Bicentenario y reconciliación

En vísperas del Bicentenario, el futuro de la patria reclama que los políticos cumplan con el deber patriótico de lograr la reconciliación de los argentinos. Lejos de ser una cuestión retórica forzada por los festejos de la Revolución de Mayo, la reconciliación es urgente porque nuestra nación se encuentra una vez más en una peligrosa encrucijada política, innecesaria e inmerecida por la ciudadanía, cuyo nombre propio es la discordia. Oficialismo y oposición deben reconocer que en los últimos tres años las instituciones de la República han funcionado bajo una perturbación permanente, que desacredita a la clase política ante la opinión de los ciudadanos. En esta estéril confrontación, el kirchnerismo buscó acrecentar su hegemonía y lo único que logró es una pérdida acelerada de poder; por su parte, la oposición creyó que cosecharía puntos con el desprestigio del Gobierno y lo único que obtuvo fue que la sociedad concibiera serias dudas sobre su capacidad de gobernar. Es un juego en el que todos perdemos. Su prolongación profundizará la discordia y la pérdida de oportunidades para el progreso. Es por eso que la responsabilidad de la reconciliación le cabe por igual al oficialismo y a la oposición. Y aunque suene exagerado, no es una misión para intelectuales, periodistas, empresarios o trabajadores, sino para políticos: sólo ellos poseen las herramientas para generar consensos.

La reconciliación comienza por reconocer que el kirchnerismo tiene derecho a gobernar dos años más en la plenitud de sus facultades. No se debe intentar restringir al Gobierno para ejercer el poder y llevar adelante sus ideas, y mucho menos promover el acortamiento de su mandato constitucional. Quien lo intentara estaría destinado al fracaso y provocaría una contrarreacción aún más radicalizada. Pero la reconciliación tampoco significa que quienes no piensan como el Gobierno abandonen sus ideas en aras de una convivencia forzada. No se trata de acuerdos híbridos que diluyen las ideas de unos y otros buscando un mal entendido compromiso que todos puedan suscribir; todo lo contrario, la reconciliación exige una vigorosa discusión de ideas, pero con la condición de escuchar las opiniones ajenas. El problema es que vivimos en el reino de las opiniones absolutas, donde únicamente la propia es válida y no vale la pena tomar en cuenta la del rival político.

La reconciliación exige un punto de partida a cargo de la oposición, de gran generosidad de miras: reconocer los aciertos del kirchnerismo. La reconstrucción del poder presidencial es su piedra angular. Gustará o no, pero la Argentina es un país presidencialista y en esta materia Kirchner hizo honor a nuestra tradición política. La recomposición del prestigio de la Corte Suprema de Justicia es su segundo logro, a pesar de los métodos de presión utilizados para imponer las renuncias de sus miembros anteriores. En tercer lugar, la defensa de los superávits gemelos, fiscal y comercial, sentó las bases de una financiación genuina del sector público. También corresponde rescatar la política de derechos humanos orientada a juzgar a los culpables de la represión ilegal, que continuó la iniciada por Raúl Alfonsín con el juicio a las juntas militares. La continuación de la relación estratégica con Brasil es otro acierto de Kirchner. Así como la recomposición de las reservas del BCRA y la primera renegociación de la deuda externa para salir del error del default. La reducción del desempleo y de los indicadores de indigencia apuntan en la dirección correcta, a pesar de su insuficiencia. En un balance equilibrado, la reforma política constituye otro acierto. Finalmente, la Argentina atravesó la reciente crisis financiera internacional sin sufrir un colapso de su economía. Como contrapartida, la reconciliación exige una honesta autocrítica del kirchnerismo, cuyo sentido es reconocer que ha cometido errores, con justicia señalados por la oposición. El debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho, la pérdida del orden público y la inseguridad, el desmedido incremento del gasto público, los niveles de inflación y la caída de inversiones, el descenso de la producción agropecuaria y energética, el aislamiento internacional, el clientelismo y el uso de los recursos fiscales para disciplinar gobernadores e intendentes y la corrupción conforman el inventario de puntos que debe mejorar la presidenta Cristina Fernández.

La reconciliación no requiere programas detallados de gobierno, sino el consenso sobre ideas fuerza para los próximos veinte años. Si el Gobierno logra mayorías en el Congreso es inobjetable que obtenga la aprobación de leyes sobre las AFJP, los medios audiovisuales de comunicación, la emergencia económica o el Fondo del Bicentenario, o que sea derrotado en la resolución 125 o en la composición de las comisiones del Congreso. No es en el plano de la gestión de corto plazo donde se mueve la reconciliación, sino en los consensos para varios lustros: son ideas fuerza capaces de transformarse en políticas de Estado. El respeto a esas ideas fuerza no compromete la ideología de los partidos políticos ni elimina las discrepancias sobre la sociedad argentina, que son la esencia de la democracia. En este sentido, se propone una política de paralelas: por una vía se desarrolla el juego de oficialismo y oposición, con todas las connotaciones de la lucha por el poder en las elecciones de 2011; mientras que por otra vía paralela se pone en paréntesis el debate de corto plazo y se propugnan acuerdos multipartidarios de largo plazo.

A modo tentativo, se enumeran algunas de las ideas fuerza a debatir: 1) el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley; 2) la lucha frontal contra la corrupción; 3) asignar los fondos necesarios para erradicar la indigencia; 4) el recupero del orden público y de la seguridad ciudadana; 5) acelerar los juicios en curso a los militares que actuaron en la represión ilegal, expresar públicamente la condena de la agresión terrorista a la nación argentina y cerrar este capítulo doloroso de nuestra historia; 6) promover incentivos económicos para retener a la población estudiantil en las aulas; 7) asegurar la estabilidad monetaria y de precios y mantener los superávits fiscal y comercial; 8) reformar la coparticipación federal sobre la base de incentivos para las provincias mejor administradas; 9) recrear un marco jurídico previsible para el desarrollo de las fuerzas productivas de la industria, el campo y los servicios; 10) sostener una política independiente y equilibrada de inserción en el mundo.

En el actual clima de irrespirable falta de convivencia, proponer una reconciliación puede parecer una ingenuidad. Y quien se atreva a hacerlo puede terminar descuartizado por propios y extraños, tan avanzado está el ambiente de confrontación y discordia. Sin embargo, la enorme mayoría del pueblo argentino desea y exige la reconciliación. En línea con lo que nos enseñan ejemplos de reconciliaciones ilustres de nuestro pasado, Urquiza-Mitre, Mitre-Roca, Sáenz Peña-Yrigoyen o Perón-Balbín. Por eso, debe proponerse sin intereses a la vista: una generación de jóvenes políticos argentinos están destinados a hacerlo, sin saber qué ventajas o desventajas sacarán de ello. Como en las modernas teorías de justicia, los actores políticos deben establecer las ideas fuerza de la reconciliación sin especular cómo los beneficiará o perjudicará en el futuro.

La presidenta Cristina Fernández está ante el tribunal de la historia. Por su posición al frente del país, tiene la magna responsabilidad de convocar a la reconciliación con mayúsculas y no repetir la farsa del diálogo político que siguió a la derrota del gobierno el 28 de junio pasado. No es imaginable que los argentinos festejemos el Bicentenario divididos y carcomidos por el ruin espíritu de la confrontación. No sería un festejo sino la comprobación de nuestro fracaso. Cuando los pueblos enfrentan una amenaza exterior, dejan de lado sus diferencias y se unen contra el enemigo común. En ocasión del Bicentenario, no podemos seguir actuando como enemigos. En homenaje a nuestros mayores, que nos legaron una patria maravillosa, es hora de sentarse a la mesa común y simplemente construir un futuro mejor para nuestros hijos. © LA NACION

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