
Capturar carbono no paga (pero debería)
El debate sobre cómo enfrentar el cambio climático suele centrarse en cuánto debemos reducir las emisiones. Pero hay otra dimensión igual de importante que recibe mucha menos atención: ¿cómo y cuánto premiamos a quienes remueven carbono de la atmósfera? Esta omisión no es solo conceptual. Tiene consecuencias concretas en el diseño de políticas públicas y en las oportunidades económicas de muchos sectores, particularmente el agropecuario.
Desde la economía, el principio es claro: si algo tiene valor social, debería tener un precio. Esto también se aplica a la captura de carbono, ya sea mediante tecnología, reforestación o buenas prácticas agrícolas. Hoy, muchas de estas actividades no reciben ningún reconocimiento económico. En los mercados voluntarios de carbono, solo se compensa a quienes remueven “más de lo que ya hacían”, bajo una regla conocida como “adicionalidad”. Así, se dejan afuera muchas prácticas sostenibles y fuentes naturales de remoción neta de carbono.
En un sistema de precios al carbono bien diseñado, toda captura neta de emisiones debería tener un precio. No importa si es adicional o no. El precio debe reflejar el beneficio ambiental de reducir el carbono en la atmósfera. El desafío no está tanto en el principio económico, sino en su implementación: medir con precisión cuánta captura ocurre, durante cuánto tiempo se sostiene y cómo verificarla. Resolver estos desafíos requerirá desarrollar mejores herramientas de monitoreo y verificación.
En ausencia de una política climática coordinada en el nivel global, muchos países optaron por actuar unilateralmente: imponen impuestos al carbono y subsidian la energía renovable. Pero políticas que fomenten la captura de carbono –tecnológica o basada en la naturaleza– se discuten mucho menos, y rara vez se implementan.
¿Por qué esto importa? Porque sin un precio para la captura de carbono es muy difícil que haya inversión privada para mejorar la medición y expandir estas soluciones. Y porque muchas de las fuentes más prometedoras de captura están en países en desarrollo, como los suelos agrícolas, los humedales o los bosques nativos. La Argentina tiene una oportunidad concreta. Cerca del 40% de nuestras emisiones provienen del uso del suelo, la agricultura y la ganadería. Pero también contamos con prácticas extendidas, como la siembra directa, que ayudan a capturar carbono y conservar los suelos. Estas prácticas podrían integrarse a mercados de carbono si existieran marcos regulatorios adecuados y sistemas confiables para medir y verificar cuánta captura ocurre.
Hoy, esos mecanismos están poco desarrollados. Y sin un precio claro, dejamos sobre la mesa una herramienta clave: un sistema de incentivos para fortalecer lo que ya se hace bien, impulsar nuevas prácticas y transformar soluciones climáticas en oportunidades económicas para el agro y otros sectores estratégicos. Para que eso sea posible, las inversiones en medición y verificación deben comenzar ahora. Solo así podremos estar preparados para aprovechar la oportunidad cuando emerja un mercado de carbono global. La Argentina tiene el territorio y los recursos naturales. Es un líder natural en innovación y prácticas agropecuarias. Estamos en un momento en que cada tonelada de carbono cuenta en el esfuerzo por frenar el cambio climático. Invertir en fortalecer la captura de carbono no es solo una medida ambiental: es una apuesta estratégica para el país.
Profesora e investigadora en economía del cambio climático, Universidad Torcuato Di Tella






