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Cómo desea la presa que sea la Corte
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PARA LA NACIONPablo Mendelevich
Si la senadora Anabel Fernández Sagasti hubiera sido coetánea de Bertrand Russell, quien a los 98 años publicó un análisis crítico del conflicto árabe-israelí mientras terminaba de escribir sus memorias en tres tomos, seguramente lo habría denunciado por ser un viejo decrépito manipulado por terceros. Fernández Sagasti también debe tener una explicación respecto de las figuras célebres casi centenarias que fingen a la vista de todos razonar por sí mismos, como Mirtha Legrand. Sería interesante escucharla.
En 2014, cuando presidía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, le ordenaron disparar desde esa torreta contra el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, de 97 años, a quien el oficialismo quería voltear pero no podía hacerlo mediante procedimientos constitucionales porque no tenía los dos tercios. Entonces Fernández Sagasti diagnosticó que “a partir de cierta edad todas las personas tienen un deterioro cognoscitivo”, sentencia inapelable que la impulsó a hurgar en las capacidades mentales del juez Fayt con la ilusión de desgastarlo. Fayt resistió estoico. Y coronó la epopeya con un gesto de dignidad que sus inquisidores tal vez no llegaron a comprender: escogió para renunciar el 11 de diciembre de 2015, primer día sin Cristina Kirchner en la Casa Rosada. La batalla gerontofóbica de Fernández Sagasti, ideada y patrocinada por Cristina Kirchner, fue un estrepitoso fracaso.
Que Cristina Kirchner pretenda ahora desde la prisión encumbrar a Fernández Sagasti en la Corte, antes que una osadía o una burla al sentido común parece una ratificación de su decadencia. Es verdad que como directora de casting ella nunca derrochó talento. En política, después de haber sacado de un virtual anonimato a promesas como Martín Insaurralde o Amado Boudou, se jugó sucesivamente por las candidaturas presidenciales de Daniel Scioli, hoy funcionario de Milei; de Alberto Fernández, a quien inventó, acompañó y evaluó como “el mejor” para luego empardarlo con “De la Rúa y Macri” en la categoría “malos presidentes”; de Eduardo de Pedro, que no le aguantó como candidato más de veinticuatro horas, y de Sergio Massa, quien después de patinarse tres puntos del PBI en su campaña perdió contra Milei peor que Luder contra Alfonsín.
En materia de candidatos judiciales la líder del kirchnerismo postuló para procurador general de la Nación a Daniel Reposo, cuyo pliego ofrecía una competencia interna de falsedades y faltas de ortografía que no terminó en aplazo (sí terminó en la Justicia) debido a que el Poder Ejecutivo lo retiró antes de que el Senado lo rechazara. El interesado igual quedó muy agradecido. Envió cálidas cartas de gratitud por la nominación -entre otros, a Cristina Kirchner y Amado Boudou-, eso sí, tampoco ahorrativas en errores ortográficos.
Para reemplazar a Eugenio Zaffaroni Cristina Kirchner ya había propuesto a otro abogado como Fernández Sagasti, es decir joven y por completo carente de antecedentes en la Justicia, Roberto Carlés, quien en ese momento tenía 32 años. Lo cual le hubiera garantizado no uno sino dos récords, el más inexperto y el más chico de la Corte. No pudo ser. En 2015, la presidenta, cuando ya se estaba yendo, retiró el pliego de Carlés, al que nadie había tomado demasiado en serio. Faltaban 15 minutos para el balotaje que ganó Macri cuando aprovechó la distracción colectiva para mandar otros dos pliegos, los del peronista Eugenio Sarrabayrouse y el filoradical Domingo Sesín. Ambos juristas, por fin. A la vez ofrendas no consensuadas con el nuevo gobierno. Que, como cabía esperar, las ignoró.
Recién asumido y mal asesorado, Macri nombró entonces a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto. Se arrepintió casi enseguida del procedimiento y mandó los respectivos pliegos al Senado como corresponde. Resultaron aprobados por algo más de los dos tercios exigidos, eso gracias al aporte de unos cuantos senadores peronistas (entre ellos José Mayans). Pero el peronismo no se dio oficialmente por enterado. Hasta hoy hay peronistas del flanco judicial, como el exministro Martín Soria, que siguen repitiendo que en la Corte hay dos miembros puestos por Macri por decreto.
Lo cierto es que en las últimas dos décadas sólo Macri consiguió incorporar miembros a la Corte. Milei lo intentó con Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero fracasó de manera sonora: en abril de este año la mayoría de los senadores rechazó los pliegos de ambos. Tampoco Alberto Fernández consiguió que el Senado le aprobase la postulación del juez Daniel Rafecas como procurador. Los dos tercios, esa mayoría agravada que los constituyentes pusieron para forzar la negociación política, en este siglo vienen un tanto esquivos. Situación que podría cambiar el 10 de diciembre. No porque alguien vaya a tenerlos -hasta a las mayorías absolutas hay que construirlas- sino porque los números estarán más parejos. En el Senado el peronismo-kirchnerismo caerá a 32 y el oficialismo subirá de 6 a 28.
La Corte viene doblemente coja desde principios de año. Es un cincopiés de tres patas desde que se jubiló Juan Carlos Maqueda, uno de los dos jueces abiertamente peronistas que la integraban. El otro es Rosatti, compañero de bancada de los Kirchner en la Convención Constituyente, y procurador del Tesoro y ministro de Justicia del presidente Kirchner. Ricardo Lorenzetti siempre procuró un perfil más académico, pero durante los once años en los que presidió la Corte no se privó de votar ocasionalmente muy al gusto de la Casa Rosada, como cuando se trató la constitucionalidad de la ley de Medios. Rosenkrantz, el cuarto miembro, académico cercano en su momento al alfonsinismo, es el único que nunca perteneció al planeta peronista.
Pero aún si no se lo contara dentro de ese planeta a Lorenzetti, es necesario recordar que la Corte Suprema que condenó a Cristina Kirchner a prisión -que la “proscribió” según ella-, tiene y ha tenido una considerable identificación con el peronismo. La impronta peronista, podría decirse, no ha sido excepcional. He aquí el primer gran absurdo de esta historia. A voz en cuello ella exclama que los poderes concentrados la persiguen por peronista.
Aunque hay un segundo absurdo y es mucho más estrafalario: Cristina Kirchner, quien no logró nombrar a ningún miembro de la Corte Suprema durante los ocho años en los que con fuerte concentración de poder gobernó el país, como presa puesta en prisión por la Corte pretende definir ahora quién debe cubrir una de las vacantes del alto tribunal. Es cierto que el gobierno hizo saber que desmentía la versión de que se estaba negociando la eventual incorporación de Fernández Sagasti y, por el oficialismo, del camarista Mariano Llorens, pero tampoco sería oportuno que admitiera la existencia de conversaciones. Todavía ni siquiera juraron los nuevos senadores.
Tercer absurdo: todos o casi todos deploran que desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco la Corte sea hegemónica y homogéneamente masculina. Pero nadie hizo demasiado por solucionarlo fuera de proclamar en los medios que urge integrar a una mujer. La postulación de Fernández Sagasti probablemente se deba a que la expresidenta no tiene a nadie más cercano y confiable que esta senadora mendocina, de quien no se recuerda ningún paso disonante con los lineamientos de su jefa política. Pero el género corre a su favor.
Tomadora de colegios en su adolescencia, fundadora de La Cámpora en Mendoza, Fernández Sagasti fue durante el gobierno de los Fernández quien llevó adelante en nombre de la vicepresidenta la causa de “soberanía alimentaria” de Vicentín, una expropiación que nunca se concretó y que hoy está judicial y financieramente enmarañada. Un lapsus suyo como expositora en el Senado le aporta humor a YouTube: hace un tiempo quiso decir Unión por la patria y le salió Unión por la plata.
Si finalmente fuera postulada y tuviera que pasar el proceso que impuso Néstor Kirchner con el decreto 222 de exposición pública de los candidatos a integrar la Corte, ese video probablemente se volvería muy visitado.
