Celebramos la ley del buen samaritano
La norma conocida también como ley donal constituye una valiosa contribución para paliar el hambre al promover la donación de alimentos
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LA NACION
A pesar del horizonte de pobreza cero que se fijara el voluntarioso presidente Macri al inicio de su gestión, la realidad plantea hoy la necesidad de llevar a cabo políticas que contemplen la emergencia alimentaria con el fin de garantizar las crecientes demandas nutricionales de la población. Los comedores de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano desbordan ya no solo de niños sino de familias enteras sobre las que la situación económica impacta en tiempos de crisis. El crecimiento del número de personas que asiste aumenta desde 2014, según informes del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.
Por todo esto, aun cuando la espera fue irrazonablemente larga y millonario el desperdicio de alimentos que ocasionó la demora en la sanción de una norma tan necesaria, hoy celebramos contar con la tan ansiada como necesaria ley del buen samaritano, llamada también ley donal o segunda cosecha. Durante años, llamamos la atención sobre una herramienta de costo cero para el Estado que a partir de ahora servirá para promover mayores donaciones de alimentos.
Recordemos que muchas veces una simple falla de etiquetado o una rotura en el packaging impide la comercialización de los productos, así como la inminencia del vencimiento o, en el caso de frutas o verduras, por ejemplo, que no tengan el tamaño exigido para exportación, que en nada afecta su calidad para el consumo y que podrán ahora ser distribuidos a través de los eficientes Bancos de Alimentos para su aprovechamiento de manera más ágil y efectiva.
La nueva norma crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA). En cuanto a su instrumentación, promueve acciones de información, capacitación, mejora y difusión que, involucrando a los distintos actores, contribuyan a incrementar la cantidad de alimentos donados y a reducir el desperdicio. En cambio, incurre en un error al crear un registro de empresas y organizaciones, a cargo de la recepción y distribución gratuita de los alimentos, pues en lugar de facilitar las donaciones suma obstáculos burocráticos a los potenciales donantes.
Resta acelerar la reglamentación de la ley para que su impacto comience a verse cuanto antes y continuar legislando sobre incentivos fiscales y acciones complementarias en la misma dirección.
Desde 2003 la Red Banco de Alimentos potencia el trabajo y las sinergias estratégicas para el desarrollo de alianzas que contribuyan a reducir el hambre y eduquen en nutrición. Frente a los 16 millones de toneladas de comida que anualmente van a parar a la basura, el año pasado esta extensa red pudo distribuir 9,5 millones de alimentos entre 2400 organizaciones comunitarias locales, alcanzando a cientos de miles de personas, niños en un 70 por ciento. Con la flamante ley, imaginemos cuántos serán los productos que encontrarán un mejor destino que el escandaloso desperdicio en un basural.
Equivocadamente, muchos cuestionaron que se pretendía dar a los más excluidos aquello que sobra o que no sirve, como si al hacerlo se los expusiera a algún indigno maltrato más infame que el de sufrir hambre. Está claro que hablamos de una situación de emergencia a la que nos obligan las recurrentes crisis que nuestro país atraviesa y que, muy por el contrario, el eficiente y transparente funcionamiento de los Bancos de Alimentos garantiza las condiciones de los productos a ser consumidos.
Escandaloso e indigno es que tantas personas necesitadas se vean obligadas a revolver tachos de desperdicios movidas por el hambre mientras toneladas de alimentos en buen estado van a la basura. Nos alegra que finalmente así lo hayan entendido los legisladores. El hambre de tantos argentinos no podía seguir esperando por esta ley tan urgente como necesaria cuya sanción hoy celebramos.
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