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Caso Lucio: no todo termina con el fallo de hoy
“En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, afirmó el 28 de noviembre pasado el forense Juan Carlos Toulouse, encargado de realizar la autopsia al cuerpo de Lucio Dupuy, asesinado a golpes luego de ser ultrajado y violentado de distintas maneras y reiteradas veces por su madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez. Cuando el forense declaró en el juicio causó un tremendo impacto en los presentes, muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas. Una fuente, que formó parte de la audiencia, dijo a La Nacion: “Su testimonio fue impresionante. Lo que sufrió Lucio fue aberrante”. Hoy se conocerá el veredicto del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, que juzga a la madre de Lucio y su pareja.
El impacto que causó en la sociedad este crimen no se puede cuantificar aún, que abarca tanto desde el punto de vista del reclamo de justicia con penas durísimas hasta el no “poder leer o escuchar” sobre los detalles del calvario padecido por Lucio por el golpe emocional que genera tanta crueldad en la información. Negarse a interiorizarse sobre los padecimientos de un niño por miedo al horror no es cobardía, no todos pueden manejar el mismo temple ante tanto espanto, de todos modos, también es una manera de manifestar rechazo y posicionarse del lado de los que piden justicia. Pero el homicidio de Lucio abrió varios debates, será uno de esos crímenes bisagra que cambian la historia, que logran que un determinado delito, por sus características, por los vínculos, por la edad de la víctima, por el pésimo accionar preventivo de la justicia que actuó influenciada por un sesgo de género que debió estar ausente con todos los antecedentes puestos sobre la mesa, generen respuestas en forma de políticas públicas.
Así es que por el caso Lucio Dupuy ya existe un proyecto de ley, conocido como la Ley Lucio, que espera su aprobación parlamentaria. Son muchos los que desconocen que busca establecer esta nueva norma que cuenta con media sanción en Diputados, pero el solo hecho que sea presentada como una ley necesaria para salvar vidas en casos similares, inmediatamente recibe un masivo apoyo. El proyecto propone una capacitación obligatoria, continua y permanente en derechos de infancias y adolescencias para los agentes de los tres poderes del Estado, además de médicos y docentes para que intervengan de mejor manera en casos similares en el futuro. Seguramente esta norma ayudaría pero no es suficiente, porque algo similar sucede con la Ley Micaela, que obliga a capacitarse en temas de género y violencia de género a agentes de los tres poderes del estado. Al igual que el caso Lucio, el caso de Micaela García también causó un impacto tremendo hace seis años. Micaela tenía 21 años cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en la localidad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
Si tomamos en cuenta las mediciones de distintas ONG que se especializan en violencia de género, todas coinciden en que alrededor de 300 mujeres por año mueren en la Argentina por crímenes de género, una cifra que se mantiene estable, desde que el homicidio de mujeres dejó de llamarse “crimen pasional” para pasar a ser un femicidio con penas más agravadas. La implementación de distintas políticas públicas para combatir esta problemática no reflejó un descenso en los asesinatos de mujeres.
No hay que olvidar que el gobierno tomó en 2020, durante la etapa de la cuarentena por el Covid-19, una decisión que provocó un cacerolazo espontáneo de protesta generalizada, liberar a más de 2500 presos del Servicio Penitenciario Federal y más de 2000 en la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos violadores y homicidas, que en muchos casos no tardaron en reincidir. Esas son las prácticas permisivas que hay que erradicar, porque ante ese tipo de decisiones políticas, la capacitación es una gota de agua en un océano de problemas al que se deben enfrentar los agentes involucrados por más que ya estén capacitados
Las leyes que capacitan buscan sumar, pero si después los funcionarios judiciales -sobre todo aquellos que actúan en pequeños pueblos del interior- los agentes de seguridad o los peritos intervinientes no cuentan con los recursos y las herramientas necesarias para actuar, la capacitación resulta insuficiente, entonces actúan mal o directamente no lo hacen. Una comisaría que no cuenta con botones de pánico, una justicia que no dispone de lugares de resguardo para mujeres que denuncian a su pareja por violencia para luego tener que volver a convivir con esa persona en el mismo hogar, un niño golpeado por sus padres, que da señales permanentes de heridas y golpes, con denuncias previas, que carece de una alternativa de cuidado temporal hasta que se resuelve el caso, como sucedió con Lucio Dupuy, es por demás ineficiente, más allá de los errores que cometen los jueces al fallar sin reparar en todo el contexto que ya sellaba un final anunciado.
Las normas como la ley Micaela o la ley Lucio aportan, pero no deben tranquilizar la conciencia de quienes, como funcionarios o representantes del pueblo, son responsables de gobernar y garantizar la libertad y la integridad de las personas, porque claramente son solo paliativos que no resuelven el problema de fondo. Muchas veces preocupa escuchar a funcionarios hablar como si con esas nuevas medidas ya se hubiesen encargado definitivamente del tema.
Por eso el reclamo de la sociedad hoy está puesto en mejorar el servicio de justicia en esos lugares sensibles, donde se juegan la vida de las personas, de mujeres maltratadas, de niños abusados y violentados por sus progenitores y no en la Corte Suprema de Justicia o en tribunales federales, donde se juega la suerte de la política y de los funcionarios. Que no nos distraigan de los verdaderos cambios que nuestros sistemas necesitan para mejorar y resguardar nuestras vidas.
La brutalidad que minó el martirio de Lucio en sus pocos años de vida, su trágico final, su padecimiento, deberían ser un antes y un después para que el estado aborde esta problemática más allá de los sesgos de género y de las características ideológicas radicalizadas que pudieron tener las victimarias, nada de eso debería ser un atenuante. Existen en el país miles de familias homoparentales que conviven y crían hijos en paz y con vínculos llenos de amor y cuidado, no se debe caer en el extremo de cuestionar o dudar sobre el cuidado de un menor de acuerdo las elecciones sexuales, los crímenes, violencia o abusos sobre niños perpetrados por lazos familiares directos se dan en todas las formas de familia.
Un niño pampeano no tendrá cumpleaños, ni días de escuela, ni proyectos, ni elecciones de vida, su historia tuvo un final que pudo evitarse. Que no sea en vano, que tenga justicia, pero también, que su muerte sirva para evitar otras. Hay mucho por hacer y demandar, esa es nuestra responsabilidad como sociedad. Hoy un tribunal puede dictar la culpabilidad de las acusadas, sin embargo, ahí no debe terminar todo. Dicen que el crimen perfecto siempre es el olvido, evitemos que eso suceda con Lucio Dupuy.
