Brasil demuestra que se puede combatir la corrupción

Que Lula, el expresidente de Brasil, haya entrado a una prisión de Curitiba a cumplir una pena de doce años de cárcel por corrupción, ha dado origen a protestas masivas organizadas por el Partido de los Trabajadores y homenajes de gobiernos latinoamericanos tan poco democráticos como los de Venezuela o Nicaragua, algo que era previsible. Pero lo es menos que mucha gente honesta, socialistas, socialdemócratas y hasta liberales consideren que se ha cometido una injusticia contra un exmandatario que se preocupó mucho por combatir la pobreza y realizó la proeza de sacar, al parecer, a cerca de 30 millones de brasileños de la extrema pobreza cuando estuvo en el poder.

Quienes piensan así están convencidos, por lo visto, de que ser un buen gobernante tiene que ver solo con llevar a cabo políticas sociales de avanzada, y que esto lo exonera de cumplir las leyes y de actuar con probidad. Porque Lula no ha entrado a la cárcel por las buenas cosas que hizo durante su gobierno, sino por las malas, y entre estas figura, por ejemplo, la espantosa corrupción de la compañía estatal Petrobras y sus contratistas que costó al diezmado pueblo brasileño nada menos que tres mil millones de dólares (dos mil millones de ellos en sobornos).

De otro, quienes piensan tan bien de Lula olvidan el feo papel de correveidile que jugó como emisario y cómplice en varias operaciones de Odebrecht -en el Perú, entre otros países- corrompiendo con millones de dólares a presidentes y ministros para que favorecieran a aquella transnacional con multimillonarios contratos de obras públicas.

Es por esta razón y otros casos que Lula tiene no uno sino siete procesos por corrupción en marcha y que decenas de sus colaboradores más próximos durante su gobierno, como João Vaccari o José Dirceu, su jefe de gabinete, hayan sido condenados a largas penas de cárcel por robos, estafas y otras operaciones delictuosas. Entre las últimas acusaciones que se ciernen sobre su cabeza está la de haber recibido de la constructora OAS, a cambio de contratos públicos, un departamento de tres pisos en la playa de Guarujá.

Las protestas por la prisión de Lula no tienen en cuenta que, desde que se produjo la gran movilización popular contra la corrupción que amenazaba con asfixiar a todo el Brasil, y en gran parte gracias a la valentía de los jueces y fiscales encabezados por Sergio Moro, juez federal de Curitiba, centenares de políticos, empresarios, funcionarios y banqueros han ido a la cárcel o están siendo investigados y tienen procesos abiertos. Más de ciento ochenta han sido ya sentenciados y hay varias decenas de ellos que lo serán en un futuro próximo.

Jamás en la historia de América Latina había ocurrido nada parecido: un levantamiento popular, apoyado por todos los sectores sociales, que, partiendo de San Pablo, se extendió luego por todo el país, no contra una empresa, un caudillo, sino contra la deshonestidad, las malas artes, los robos, los sobornos, toda la gigantesca corruptela que gangrenaba las instituciones, el comercio, la industria, el quehacer político, en todo el país. Un movimiento popular cuya meta no era ni la revolución socialista ni derribar a un gobierno, sino la regeneración de la democracia, que las leyes dejaran de ser letra muerta y se aplicaran de verdad, a todos por igual, ricos y pobres, poderosos y gentes del común.

Lo extraordinario es que este movimiento plural encontró jueces y fiscales como Sergio Moro, que, envalentonados con aquella movilización, le dieron un cauce judicial, investigando, denunciando, enviando a la cárcel a un abanico de ejecutivos, comerciantes, industriales, parlamentarios, autoridades, hombres y mujeres de toda condición, mostrando que es realizable, que cualquier país puede hacerlo, que la decencia y la honestidad son posibles también en el Tercer Mundo si hay la voluntad y el apoyo popular para hacerlo. Cito siempre a Sergio Moro, pero su caso no es único, en estos últimos años hemos visto en Brasil cómo su ejemplo era seguido por incontables jueces y fiscales que se atrevían a enfrentar a los supuestos intocables, aplicando la ley y devolviendo poco a poco al pueblo brasileño una confianza en la legalidad y en la libertad que casi había perdido.

Hay muchas gentes admirables en Brasil; grandes escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa o mi muy querida amiga Nélida Piñón; políticos como Fernando Henrique Cardoso, que, durante su presidencia, salvó de la hecatombe a la economía brasileña e hizo un modelo de gobierno democrático, sin ser acusado jamás de una acción punible; y atletas y deportistas cuyos nombres han dado la vuelta al mundo. Pero, si tuviera que escoger uno de ellos como modelo ejemplar para el resto del planeta, no vacilaría un segundo en elegir a Sergio Moro, ese modesto abogado natural de Paraná, que, luego de recibirse de abogado, entró a la magistratura haciendo oposiciones en 1996. Según ha confesado, lo ocurrido en Italia en los años noventa, el famoso proceso de Mani Pulite, le dio ideas y el entusiasmo necesario para combatir la corrupción en su país, utilizando instrumentos parecidos a los de los jueces italianos de entonces, es decir, la prisión preventiva, la delación premiada y la colaboración de la prensa de los medios de comunicación a cambio de la reducción de la pena. Han tratado de corromperlo, por supuesto, y sin duda es un milagro que esté todavía vivo, en un país donde los asesinatos políticos no son por desgracia excepcionales. Pero allí está, formando parte de lo que viene siendo una verdadera, aunque nadie la haya denominado todavía así, revolución silenciosa: el retorno de la legalidad, el imperio de la ley, en una sociedad a la que la corrupción generalizada estaba desintegrando e impidiéndole pasar de ser el "gran país del futuro" que ha sido siempre a ser el gran país del presente.

El gran enemigo del progreso latinoamericano es la corrupción. Ella hace estragos en los gobiernos de derecha o de izquierda, y un enorme número de latinoamericanos ha llegado a convencerse de que aquella es inevitable, algo así como los fenómenos naturales contra los que no hay defensa: los terremotos, las tormentas, los rayos. Pero la verdad es que sí la hay y precisamente Brasil está demostrando que es posible combatirla, si se tienen jueces y fiscales gallardos y responsables, y, por supuesto, una opinión pública y unos medios de información que los apoyen.

Por eso es bueno para América Latina que gentes como Marcelo Odebrecht o Lula da Silva hayan ido a la cárcel luego de ser procesados, concediéndoles todos los derechos de defensa que existen en un país democrático. Es muy importante mostrar en términos prácticos que la Justicia es igual para todos, los pobres diablos del montón que son la inmensa mayoría, y aquellos poderosos que están en la cúspide gracias a su dinero o a sus cargos. Y son precisamente estos últimos los que tienen mayor obligación moral de acatar las leyes y mostrar, en su vida diaria, que no hace falta transgredirlas para ocupar esas posiciones de prestigio y poder que han alcanzado, que ellas son posibles dentro de la legalidad. Es la única manera en que una sociedad crea en las instituciones, rechace el apocalipsis y las fantasías utópicas, sostenga la democracia y viva con la sensación de que les leyes existen para protegerla y humanizarla cada día más.