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La ley impositiva de Axel Kicillof y el futuro de la Corte bonaerense
El proyecto del gobernador que la Legislatura provincial tratará mañana podría impactar en sus planes para acelerar la jubilación de algunos jueces del tribunal
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PARA LA NACIONDaniel Bilotta
Las tensiones entre el oficialismo y la oposición por la nueva ley impositiva que la Legislatura debería aprobar mañana le quitaron relieve a la visita del 26 de diciembre que Axel Kicillof realizó a la Suprema Corte bonaerense. Es curioso que haya elegido hacerlo el mismo día de la convocatoria a la sesión extraordinaria en la que no pudo lograr el impuestazo, cuya modificación viene negociando con Juntos por el Cambio desde mediados de la semana pasada.
Tal vez haya sido una argucia de Julio Alak para garantizar la discreción de un gesto inédito, pero muy simbólico. Fue el ministro de Justicia el que acordó que el gobernador fuese al Palacio de Tribunales para conocer a los miembros de la máxima instancia judicial en la provincia. Un paso que María Eugenia Vidal nunca dio. Delegó el trato con la Corte en Gustavo Ferrari. Al antecesor de Alak se le atribuye la designación de Sergio Torres para sustituir a Juan Carlos Hitters, que renunció en 2016.
Es probable que las otras tres nuevas vacantes que podrían habilitarse sean el tema más delicado en la agenda de Alak. Y un nexo importante con el que debatirá la Legislatura mañana. Kicillof precisaría dos tercios de los votos en el Senado para que los propuestos a cubrirlas lo hagan. Es decir, 31 sobre un total de 46 en la Cámara, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría, con 26.
Kicillof podría intentar que la ley se apruebe en Diputados, donde tiene mayoría, e ingrese después al Senado. Allí la oposición introduciría cambios: un reajuste del 55% al inmobiliario urbano, del 69% al rural y mantener en 1,5 puntos la alícuota de Ingresos Brutos a los medicamentos. Si Diputados los acepta, se sancionaría. De lo contrario, regresaría al Senado y la mayoría opositora lo haría archivar.
La suerte que corra ese trámite podría proyectarse sobre el plan de Kicillof para acelerar la jubilación de los jueces de la Corte en edad de hacerlo. Uno es Eduardo De Lázzari. Los otros son Daniel Soria y Héctor Negri. La sanción de la ley podría significar una señal positiva para llevarlo adelante. Implicaría que los acuerdos legislativos con la oposición funcionan. De eso hablaron después del 27 de octubre Carlos "Cuto" Moreno y el titular de la Corte. Es decir, De Lázzari. Al vicepresidente de la Cámara de Diputados lo entusiasmaría avanzar. Es probable que Alak sea más cauteloso.
Conoce como pocos el espíritu de la rotulada corporación judicial. Soria llegó a la Corte desde el municipio de La Plata por la notable gravitación en la Justicia del intendente de esa ciudad: Alak. Con 80 años, Negri atraviesa un delicado estado de salud. A De Lázzari podría sacudirlo la vuelta al primer plano de Alberto Nisman.
En el documental de Netflix que indaga sobre la muerte del fiscal, Antonio "Jaime" Stiuso desbarata la participación de policías bonaerenses en el atentado a la AMIA y se lo atribuye al grupo Hezbollah. El exjuez federal Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión por dictar la prisión preventiva de esos efectivos.
Federico Domínguez fue procesado en 2016 por encubrimiento en esa causa. Falleció en 2017. Domínguez presidió el Tribunal de Casación bonaerense desde 1997. El mismo año en que De Lázzari fue designado en la Corte. Antes fue secretario de Seguridad, y Domínguez, su asesor. A Domínguez se lo acusó de haber ajustado su intervención en la causa AMIA a los intereses de Galeano con el excomisario Luis Vicat como nexo.
De Lázzari achacó a Vidal haber manipulado fallos judiciales. Una alusión indirecta a los juicios políticos contra Martín Manuel Ordoqui y Luis Silvio Carzoglio. Sobre el juez de Casación Penal pesa una suspensión, pero el proceso en su contra quedó paralizado por las sucesivas dilaciones dispuestas por Eduardo Pettigiani, titular de la Comisión de Enjuiciamiento.
Caso similar al que se sustancia contra el juez de Garantías de Avellaneda. De Lázzari preside el jury contra Carzoglio y fue el que sucedió a Pettigiani en la Secretaría de Seguridad durante la administración de Duhalde. El exgobernador es el defensor oficial de Carzoglio. Hay quienes aseguran que su subrogante, Brenda Madrid, halló "de todo" en su juzgado. También, que es muy difícil que De Lázzari no sepa de esos supuestos hallazgos.
Lo que vuelve llamativa la simpatía que provoca en Alak la gestión del Ministerio Público con Vidal. No es una buena noticia para Sergio Massa, interesado en un cambio en la Procuración General. Aunque tal vez esa expectativa haya sido desalentada con la designación de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad.
Berni fue aludido por Gustavo Logozzo en el jury que destituyó al fiscal de Pilar, Washington Palacios, por investigar el robo a la casa de Massa en 2013. Carecía de competencia para hacerlo. Mientras fue director de Inteligencia en la Prefectura Naval, Logozzo aseguró haber recibido instrucciones de Berni para visitar en la cárcel a Alcides Díaz Gorgonio y ofrecerle un ascenso a cambio de colaborar en esa causa.
Díaz Gorgonio es el efectivo de la Prefectura condenado a 18 años de prisión por el hecho. Berni era el secretario de Seguridad. Logozzo aludió también a Esteban Español, del estudio jurídico Pérez Bodría-Español. El letrado participó de la instrucción del sumario interno de la Prefectura a Díaz Gorgonio, con la aparente autorización del Ministerio de Seguridad. Pérez Bodría fue concejal kirchnerista en Pilar. Las oficinas del estudio jurídico son próximas a las de la fiscalía.
¿Se vincula el interés de Massa en la Procuración con Mario Meoni? La fiscal de Junín Vanina Lizazo intenta establecer si el actual ministro de Transporte apeló a la firma Grupo Servicios Junín SA para financiar la campaña del Frente Renovador en 2015. Hasta ese año, Meoni fue el intendente de esa ciudad. Con el municipio de accionista mayoritario, la firma brinda servicios de internet, telefonía, gas y sanitarios en ese distrito.
La Justicia ya condenó a Vicente Griselli, Carlos Albaqui y Damián Itoiz, exdirectivos del Grupo Junín, y a Javier Gabrielli, exsecretario general del municipio. Lizazo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito a Meoni; su exesposa, Laura Oliva, y otros funcionarios municipales. Libró exhortos al Poder Judicial de Uruguay, Paraguay, Brasil y Panamá. ¿Respaldará Juan Manuel Mastronilli a Lizazo? Al fiscal general de Junín se le atribuyen vínculos con Meoni. Habladurías.
Pero el caso más inquietante para Alak asociado a Massa podría ser el de Enrique Ferrari, promovido a fiscal general de Lomas de Zamora por Julián Álvarez, su segundo en el Ministerio de Justicia de la Nación en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Ferrari instruyó por escrito al fiscal Jorge Bettini para suspender el juicio contra Matías, Gabriel y Juan Manuel Soto, por homicidio y robo con armas, entre otros delitos. Matías lidera la facción de la barra de Lanús, que responde a Álvarez. Gabriel, su padre, integra la de Tristán Suárez. Juan Manuel es concejal de Massa, tío de Matías y hermano de Gabriel. Milita con el presidente de Lanús y diputado provincial, Nicolás Russo.
¿Avalará la Corte a Ferrari? Después de la Procuración es la máxima autoridad disciplinaria. Es lo que da otra dimensión al resultado de la ley a tratarse mañana. De seguro, seguida con atención por De Lázzari y Alak. Pero también por Carlos Bianco. El jefe del Gabinete está convencido de que Massa dio difusión al traspié de la semana pasada.
O es lo que algunos legisladores de la oposición creyeron entender que les confió Bianco. Aunque también podría ser una interpretación distorsionada de lo que dijo. En la provincia de Buenos Aires nunca se sabe.
