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Por una Justicia más accesible
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LA NACION
El 10 de junio comenzó a aplicarse en la Justicia Federal el nuevo Código Procesal Penal Federal . No es una reforma puramente ritual, sino una profunda transformación que procura mejorar la manera en la que el Estado nacional brinda el servicio de justicia. Se trata del proceso acusatorio. El cambio intenta superar la burocracia, la mora y el secretismo propios del sistema judicial y llevar a cabo procesos más breves, transparentes y ágiles a partir de la oralidad de los actos que lo conforman.
El proceso penal acusatorio será casi completamente oral, público, contradictorio y continuo; los juicios se elaborarán y realizarán a través de audiencias públicas, con la comparecencia de las partes, que expondrán oralmente sus posiciones directamente ante los jueces de la causa. La implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal es progresiva -un verdadero reconocimiento del legislador de las dificultades que afronta-, se comenzó a aplicar en el Distrito Judicial Federal correspondiente a las provincias de Salta y Jujuy, y luego avanzará gradualmente al resto del país.
El Congreso Nacional dispuso la creación de una comisión bicameral, integrada por legisladores de todos los partidos y presidida por el senador Rodolfo Urtubey, para que lleve a cabo su implementación gradual. El distrito elegido para comenzar es estratégico para la protección de bienes jurídicos de interés nacional. Allí se enfrenta, por ejemplo, en primera línea al narcotráfico internacional y la trata de personas.
La política criminal debe ser pensada como estrategia de largo plazo, como política de Estado judicial. No limitada a la reforma instrumental, sino vinculada a la más eficiente investigación de los delitos complejos y la mejor aplicación de las instituciones penales, a la seguridad de los habitantes y al castigo efectivo de los delitos. Es decir, a los grandes temas que preocupan a la sociedad; entre ellos, la corrupción y el trauma social de la impunidad. Desde allí, se producirá la elaboración de un sistema de justicia penal creíble sociológicamente, que incluya los fundamentos axiológicos del derecho penal y que resulte compatible con los derechos y garantías constitucionales.
Pero durante el proceso de implementación que ha comenzado hay múltiples dimensiones en las que hay mucho que trabajar. Muchas prácticas concretas que cambiar. La transformación que la administración de justicia penal a nivel federal afronta no es puramente normativa, procesal ni orgánica; es profundamente cultural y requerirá de la toma de decisiones estratégicas y públicas, como el establecimiento de prioridades, la redistribución de medios y personal según la importancia, trascendencia y gravedad de los procesos por parte de las instituciones, particularmente el Ministerio Fiscal, al que se le transfieren numerosas facultades, responsabilidades y protagonismo central.
También se reconoce y pondera la participación de la víctima del delito en el procedimiento judicial. El reconocimiento de esta parte del proceso, que es la única que no ha decidido voluntariamente formar parte de él, viene evolucionando desde la conocida intervención de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el fallo Santillán, en el que reconoció el derecho de las víctimas para actuar en juicio, en calidad de partes querellantes, en defensa de los derechos de quienes asiste como habíamos sostenido al votar en disidencia en el fallo previo de casación.
Las instituciones deben comprometerse, con la participación de representantes de la sociedad civil, para que esta reconfiguración del sistema alcance una Justicia más accesible, igualitaria y democrática que junto con la educación constituirá la mejor prevención del delito.
Juez de la Cámara Federal de Casación Penal y profesor universitario
Gustavo Hornos
LA NACION
