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Coronavirus. La opinión no es un delito, perseguirla, sí
La pandemia nos pone frente a una situación excepcional y de emergencia. Como nación bajo un sistema presidencialista, la sociedad delega en las autoridades del Ejecutivo Nacional la toma de decisiones para afrontar la crisis y superar sus consecuencias.
Esta delegación no supone saltearse los límites constitucionales ni ignorar la importancia de los roles del parlamento, la justicia y las fuerzas policiales. Los ciudadanos acordamos limitar la libertad de circulación acatando la cuarentena obligatoria dispuesta por el Decreto 297 pero de ninguna manera esa delegación implica que la libertad de expresión pueda sufrir limitación o patrullaje.
Las nuevas tecnologías de internet, el 5G, y las posibilidades que nos brinda la Inteligencia Artificial aplicada al manejo de grandes volúmenes de información (Big Data) nos colocan frente a una gran oportunidad para combatir la enfermedad, cooperar internacionalmente y acelerar los resultados científicos en busca de una cura o una vacuna.
Vemos cómo en Valencia, o en Wuhan los desarrollos de las TIC’s permiten el trackeo del contagio siguiendo la señal de los celulares de la población y sus movimientos. Estas aplicaciones y la información que brindan las redes móviles son, sin duda, un gran aporte a la lucha contra un virus letal y desconocido pero si esa información exhibiera datos personales de los usuarios, el riesgo de vulnerar el derecho de intimidad de las personas sería alto.
En el mismo sentido, las redes sociales, las plataformas de contenidos y las aplicaciones como WhatsApp o Zoom se han vuelto prioritarias en la vida en tiempos de distanciamiento social. Cómo en el mundo analógico, el medio digital para la difusión de ideas y opiniones no puede ser censurado, ya que la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, establecen a la libertad de expresión como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Es importante reforzar este concepto dado que en las últimas semanas hubo dos noticias provenientes del Gobierno que tocan esos límites de manera riesgosa.
El concepto infodemia fue mencionado por las autoridades sanitarias como negativo para el combate de la crisis sanitaria. Si consideramos que la desinformación o las fake news son un fenómeno preocupante en todo el mundo tomaríamos, como país, un buen camino brindando información pública seria, transparente, precisa y al alcance de todos. Allí donde exista desinformación o difusión malintencionada, la información oficial cumpliría la función de neutralizarla. Pero creer que la infodemia habilita a la agencia de noticias estatal, Telam, a evaluar, contrastar, juzgar o rechazar información de distintas fuentes nos pone un paso más cerca de lo que no hay que hacer. La manera de contrarrestar las fake news siempre debe partir de grandes consensos. En el Parlamento Europeo, en Francia, Reino Unido y Alemania se avanza en medidas y leyes, alguna de ellas todavía en debate. Los fact-chequers, en distintos países, suelen ser organizaciones periodísticas -como en nuestro país Chequeado-, o las mismas plataformas de contenidos que advierten viralización maliciosa de alguna noticia, y que actúan, sin censurar, aclarando la falta de confiabilidad de una fuente. Cuando el Estado se arroga la facultad de asignar un sello de veracidad a la información excede su rol y condiciona la pluralidad informativa.
Un estudio reciente del Reuters Institute arroja que el 59% de las fakes news nacen de información existente que se distorsiona o se publica fuera de contexto. La desinformación viralizada a partir de posteos de políticos y famosos representa el 69% de todas las interacciones sociales de la muestra. Su eco es mucho más influyente en el debate público que el resto. Pensemos entonces, la afirmación del Presidente sobre que el coronavirus no sobrevive a las bebidas calientes. ¿Puede ser considerada una fake, o noticia maliciosa, ser pasible del chequeo de Telam o llamar la atención de las patrullas virtuales de la provincia de Misiones que persiguen las noticias falsas sobre el coronavirus en las redes? Claro que no, el Presidente recortó la información de una opinión que circulaba y, luego la rectificó conformando un comité de epidemiólogos que lo ayudan a tomar las medidas basándose en fuentes calificadas.
La libertad de expresión y la opinión pública, como dijimos, no pueden ser tuteladas. Una frase de la Ministra de Seguridad generó la segunda alerta. Monitorear las redes sociales para "conocer el humor social" no corresponde, menos si quien lo hace son las fuerzas policiales. Las divisiones de ciber crimen son necesarias y han sido muy eficientes durante los últimos cuatro años en el desarme de redes de pedofilia y trata, combate al grooming, o incitación a la violencia. No debe confundirse la investigación criminal con un rol de contemplación sociológica, las fuerzas no realizan modelos teóricos ni filosóficos del humor social, las fuerzas vigilan para prevenir, investigar y combatir delitos siempre como auxiliares del poder judicial, guiados por jueces o fiscales. Confundir esos bordes puede generar desconfianza y es por ello que las autoridades se comprometieron revisar esos procedimientos.
La opinión de los ciudadanos en las redes constituye hoy la nueva plaza pública. Twitter o Facebook serían como el Obelisco de la interacción virtual ciudadana. La protesta, el disenso, el derecho a peticionar a las autoridades constituyen garantías constitucionales. Todos los que valoramos la democracia sostenemos: la opinión no es delito, perseguirla sí lo es.
La autora fue Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y ex Presidenta de ENACOM
