto y su propia subsistencia política. Ese ensimismamiento, esa preocupación solo del entorno inmediato, no se correlaciona con una nueva versión del “vamos por todo”.
Nunca antes como ahora ha quedado expuesta la dependencia en términos de gobernanza fiscal por parte de las provincias respecto del poder central, lo que se pone aún más en evidencia frente al accionar de un gobierno dispuesto a valerse de aquella, casi hasta la extorsión, para conseguir sus fines. La consecuencia ha sido la fragmentación, el cuentapropismo y el desdibujamiento de los partidos nacionales, actores que, cabe reiterar, revisten carácter constitucional y cuya reconstrucción se torna indispensable. Una nueva ley de coparticipación federal es una de las primordiales tareas pendientes de la última reforma constitucional de 1994 y, sin embargo, no parece estar en la agenda ni del Gobierno ni de la oposición.
Sabemos que el “viejo orden” no volverá y, por lo tanto, no se trata de reivindicar la vieja institucionalidad que supo preservar la democracia formal, pero falló a la hora de conciliarla con progreso e inclusión. No obstante, es imprescindible una nueva arquitectura institucional, restaurando el funcionamiento de instituciones esenciales a la representación pública y sectorial para enmarcar un proceso de cambio viable.
En un país sediento de cambios, con una sociedad dispuesta a contribuir, anatematizar al que piensa distinto y construir enemigos a medida, despreciar el consenso y la institucionalidad no es el camino de la transformación, sino el que conduce a la hegemonía y hacia un nuevo faccionalismo.
El autor fue presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, diputado provincial, diputado nacional y secretario del H. Senado de la Nación; actualmente preside el Tribunal Nacional de Ética de la UCR
Tipo de trabajo:opinión
