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Bienes restituidos del crimen organizado, una ley necesaria
Una norma legal a tal efecto atendería tres objetivos estratégicos: reorganizar la justicia, combatir el delito y reparar el daño social
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Diecisiete años. 6210 días. Ese fue el tiempo que la justicia argentina tardó en ordenar el decomiso de los bienes utilizados para lavar dinero del Cartel de Juárez en nuestro país, valuados en 25 millones de dólares. Uno de los capos de ese Cartel, Amado Carrillo Fuentes —más conocido como “el Señor de los Cielos”, por su capacidad de traficar cocaína en avionetas desde México a Estados Unidos— tenía planeado instalarse en la Argentina por los años 90. Fue así que compró, a través de testaferros y sociedades, una serie de propiedades, autos de alta gama, maquinarias y campos, en preparación de su llegada definitiva al país. Sin embargo, en 1997 la muerte lo encontró tempranamente por una fallida operación de rostro, y truncó esos planes. Carrillo Fuentes tampoco vivió para afrontar la causa judicial que comenzó en diciembre de 1999 y que tuvo sentencia condenatoria recién en agosto de 2016, en la cual se ordenó el decomiso. Hoy, 24 años después del inicio de la causa del Cartel de Juárez, los bienes usados para lavar dinero del narcotráfico siguen sin ser subastados ni reutilizados.
Este episodio, uno entre muchos, refleja que estamos frente a un sistema completamente ineficiente o un no-sistema. ¿Por qué no se pudo todavía hacer uso de esa infinita riqueza? Sin duda, una de las razones fundamentales es el diseño inadecuado del proceso de administración de bienes cautelados del crimen organizado, que sobrecarga a jueces y juezas con tareas administrativas que debieran estar en cabeza de un órgano especializado abocado a administrar y disponer de esos bienes de forma profesional, teniendo en miras recomponer el daño producido al Estado y a la sociedad en su conjunto.
La inexistencia de ese sistema, sumado a la eternidad de la duración de las causas judiciales, atentan contra la posible reparación del daño social producido. En ese sentido, la referencia a los bienes del Cartel de Juárez asociados a Carrillo no es casual: un contexto en donde la violencia asociada al narcotráfico está en un in crescendo alarmante -en Rosario y el Gran Rosario, pero no solo allí- exige celeridad en cambios que son posibles para el sistema judicial argentino. Tenemos una posibilidad real de administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados para mejorar algo de este sistema y de otras falencias de la sociedad argentina . En otras palabras, usar la riqueza del crimen como la lanza de Aquiles: para reparar las heridas que el propio crimen causó. El caso italiano es, en ese sentido, ejemplar.
Matteo Messina Denaro, el mafioso siciliano más poderoso de Italia y Europa, fue detenido recientemente. Estaba prófugo desde hace 30 años y es considerado responsable de los más crueles delitos en que puede incurrir una persona; entre ellos, habría ordenado el asesinato del adolescente Giuseppe Di Matteo y los actos terroristas que, en 1992, terminaron con las vidas de los jueces italianos Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, ambos consideradas personalidades destacadas en la lucha contra la mafia. Estos dos jueces, junto con otro grupo de magistrados y fiscales, habían logrado los mayores avances en la lucha contra la Cosa Nostra, la organización mafiosa con asiento en la isla de Sicilia. Despojar a los mafiosos de sus bienes para conseguir el quiebre de la empresa criminal había sido uno de sus logros más trascendentes.
Si bien la cruzada de Borsellino y Falcone es un hito en la historia del bien restituido, este instrumento legal no comienza con ellos. El decomiso de los bienes a las organizaciones mafiosas en Italia fue implementado por primera vez en el año 1982 a través de la sanción de la Ley Rognoni - La Torre. A la fecha, la ley ha tenido frecuentes modificaciones, todas ellas tendientes a reforzar el mecanismo de identificación, preservación y recuperación de los bienes de estas organizaciones.
En ese sentido, el asesinato de Falcone y Borsellino fue clave para que la sociedad civil organizada pusiera su “aliento en la nuca” de la justicia en pos de mejorar la norma: en 1995, un sacerdote italiano, Luigi Ciotti, fundó Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, que coordinó los esfuerzos de las organizaciones italianas en aquel momento para que se aprobara una nueva ley que diera un mayor impulso a la lucha contra la criminalidad organizada y que en ella participara el pleno de la ciudadanía italiana. De ese esfuerzo mancomunado, surgió la reutilización social de bienes decomisados de la delincuencia organizada, que rige desde 1996 en el país europeo.
Actualmente, en Italia, la Agencia Nacional para la administración y la destinación de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada (ANSBC) administra junto a los diferentes gobiernos regionales y municipales y las organizaciones de la sociedad civil, más de 24.500 bienes inmuebles que antes pertenecían a las organizaciones mafiosas. La ANSBC, además de preservar y administrar estos bienes muebles (automóviles, embarcaciones y aeronaves) e inmuebles (casas, departamentos, hoteles, campos, entre otros), ha logrado destinar más de 40.000 millones de euros recuperados del crimen organizado a la prevención y reparación del daño ocasionado.
El sistema de recupero de bienes italiano fue el que inspiró el “Proyecto Bien Restituido –para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina y coordinado por Libera -Asociaciones, nombres y números contra las mafias (Italia)-; junto al Círculo Giuridico di Argentina; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Fundación Multipolar.
El objetivo del proyecto es lograr un nuevo marco normativo para lograr una eficiente administración de los bienes cautelados y decomisados a la criminalidad organizada. De esta manera, se busca fortalecer al Estado y a las organizaciones sociales y comunitarias de nuestro país para lograr, en conjunto, reparar el daño padecido por las víctimas directas de las actividades criminales, pero también, por las víctimas indirectas, que es la sociedad civil en su conjunto, con particular énfasis en los sectores más vulnerables.
A fines del año pasado, se presentó este proyecto de ley firmado por diputados y diputadas de distintos partidos políticos, buscando abrir así la discusión sobre la indiscutible necesidad de establecer ese nuevo sistema de administración, racional, eficiente y transparente.
En el presente, los bienes cautelados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por la justicia, por cada juez o jueza a cargo de ese proceso y durante el tiempo que dure el mismo. Esto significa que, a las enormes responsabilidades que pesan sobre estos magistrados y estas magistradas, hay que sumarle la administración de bienes como automóviles, aviones, lanchas, inmuebles como casas, departamentos, campos e incluso sociedades comerciales. El sistema así no funciona: su diseño ineficiente termina perjudicando a la sociedad en su conjunto.
Por ello, el proyecto de ley presentado permite repensar un proceso más eficiente de administración y disposición de bienes recuperados del crimen organizado, generando herramientas adecuadas para la lucha contra este tipo de delitos y siempre teniendo en miras hacer un uso social de ellos.
Hablamos al comienzo de los bienes vinculados al Cártel de Juárez, todavía no subastados ni reutilizados, luego de un frustrante itinerario judicial. Hablemos al final de los bienes que tiene hoy la justicia argentina en sus manos: los vehículos cautelados y decomisados, cientos de inmuebles en todo el país que estaban en manos de organizaciones criminales, valuados en más 25.000 millones de pesos. En su gran mayoría, esos bienes se están deteriorando, perdiendo no solo valor económico, sino también simbólico. En situaciones como esta, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Por eso, es hora de generar un cambio de paradigma en la forma de trabajar, separando las tareas administrativas de las jurisdiccionales, delegando en órganos especializados las primeras e incorporando tecnología que automatice procesos burocráticos para que jueces y juezas puedan abocar todo su tiempo a la tarea jurisdiccional y lograr así que las soluciones se alcancen en tiempo oportuno.
Cristallo es directora de Justicia de Fundar; Manjon es miembro de Libera y coordinador de Bien Restituido
