Copar la Corte, recurso del kirchnerismo declinante
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PARA LA NACIONJorge Enriquez
En la tradición peronista, ya se vista de derecha o de izquierda, es inconcebible que la Justicia sea independiente. En especial, los gobiernos de ese signo buscan desde el primer momento contar con una Corte Suprema adicta. Perón sentó el precedente en el inicio de su primera presidencia: como disponía de amplias mayorías en el Congreso, las usó para remover a los jueces del alto tribunal (salvo al que había designado el gobierno de facto del que él fue una figura protagónica) y llenar las vacantes con lo que hoy llamaríamos jueces militantes. Menem, que no contaba con esas mayorías, hizo ampliar el número de jueces de la Corte para licuar la conformación anterior mediante una “mayoría automática”. Néstor Kirchner recurrió también al juicio político, ayudado por la opinión pública mayoritariamente antimenemista de 2003.
Alberto Fernández, durante su encarnación de inesperado candidato presidencial en 2019, dijo que no tenía ningún reproche que hacerle a la Corte y que no la modificaría. Más: saludó entusiastamente las designaciones que había hecho Macri, con acuerdo del Senado, con mayoría kirchnerista. De aquellos tiempos al presente, impulsado por oscuros intereses, ahora apoya el proyecto kirchnerista de ampliarla a 25 miembros.
De ser aprobada la propuesta normativa, se trataría de un salto espectacular. La Corte tuvo generalmente cinco ministros; fueron siete durante parte de la presidencia de Arturo Frondizi; Menem los llevó a nueve; en 2006, Cristina Kirchner, como senadora, propició una ley que retornaba el número a cinco. Sería bueno saber, ya que antes alentó esa disminución, qué la lleva ahora a respaldar un aumento tan desproporcionado. En verdad, ya lo sabemos, pero son fundamentos que no se pueden escribir en un proyecto.
Lo que se ha escrito (y lo que repite el Presidente al recitar el libreto del Instituto Patria) es que se busca una Corte “federal”. En otras oportunidades se había usado como excusa agilizar el funcionamiento del tribunal, argumento ridículo porque con más jueces los expedientes tardan más tiempo en circular. El “federalismo” es no menos desopilante. La Corte es ya federal. Es la cabeza del Poder Judicial federal. Pero se pretende que lo será verdaderamente si está integrada por jueces de todas las provincias. El texto del proyecto que hace poco ingresó en el Senado no establece expresamente esa distribución, pero así lo vienen señalando los promotores de la iniciativa.
Esa Corte elefantiásica se constituiría, entonces, en una suerte de Senado paralelo, pero con funciones jurisdiccionales. Representaría, se dice, a las provincias, pero los tribunales judiciales no tienen carácter representativo. ¿El juez riojano, al fallar, debería aplicar el derecho vigente o estar atento a los intereses de su provincia (o, mejor dicho, a los del gobernador que lo propuso)?
El proyecto es vergonzoso. Su motivación es notoriamente falsa, además de absurda. Si el gobierno nacional tuviera un espíritu federal, no le habría quitado unilateralmente recursos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Es la eventual sentencia de la Corte en la causa que por este tema inició el gobierno porteño lo que generó esta nueva ola de presiones y agresiones contra el alto tribunal. Cualquier excusa les resulta útil. Días atrás, con motivo de una conferencia que el doctor Carlos Rosenkrantz dio en Chile, en la que expuso impecablemente los problemas que suscita para la operatividad de los derechos sociales el hecho de que los recursos sean escasos, lanzaron contra él una campaña infame.
No se deberían esforzar mucho con los argumentos. Nadie con dos dedos de frente ignora el fundamento real del proyecto: subordinar la Corte al poder político. Es un propósito funesto, pero para nada sorprendente: Cristina Kirchner no se cansa de decir que la división de poderes es una rémora del pasado.
Quizá la iniciativa sea aprobada en el Senado. Es improbable que lo sea luego en la Cámara de Diputados. Pero debemos permanecer en estado de alerta. Es cierto que, si se sancionara, el oficialismo no contaría con los dos tercios de los presentes que, desde la reforma constitucional de 1994, se exigen para el acuerdo de los jueces de la Corte en el Senado. Sin embargo, el kirchnerismo podría recurrir a maniobras amañadas para cubrir las vacantes transitoriamente. Es imperioso, entonces, para la salud de la república, que este proyecto no se convierta en ley. La sociedad, que ha sabido movilizarse para frenar otros abusos, debe tomar conciencia de lo que ahora está en juego.
Exdiputado nacional; presidente de la Asociación Civil Justa Causa
Tipo de trabajo:
opinión
