¿Cantidad o calidad?
A pesar de los avances en la investigación y vacunación, crece en el mundo la literatura que advierte acerca de la permanencia del Covid-19 y sus múltiples impactos. Las nuevas cepas, las limitaciones para una cobertura universal en las vacunas, las dificultades de manejo social de los contagios y otras variables concluyen en una permanencia dilatada del virus, como sucedió en el pasado con otras pandemias similares. 2023 es la nueva meta –incierta– de estabilidad, con grandes diferencias entre países, pero todos caracterizados por rebrotes iterativos, dificultades para sostener las actividades productivas y sociales y nuevos desafíos de mayor complejidad para las acciones sociales.
En la Argentina, a esta incertidumbre sobre el futuro, se suma el daño ya producido durante 2020 en el campo social, que resultará muy difícil de recuperar. Hay impactos ya muy evidentes, como el de la educación, pero otros menos conocidos, como el que han sufrido las familias en su capacidad de funcionamiento, y que afectan de manera difícilmente reversible a sus hijos, como muestran los informes de la UCA.
Ya es claro que vamos hacia una consolidación de altísimos niveles de pobreza, con la incorporación de personas de clase media, y a situaciones cada vez más complejas en el campo laboral y social, pues no hay expectativas firmes de recuperación de empleos formales y niveles salariales.
Todo es mucho más complejo. A la creciente inequidad educativa hay que sumar que las mujeres más pobres han sido más afectadas en sus posibilidades laborales por tener que cuidar a sus hijos. El bajo acceso a las escuelas y al sistema de salud está produciendo un aumento del embarazo adolescente, que impacta sobre las parejas por el masivo desempleo juvenil. El efecto de la cuarentena sobre la estabilidad emocional de los niños y jóvenes es importantísimo y aún difícil de evaluar. Y la mayoría de estos problemas continuarán –y empeorarán– con la permanencia de la pandemia.
Por razones de urgencia muy comprensibles, la política social del Gobierno se ha concentrado en la transferencia de ingresos. Ante cada problema, la respuesta es transferir más dinero, pero no cambiar procedimientos ni aumentar la complejidad de la mirada. Pero más dinero no alcanza cuando las heridas son tan profundas. La cantidad no suplantará a la calidad; sobre todo cuando existen tantas intermediaciones teñidas de política y por tanto sin posibilidades objetivas de evaluación de su impacto. El problema no se soluciona con “mesas” mediáticas, sino con una estrategia integral de fuerte contenido técnico.
Un primer cambio elemental debería asegurar que no haya excesos en la percepción de beneficios y que las personas y familias reciban recursos en función de sus necesidades. Eso se puede lograr con una estricta utilización de las herramientas informáticas disponibles, pero sobre todo asegurando el control público de los programas.
La misma búsqueda de eficiencia debería guiar la relación con las provincias, que reciben dinero sin relación alguna con los resultados de su utilización. La idea del Plan Nacer –que transfiere recursos sobre la base de resultados– podría extenderse a todos los demás programas de todos los ministerios con implicancias sociales.
Los efectos de la segura persistencia de la pandemia sobre las personas más pobres requieren repensar profundamente y de manera cooperativa los qués y los cómos de todas las políticas sociales que afectan a la familia y en especial a jóvenes y mujeres, una tarea que debería encarar el inexistente Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, hoy dedicado a tareas de militancia territorial. Incorporar el concepto de familia –u hogar– como objetivo de focalización seguramente no suena muy progresista, pero –visto desde la realidad actual de las personas– es fundamental.
Es cierto que las políticas sociales no resolverán esta pobreza cronificada que agobia a tantos millones y que la solución más integral pasa por las modificaciones estructurales que venimos pregonando y que generen inversión y empleo. Pero si continúa este enorme deterioro en las capacidades de las personas por el efecto conjunto del virus y la recesión, llegará un momento en el que no habrá recuperación posible.
Sabemos que estas ideas, al igual que la propuesta de modificar de raíz los planes sociales asociándolos a estímulos laborales, son de difícil resolución, porque implican graves conflictos políticos con movimientos sociales y autoridades provinciales que trabajan cómodos con el paradigma distribucionista sobre el cual basa su poder político el kirchnerismo. Pero un silencio complaciente es inaceptable en un tema en el que está en juego la vida de millones de personas.
Director Escuela de Dirigentes Pro
Tipo de trabajo:
opinión
