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Corrientes, intervenida
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La intervención federal a la provincia de Corrientes, dispuesta por el Congreso de la Nación a instancias del presidente de la República, aparece como la respuesta inevitable a la gravísima crisis institucional y social que afrontan hoy los correntinos.
Se llegó a esa situación extrema por la manifiesta incapacidad de la dirigencia política local -con sólo unas pocas y honrosas excepciones- para resolver los problemas de un territorio provincial que ha sido gobernado, especialmente desde 1993, con todos los vicios del caudillismo clientelista y demagógico, con una pertinaz irresponsabilidad en el manejo de las cuentas públicas y con visible menosprecio por los principios básicos de la organización republicana.
Una provincia sumida en un total desquicio administrativo, en la que se adeudan salarios públicos por un monto de 135 millones de pesos y en la que los paros docentes dejaron prácticamente inactivo al sistema educativo, al extremo de que se resolvió promover automáticamente a todos los alumnos de la escuela primaria al grado superior, difícilmente podía eludir, a esta altura, el remedio de la intervención.
El estado de convulsión social que vive Corrientes -donde activistas de varios gremios han cortado vías de comunicación esenciales, como el puente que conduce al Chaco, ante la impotencia de las fuerzas de seguridad- revela que las autoridades actuales están desbordadas y que están cumplidos los requisitos constitucionales para que la autoridad federal concurra a restablecer el orden. Más aun cuando ni siquiera se sabe ya dónde reside la legitimidad del poder, pues dos gobernadores interinos se autoatribuyen al mismo tiempo la titularidad del gobierno.
La situación de ahogo financiero que sufre Corrientes -sometida a cuatro intervenciones en el término de diez años- es el resultado de sucesivas gestiones de gobierno que no se preocuparon por buscar una solución estructural estable para la economía de la provincia, como lo demuestra su actual estado de endeudamiento, que supera los 1500 millones.
Pero tan grave como el descalabro económico es la creciente sensación de que la confianza popular en los dirigentes políticos locales se ha ido extinguiendo, lo cual no debe extrañar, dada la suma de acusaciones por actos de corrupción que pesa sobre los hombres que ejercieron en los últimos años la conducción de la provincia. El ex gobernador RaúlRomero Feris está acualmente procesado por malversación de fondos y asociación ilícita. Su sucesor, Pedro Braillard Poccard, fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
El desprestigio de casi todas las instituciones provinciales -incluida la Justicia, sometida a un proceso lamentable de politización- justifica que el gobierno nacional haya extendido la intervención a los tres poderes. Se ha establecido que la intervención durará 180 días y que ese plazo será prorrogable por una vez. Está bien que sea así: las intervenciones federales deben ser breves y enérgicas. Su misión es colocar a la provincia afectada, cuanto antes, en situación de restablecer el pleno imperio de sus instituciones democráticas.
Es de esperar que la intervención pueda resolver con la inmediatez necesaria la emergencia económica que padecen hoy los correntinos y pueda regularizar mínimamente las finanzas provinciales. Y que en el menor lapso posible pueda devolver a la ciudadanía de Corrientes el legítimo ejercicio de sus derechos cívicos, en el contexto de paz y seguridad que hoy está faltando.
En un plano más amplio, cabe desear que otras provincias castigadas por agudas tensiones sociales se miren en el espejo correntino y sepan evitar a tiempo el agravamiento de sus crisis, a fin de no generar situaciones que obliguen a reiterar el uso del remedio federal. Un remedio siempre indeseable, sólo aceptable en situaciones de extremada gravedad.
