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Conflicto de intereses y confianza pública
El nuevo gobierno recibió parte de su respaldo de los votos de personas indignadas por el saqueo de las arcas públicas y debe honrar esa misión de cambio
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LA NACION
La gestión de la secuela de la privatización y ulterior estatización del servicio de correos en que está involucrada una empresa de la familia Macri revela la necesidad de un abordaje serio de los conflictos de intereses, más allá de la ligereza con que unos y otros discurren sobre si el problema fue tratado de manera correcta en función de los intereses del Estado nacional y de la confusión que han instalado en la ciudadanía. El conflicto debió haberse gestionado y comunicado de manera sólida, permitiendo el escrutinio público de estudios independientes que demostraran que determinado acuerdo, total y no parcial, era sencillamente la solución menos mala entre las posibles ante un deudor concursado y, por definición, insolvente. Más aún cuando la solución aparece tan sólo un año después de la asunción de las nuevas autoridades y luego de más de una década de inexplicable postergación.
Pero más allá de este episodio hay otros conflictos de intereses que involucran a la familia del Presidente y a diversos funcionarios que vienen de desempeñarse en empresas privadas; por ejemplo, el caso de las aerolíneas low cost, que el Gobierno debe mirar con especial atención para no seguir afectando la confianza ciudadana. Y esto debe señalarse más allá de la poca credibilidad de los reclamos de pureza ética de quienes jamás siquiera los insinuaron frente al desparpajo de la corrupción sistemática del gobierno anterior.
La preocupación y el estado de alerta, como valores compartidos por los argentinos, frente a los efectos lamentables de la corrupción y los conflictos de intereses, deben ser bienvenidos, superando el aprovechamiento partidario que la cuestión muchas veces supone.
La conveniencia de contar con gente idónea en cada campo de la actividad privada que complemente a los funcionarios de carrera es irreprochable.
Muchas personas en esta administración están trabajando por una ínfima parte del salario que podrían ganar en el ámbito empresario, en el país o en el exterior, y nada permite presumir que lo hagan para enriquecerse. Pero como se trata precisamente de personas que asumen una función de regulación y control sobre los sectores en que antes hacían negocios, y a los que es previsible que algún día vuelvan, como gobiernan a ex colegas y competidores, es imprescindible que su actuación en cada caso concreto sea inmune a toda sospecha.
La transparencia no se agota en la tibia exigencia de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales ni en la existencia de una Oficina Anticorrupción que integra un ministerio del poder político, sencillamente porque nadie contabiliza el producto de la corrupción ni lo declara para pagar impuestos. Se trata de rodear cada actuación concreta en que pueda meramente sospecharse un conflicto de intereses de la máxima publicidad en cuanto a su proceso y de las explicaciones más completas en cuanto a su resultado. No es muy distinto de lo que ocurre con un juez, que debe excusarse si el demandado es su hermano, aunque en el caso se disponga a dictar la sentencia más justa que pueda imaginarse; si no lo hace, incurre en mal desempeño.
Las nuevas tecnologías permiten, en lo que se ha llamado "gobierno abierto", esa visibilidad y ese control como nunca antes en la historia de la humanidad.
El nuevo gobierno ha recibido buena parte de su respaldo de los votos de ciudadanos indignados por el saqueo a las arcas públicas por personas que no provenían, precisamente, del sector empresario, sino por políticos profesionales que no han dejado órgano de control sin copar o desmantelar y que, bajo las rimbombantes denominaciones de Justicia Legítima y democratización de la Justicia, pretendieron avasallar también el Poder Judicial. Debe honrar la misión de cambiar también en ese campo y comprender que los conflictos de todo tipo ocurren en el nivel de la percepción, sea que ésta coincida o no con la realidad.
Basta con que nuestro vecino sospeche que queremos robarle para que nuestra relación sea mala, aunque en verdad no tengamos esa intención. Ocurre que el liderazgo impone serlo también en valores. Exige no sólo la corrección, sino también la rendición de cuentas y, aunque suene retórico, debe llegar hasta el nivel de la ejemplaridad. "La mujer del césar no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo", reza una antigua máxima tan trillada como valiosa.
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