El espacio público en un año electoral
La preocupante Plataforma Intergubernamental de Diversidad Biológica (Ipbes) recientemente presentada alerta sobre el devastador impacto de los humanos en la naturaleza. Por su parte, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) advierte sobre el riesgo de cambio climático también provocado por la actividad humana, sus potenciales secuelas ambientales y socioeconómicas y las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus efectos elaborando un Summary for Policymakers. Ambos organismos internacionales proveen evaluaciones científicas exhaustivas buscando establecer un puente entre la ciencia y la formulación de las políticas públicas por parte de los tomadores de decisiones. Si bien no existe un panel intergubernamental del espacio público que elabore un resumen para políticos y evalúe el impacto provocado por cortes, piquetes, tomas y demás, es necesario considerar las consecuencias de estos actos imprevistos pero esperables y estudiar cómo mitigar sus efectos.
Así como las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero siguen estableciendo nuevos récords a escala global -con la consiguiente intensificación de fenómenos meteorológicos extremos-, en nuestra sociedad se registran otros nuevos récords. El espacio público se ha transformado en un lugar de fenómenos extremos caracterizados por una interrelación abusiva donde los conflictos se dirimen por medio de la ley del más fuerte. Lo público ha sido tomado por asalto por diversos grupos que, contra las leyes -y, por ende, contra la sociedad y sus instituciones-, hacen valer por la fuerza sus reclamos o prácticas. Tolerar las pequeñas acciones y omisiones antisociales, que en un principio parecían inofensivas y hasta "simpáticas" (recordemos cuál era el sentir popular frente a los primeros cortes de rutas), ha desencadenado una reyerta que se está escapando de las manos de quienes deberían velar por el ejercicio igualitario de los derechos, la seguridad y la justicia. El costo social, cultural, institucional y económico que está pagando la Nación es alto. Y lo será mucho más si no se pone un límite.
Así como los especialistas afirman que es mandatario frenar a la brevedad el incremento gradual de temperatura media global para evitar una debacle ambiental de impredecibles consecuencias, el Gobierno debe tener en cuenta que el espacio público, como articulador primario de las relaciones humanas, será el escenario principal de la contienda electoral de este año. El cambio "climático" social es evidente y nadie puede prever a ciencia cierta qué sucederá. Los diversos conflictos aumentarán. Muchos de los opositores al actual gobierno, que no se caracterizan precisamente por hacer un uso racional de lo público, infiltrarán y agudizarán legítimos reclamos. Muchos otros, deliberadamente, buscarán victimizarse. "Es inevitable un conflicto social en la calle", amenazó el exdirigente social y militante político de Patria Grande Juan Grabois, cuyo sueño mayor es "que Macri pierda". Sirva su amenaza sediciosa como muestra de lo que puede venir: reclamos cada vez más violentos o ciudades desbordadas de residuos por paros intempestivos de recolectores, como el de días atrás en Buenos Aires, serán moneda corriente. Se intentará mostrar las diversas acciones como democráticas, pero nada más alejado de la democracia que afectar derechos de terceros. La democracia es una forma pacífica de resolución de conflictos y los piquetes, cortes y tomas no lo son.
Por otro lado, el Gobierno no debe defraudar las expectativas de su propio electorado que no solo desea, sino que a esta altura exige un país ordenado donde interpretaciones convenidas de "derechos" -individuales y colectivos- de algunos no restrinjan la libertad de terceros. El gran interrogante es hasta qué punto tolerar ciertas situaciones. ¿Es correcto, por ejemplo, permitir la "libre expresión" de los piqueteros que cortan las calles en detrimento de la posibilidad de circular con libertad de miles de ciudadanos? ¿Debe el erario público pagar los daños ocasionados cuando vándalos destruyen una plaza? ¿Cuál es el límite cuando los "derechos" de unos afectan los de otros? ¿Qué herramientas deben utilizarse para lograr una convivencia ordenada e impedir la ruptura del tejido social? Y, sobre todo, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida a través de la protección y el desarrollo del espacio que por naturaleza nos es propio?
La libertad es el don más extraordinario con que ha sido favorecido el ser humano y elemento indispensable para la vida comunitaria. Pero su maravilloso ejercicio debe desarrollarse dentro de un contexto en el que las responsabilidades se asignen de un modo justo, tanto en la valorización de los méritos como en la aplicación de los castigos. No hay que considerar el espacio público como una abstracción: la vida diaria de miles de personas se ve afectada. Es la cara visible de la grieta -económica, social y cultural- y también donde, como sociedad, podemos empezar a cerrarla. El espacio público es constructor de capital social. Es necesario buscar nuevas alternativas para los problemas que se tienden a resolver mediante la agresión. Hay que explorar formas de participación superadoras que permitan que los conflictos existentes se expresen -siempre respetando a terceros-, trabajarlos y construir a partir de ellos. Las autoridades políticas deben ahondar la cultura del diálogo y educar en la civilidad, ordenando con firmeza el espacio público para usufructo de todos y no de minorías violentas o prepotentes. La lógica del apriete debe dar paso a la lógica de la conciencia civilizada. La conducta es una expresión de las creencias. Y es aquí donde sucede el cambio. Limitarse a comunicar los valores que las personas deben mostrar no alcanzará para generar o modificar conductas. Es necesario ayudar a las personas a creer en lo que es importante. Se necesitan cambios de fondo, no solo atacar los síntomas. Todavía queda espacio para la acción. El camino del cambio cultural y el respeto al prójimo y a lo público es largo y arduo, pero es el único que nos llevará a buen puerto.
Exdirector general de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura porteña
