Conservadores, progresistas y populistas
Por Elvio Baldinelli Para LA NACION
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En una democracia los partidos políticos compiten ofreciendo al electorado las mejores opciones respecto de temas como paz internacional, seguridad interna, salud, educación, justicia y economía, entre otros. En lo que hace a esta última, las propuestas pueden resumirse en conservadoras, progresistas o populistas. De las tres, sólo las dos primeras aseguran resultados positivos sostenibles en el tiempo.
Los sectores conservadores suelen afirmar que subsidiando a los pobres se reduce la eficiencia de la economía, ya que los impuestos desalientan a quienes más y mejor trabajan, en tanto que los subsidios erosionan el esfuerzo de los menos favorecidos. En cambio, los progresistas insisten en que si se deja la distribución de la riqueza librada al juego de las fuerzas del mercado el resultado será un tal grado de inequidad que llevará a que amplios sectores de la población queden excluidos, poniéndose así en peligro la misma existencia de la comunidad. Tanto los conservadores como los progresistas tienen una parte de razón en lo que sostienen, motivo por el cual el resultado suele estar en la adopción de políticas que, sin afectar demasiado la eficiencia, aseguren un mínimo de equidad.
La consecuencia de esta búsqueda de equilibrio es que hoy resulte muy difícil saber en qué se diferencia el programa económico de los conservadores y los progresistas en países como España, Italia, el Reino Unido, Francia o EE.UU. En vista de que las posiciones son tan similares, la puja de los partidos, en lo económico, se centra en demostrar al electorado su mayor eficiencia y honestidad en el manejo de la administración pública, dejando la polémica para temas tales como si se debe o no enviar tropas a Irak o si se debe o no autorizar el matrimonio entre homosexuales.
En cambio, las ofertas que el populismo hace son bien diferentes: mucho bienestar para hoy sin considerar las necesidades de mañana. Así asegura empleo pleno sin tomar en cuenta la productividad, ofrece créditos sin pensar en el repago, usa fondos presupuestarios sin medir los ingresos, se endeuda en el exterior más allá de lo que se puede pagar, mantiene precios bajos descuidando las nuevas inversiones. Lamentablemente, todos los gobiernos que el país tuvo en los últimos sesenta años pecaron en, por lo menos, uno de estos temas. Frente a semejantes ofertas, les resulta difícil tanto a conservadores como a progresistas competir por el calor popular y sólo les cabe esperar a que, con el tiempo, el deterioro del nivel de vida que fatalmente deriva de estas políticas cambie el parecer del electorado. Ofertas demagógicas como aquéllas pueden perdurar por largos años cuando se trata de naciones dotadas de abundantes recursos naturales con mercados en el exterior y dueñas de una importante infraestructura desarrollada en tiempos menos dispendiosos, y esto es lo que nos ha sucedido a los argentinos.
La economía de mercado ha demostrado eficacia para producir riquezas, pero no asegura la eliminación de la pobreza ni del desempleo. Esta es la razón por la que los países desarrollados destinan enormes recursos fiscales para atender las necesidades de los desocupados, los enfermos, los ancianos, las familias sin padres. La dificultad en la Argentina para disminuir el desempleo y la pobreza está en que la proporción de la población a la que actualmente es menester ayudar es demasiado elevada como para que sea atendida con el solo recurso de los impuestos, ya que se calcula que más de la mitad de la población está en la pobreza. Hasta no hace mucho, el país no sufría tanta desigualdad: el aumento del desempleo llega al 20% de la fuerza de trabajo, si se incluye en él a quienes reciben subsidios de jefes o jefas de familia. Con más empleo genuino sería mucho más fácil atender los restantes bolsones de pobreza.
La creación de suficientes puestos de trabajo sólo puede resultar de la actividad empresarial privada, pero su expansión debe estar acompañada por una productividad y calidad suficientemente elevadas como para que los bienes y servicios que ofrezcan puedan competir con éxito tanto en el mercado local como en el internacional.
La Argentina y Australia tenían, a principios del siglo XX, similares niveles de vida altos, motivo por el cual comparar la evolución posterior de ambos arroja enseñanzas útiles. Quienes en el pasado más se beneficiaron de las riquezas naturales con las que Dios los dotó fueron, en la Argentina, los propietarios de las tierras, y en Australia, también los que poseían yacimientos minerales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de ambos países iniciaron políticas similares destinadas a lograr que un mayor número de personas se beneficiara con estos recursos. El método elegido fue impulsar el desarrollo de una industria de sustitución de importaciones mediante un arancel aduanero más elevado.
Pero una consecuencia no querida de estas políticas fue que en ambos países la economía se dividió en dos sectores diferentes. El agropecuario y el minero proveían las divisas necesarias, en tanto que las industrias manufactureras protegidas y las ineficientes empresas estatales de servicios distribuían la riqueza producida por el sector exportador entre un elevado número de asalariados, pero sin contribuir a la obtención de medios de pagos externos adicionales.
Para fines de los años 60, en Australia se comienza a cuestionar este esquema, hasta que, en 1973, se inicia la aplicación de políticas cambiarias, de apertura de la economía, fiscales y financieras tendientes a asegurar que las empresas no sólo crearan empleos, sino que también tuvieran una productividad tan elevada como para asegurar el crecimiento del país. Mientras tanto, en la Argentina se insistió en mantener durante demasiados años muy cerrada la economía.
En los tiempos en que la Argentina fue rica se optó por un distribucionismo que terminó frustrando un destino que parecía inevitablemente brillante. Como ya no somos ricos, ha llegado el momento de adoptar políticas similares a las que llevan adelante países exitosos, y como los partidos políticos ya no tienen en el populismo una alternativa posible deberían acordar entre ellos políticas de Estado que aseguren la equidad junto a un crecimiento de la economía similar al de aquellos países.
