El ejemplo de la experiencia griega en la renegociación con el FMI

El Gobierno deberá iniciar negociaciones con los acreedores privados y, especialmente, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esas tratativas respecto de la deuda pública pueden llegar a redefinir las perspectivas de crecimiento de la economía en el mediano y el largo plazo. En ese contexto, interesa observar la experiencia que llevó adelante Grecia en la renegociación de su deuda con el FMI tomando en cuenta sus similitudes y diferencias con la situación actual de la Argentina.

Esas diferencias son significativas: Grecia forma parte de la Unión Europea desde 1994. En 2001, se incorporó al Acuerdo Monetario Europeo, por el que adoptó el euro: fijó su moneda a la del resto de los países de esa zona. Sin embargo, no solo sus niveles iniciales de competitividad eran muy inferiores a los de países como Alemania, sino que, además, su tasa de inflación se mantuvo luego más alta en relación con la de sus socios de la eurozona. Esto hizo inevitable que se fuera agravando el saldo negativo de sus cuentas externas, dado que no podía acudir a una devaluación para ajustar ese resultado. Tanto en la Argentina como en Grecia se generaron expectativas inconsistentes que llevaron a un aumento insostenible de los niveles de endeudamiento. En Grecia esto se produjo a partir de su incorporación al euro. En la Argentina, con la llegada del gobierno de Macri y el anuncio sobre una "lluvia de inversiones" a partir de una apertura a los mercados externos.

En materia de política monetaria, Grecia, al unirse al euro, perdió la capacidad de recurrir a ese instrumento, dado que aquella quedó en manos del Banco Central Europeo. Como consecuencia, su herramienta más fuerte para absorber un posible shock era ajustar la política fiscal o el endeudamiento. La Argentina, si bien no tuvo esas limitaciones para llevar adelante una política monetaria más flexible, a partir de 2016 tuvo un carácter restrictivo que se profundizó a partir de octubre de 2018. Esto llevó a que, también para la Argentina, el financiamiento del déficit fiscal se realizara a través del endeudamiento externo e interno. A esto se unió una entrada de capital especulativo de corto plazo incentivado por altas tasas de interés que elevaron el nivel de vulnerabilidad externa.

Grecia no llevó adelante un programa que apuntara a resolver sus deficiencias productivas y generar un proceso de diversificación exportadora que le hubiera permitido neutralizar sus debilidades comerciales. En la Argentina no solo no se implementó un plan orientado a fortalecer las exportaciones, sino que se generó un proceso recesivo que llevó al cierre de empresas. En este contexto se fue generando, en cada caso, un aumento de la vulnerabilidad externa, por la que ambas economías terminaron sufriendo un corte abrupto del crédito internacional. En la Argentina, esta realidad llevó a la firma de un primer acuerdo con el FMI en 2018 y a un segundo rescate en 2019. Esto fue seguido por un duro pronóstico de esa institución sobre el futuro económico inmediato de la Argentina.

En Grecia el inicio de la crisis de deuda soberana tiene lugar en 2010, cuando se da a conocer el primer acuerdo con el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (conocidos como la Troika). A través de este acuerdo se estableció la realización de tres desembolsos atados a los esfuerzos fiscales griegos. Esta situación generó tensiones sociales y políticas, con protestas y hasta rumores sobre una posible salida de Grecia de la eurozona. Ese primer acuerdo fue seguido en 2012 y en 2015 por un segundo y un tercer rescate que se extendió hasta junio de 2018, cuando los ministros de Economía de la eurozona decidieron finalizar un estricto control sobre las cuentas griegas para dar paso a una "vigilancia reforzada".

Cabe reflexionar sobre cuáles fueron las condiciones impuestas a Grecia y cuál, el impacto sobre su economía y su población. La imposición principal del FMI a Grecia apuntaba a un plan de austeridad, a través de un fuerte ajuste fiscal vinculado a la reducción del gasto público. A tal fin se llevaron adelante grandes recortes en salarios y pensiones, en gastos de defensa, en ciertos programas sociales y en la cantidad de empleados públicos. A esto se agregó una reforma integral del sistema de pensiones, con recortes y cambios en la edad jubilatoria y en la provisión de los servicios públicos, junto con un aumento en las contribuciones al sistema de seguridad social. A su vez, se generaron ingresos extraordinarios a través de una gran oleada de privatizaciones, como la venta del 67% de la Autoridad Portuaria de Salónica, y de concesiones, como la de los 14 aeropuertos regionales, por 40 años, a un grupo alemán. En ambos casos se trata de sectores vinculados al turismo, una de las principales industrias del país.

El resultado de ese abrupto corte del gasto llevó a una contracción del PBI del 27% entre 2010 y 2018 (de 299,9 a 218,2 mil millones de dólares). La tasa de desempleo pasó de un 12,7% en 2010 a un 19,2% en 2018, mientras que el indicador de riesgo de pobreza y exclusión pasó del 27,7% al 31,8 en ese período. Esta realidad social se vio agravada por un gran aumento en el nivel de la deuda (pasó del 146,2% al 181,9% del PBI entre 2010 y 2019). Los acuerdos de Grecia con el FMI permitieron revertir el déficit fiscal a través de un fuerte ajuste del gasto y el déficit de balanza de pagos, por la fuerte contracción económica. Esto vino acompañado por una marcada caída en los niveles de crecimiento y un fuerte aumento del desempleo y de la pobreza. Afectó especialmente a la gente de menores recursos. Pero este proceso está lejos de haber terminado, ya que el país sigue bajo el peso de una elevada deuda pública. ¿Cuantos años llevará recuperar la calidad de vida de la población griega y qué tipo de políticas se necesitarán? ¿Qué reflexiones nos trae esto frente a la realidad de la Argentina? Para estabilizar la economía argentina, debe formularse un programa que tome la recuperación de la actividad económica como premisa central.

Un documento denominado UN Consensus on Development for All, desarrollado por distintas instituciones europeas, plantea como imperativo que los gobiernos revisen las medidas de austeridad, que tienden, en general, a beneficiar a las minorías. Para ello, propone la búsqueda de alternativas basadas en la realidad de cada país, que permitan asegurar el pleno empleo, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sustentable. Plantea un "consenso alternativo" basado en la búsqueda de distintas opciones que permitan generar recursos financieros. Entre esas opciones señala la relocalización de los recursos públicos; un aumento de la recaudación de impuestos; la eliminación de los flujos financieros ilícitos; el uso posible de reservas; la reestructuración de las deudas existentes; la adopción de un esquema macroeconómico que desincentive la salida de capitales y oriente recursos hacia los sectores productivos, y la expansión de las contribuciones de seguridad social a partir del aumento de la formalización del trabajo, entre otras medidas.

Bekerman es directora del Cenes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; Giménez Hutton, becaria del Cenes

Candelaria Giménez Hutton y Marta Bekerman