Contra el desperdicio de alimentos

Básicamente, los bancos de alimentos son entidades públicas, privadas o mixtas que responsablemente reciben, recogen, almacenan y distribuyen alimentos excedentarios en granjas, panaderías, frigoríficos, mercados, verdulerías, molinos harineros, comercios, empresas lácteas e industrias alimentarias, hoteles, restaurantes, etc., para distribuirlos o redistribuirlos entre personas con hambre insatisfecha. Si en el mundo se desperdician alimentos y la protesta se hace sentir, imaginemos la situación argentina cuando el hambre (por carencia de todas las comidas personales diarias) afecta a buena parte de una población, la cual debe conformarse con ingerir -sin garantía nutricional- algunas de las comidas diarias biológicamente necesarias.

Todas las mediciones confirman el hecho de que millones de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad alimentaria en nuestro país. Los desperdicios de alimentos se encuentran en niveles récord: en el mundo se pierden o desperdician 1300 millones de alimentos cada año, esto equivale a cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano. En América Latina el número aproximado es de 127 millones de toneladas de alimentos (FAO, 2018).

Solo en nuestro país, uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos, casi 20 millones de toneladas de comida se arrojan cada año a la basura según datos de la FAO y de la Secretaría de Agroindustria. Ello equivale a más de un kilo por día y por cada habitante, algo pavoroso cuando más de un 30% de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, con penosas dificultades para alimentarse. El papa Francisco acaba de denunciar y condenar precisamente el derroche mundial de alimentos, como el del agua potable.

Ante la crisis económica y el silencio sobre el hambre que pasan demasiados argentinos, iniciativas de esta índole y gravitación para auxiliar a las comunidades que lo requieren y merecen debieran implementarse resistentemente, sin demora, de modo semejante al de organizaciones sin fines de lucro como la Red Mundial de Bancos de Alimentos o The Global Food Banking Network, que -además- reciben donaciones por parte de empresas públicas y privadas, y así vienen trabajando en las tareas de recuperación y ecuánime aprovechamiento equitativo de alimentos, materias primas e insumos actualmente desperdiciados.

Con estas acciones no solo podremos reducir las pérdidas y los desperdicios, sino que además podemos socorrer a más personas en condición de vulnerabilidad, para que digna y oportunamente dispongan de alimentos básicos suficientes; personas que en nuestro país sobrepasan en millones el número de conciudadanos afectados por esta verdadera calamidad en el país del pan, fecunda y valiosa tierra argentina, que paradójicamente -sin hesitación- produce alimentos para satisfacer el hambre en diez veces más del número de sus habitantes actuales.

En efecto, de acuerdo con el último informe oficial del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA, la pobreza alcanza ya al 51,7% de los niños argentinos, el nivel más alto de la década, afectando a 6,7 millones de chicos. Un 29,3% (3,8 millones) tuvo déficit alimentario y un 13% (1,7 millones) directamente pasó hambre durante 2018. Estos números son los peores de la última década, algo que no extraña, dada una inflación superior al 50% interanual, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, el cierre de pymes, demasiada capacidad industrial instalada ociosa tanto como un incremento del desempleo formal, ello entre las adversidades sociales más relevantes.

La situación empeora en el conurbano bonaerense, donde un 63,6% de los niños son pobres y un 15,4% son indigentes, no llegando a cubrir sus consumos alimentarios básicos. Según dicho informe, de acuerdo con el Indec, habitan en la Argentina 13,1 millones de niños y adolescentes, entre 0 y 17 años. Nuestro país destina asignaciones universales por hijo a 3,8 millones de niños (3,9 millones si se suma la cobertura a hijos con discapacidad). O sea que un 30% de los argentinos entre 0 y 17 años recibe ayuda social del Estado.

Urge entonces organizarnos solidaria y mancomunadamente para aprovechar hasta el último gramo de alimento disponible y actualmente desperdiciado. Respecto del hambre humana, su neutralidad política, racial, religiosa, geográfica, de género y de nacionalidad es definitiva e innegociable. Ante semejante estado de cosas -sin perjuicio de la ley 25.989 (régimen especial para la donación de alimentos) la ley donal y sus modificatorias- se nos ocurre que desde la Mesa de Enlace, la Sociedad Rural, Coninagro, la UIA, la FAA, la CAME, las universidades (facultades de agronomía), las iglesias y ONG y toda otra entidad agrícola, ganadera, industrial y comercial, se podría contribuir sustancialmente en la implementación sustentable de sistemas alimentarios multipropósito y de macroinflujo puestos en red, todo desde un enfoque de economía circular, colaborativa, relacionalmente cooperativa, capaz de aprovechar productos primarios, insumos, descartes y residuos generados por toda actividad humana, mecánica y tecnológica relacionada con alimentos aptos para un consumo humano seguro.

Finalmente, advertimos que proponer una red de este alcance y naturaleza debe ser algo coyuntural, solo para atemperar o satisfacer provisoriamente el hambre humana allí donde se padezca. Revertir y resolver la misma, estructural y duraderamente, requiere de políticas públicas federales impostergables conforme previsiones constitucionales e insoslayables partidas presupuestarias suficientes.

Investigador Cijs / UNC. Experto CoNEAU/Cooperativismo. Premio ADEPA-Faca, 1990

Roberto Fermín Bertossi