
Coparticipación: el riesgo de tener un presidente sin convicciones
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“Expresamos el categórico rechazo al traspaso de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño por parte del Estado Nacional sin su correlativa asignación presupuestaria”.
Así comenzaba el Proyecto de Declaración que presentaba el actual presidente Alberto Fernández cuando era legislador porteño por Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo. Seguramente el Presidente recordará aquel 18 de julio de 2001 cuando siendo legislador, acompañado por el actual secretario general de su gobierno, Julio Vitobello, y el hoy diputado nacional Eduardo Valdez, instaban al Poder Ejecutivo de la Ciudad “a que arbitre los mecanismos necesarios para garantizar que el traspaso aludido se efectivice a la brevedad acompañado de las partidas pertinentes”. Además, ese día señaló: “Evidentemente no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República. Debe tenerse muy presente cómo la cifra indicada influye en el presupuesto general de la Ciudad y correlativamente como ello afectará la calidad de vida de sus habitantes. De no incrementarse la presión impositiva en la jurisdicción que produce casi un tercio del PBI nacional a efectos de satisfacer esos servicios esenciales, se deberían cercenar los gastos de otras áreas tan vitales como salud o educación, por ejemplo”.
Hoy, Alberto Fernández es presidente y dice y hace todo lo contrario.
Los cambios de opinión son moneda corriente en él, sobre todo desde que su reconciliación con Cristina Kirchner, que derivó en su candidatura, incluyó someterse a sus directivas. Vale recordar que el Presidente no tuvo empacho en modificar sus posturas que eran públicas a través de declaraciones y acciones críticas sobre temas muy delicados, como la responsabilidad de la expresidenta y varios de sus funcionarios en hechos de corrupción, pero también más sensibles, como su alarmante cambio de postura sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman, una postura tan antagónica como sugestiva y obscena, así que no debería sorprendernos que cambie de postura sobre los fondos coparticipables atados al traspaso de servicios públicos.
Lo que sí es interesante destacar, por lo peligroso que resulta para el sistema, es cómo el Presidente, para atenuar sus contradicciones y yerros de gestión, rebasa el filo de la convivencia republicana con amenazas sobre un juicio político sin chances concretas de llegar a buen puerto porque ni siquiera la totalidad de los gobernadores peronistas lo acompañan en su iniciativa contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, uno de los tres conjueces peronistas, los otros son Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sobre un tribunal compuesto por cuatro magistrados. Es decir que el PJ está representado en un 75% en el máximo tribunal, el problema no es ideológico o de alcance partidario, es simplemente no aceptar que prestigiosos juristas fallen en contra de sus decisiones. El mismo Colegio de Abogados se pronunció ayer con preocupación por este arrebato institucional, al señalar: “El pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por no coincidir con sus fallos es un hecho de suma gravedad institucional que no respeta las exigencias del texto constitucional”.
El Gobierno sabe que es una iniciativa más mediática y de desgaste sobre la Corte Suprema, y especialmente contra Rosatti, pero no dejará de impulsarla porque el “apriete” está en el ADN del kirchnerismo, lo ejercen directamente, como en este caso, o a través de actores aliados, como dirigentes políticos, gobernadores, sindicalistas, medios de comunicación, la AFI y hasta lo encarnan algunos representantes de organizaciones que hace rato solo sostienen el sello de los Derechos Humanos y se convirtieron en una agencia de tercerización de políticas del kirchnerismo. Todos son funcionales cuando llega el momento de apretar o escrachar públicamente a algún opositor, funcionario judicial, empresario o periodista.
Ayer el presidente defendió su proyecto de juicio político contra Rosatti mientras insistía en mostrarse como “un porteño que se pelea mucho contra su ciudad” e instó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a que “la Ciudad deje de lado su opulencia”. Todo lo contrario, a lo que pregonaba y accionaba como legislador del partido que lideraba Domingo Cavallo, de quien además era su operador, y era aliado y compañero de bancada de Elena Cruz, conocida defensora del dictador Jorge Rafael Videla. Ese día de 2001, Fernández argumentaba con datos precisos la necesidad de no traspasar esos servicios a la ciudad sin los fondos correspondientes, y hablaba de lo injusto que sería para la ciudad terminar financiando a otros distritos con presupuestos desordenados. Se trata de los mismos fondos que quitó a los porteños hace más de dos años de modo intempestivo y arbitrario y que ahora debe devolver a la ciudad de Buenos Aires por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Este cambio de opinión de Alberto Fernández podría ser uno más de su tan cambiante trayectoria política que se ha caracterizado por la ausencia de pensamiento propio o de sus constantes reemplazos de posiciones de acuerdo con lo que indican o necesitan sus jefes políticos de turno.
Pero esta vez, en su necesidad de justificar una nueva contradicción atada a la intención de ocultar una pésima gestión, el Presidente está poniendo en jaque la independencia de poderes que necesita toda democracia para sentirse plena. Así, de a poco, se corroen los cimientos de una justicia independiente que repercutirá en la calidad de vida de todos. Sin un poder judicial que garantice derechos y arbitre justicia imparcialmente será peligroso tener razón y plantarse con ella como argumento ante el poder político de turno.
Será tarde para advertirlo, aunque si esto llegara a suceder, seguramente Alberto Fernández habrá cambiado de opinión nuevamente.






