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¿Costo país o derecho país?
Por Eduardo Bustelo Para La Nación
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El denominado "costo argentino" que los empresarios pagan y con el cual contribuyen al financiamiento de la política social les permite funcionar como agentes con responsabilidades plenamente asumidas. Pero, al mismo tiempo, esos "costos" sociales se transforman en una carga insuperable cuando los empresarios tienen que competir en mercados libres y globalizados en donde hay otros países en los que las empresas no pagan los mismos niveles de impuestos, ni los mismos salarios, ni las mismas contribuciones a los sistemas de protección social. En otras palabras, en un mercado libre globalizado, la "ventaja" consiste, a igualdad de condiciones, en tener costos más bajos que los competidores, provengan éstos indiferentemente del trabajo, de los impuestos o de diversas regulaciones.
Un caso patético es el costo de mantener un medio ambiente sano. Así, un país que protege su medio ambiente con regulaciones a la industria tendrá una desventaja comparativa importante respecto a otro país al que no le interesa la protección ambiental. Los países ricos pueden compensar a las empresas que "pierden" competitividad al absorber los costos de protección ambiental, o pueden transferir industrias a los países más pobres, donde las exigencias en materia de protección del medio ambiente son mínimas. Así, los países más ricos serán los más "limpios", y los menos desarrollados, los más "sucios".
"Ventajas" de la desigualdad
Lo mismo sucede con la política social. Para que funcione integrada con la economía, se requiere principalmente una política de empleo productivo e ingresos que permitan a las personas acceder, por lo menos, a un paquete de bienes y servicios básicos a lo largo de su vida. En un mercado completamente desregulado como en el presente, los capitales se dirigirán, en condiciones iguales, a los países que les ofrezcan los más bajos costos laborales _incluyendo los salarios y la flexibilización_ y las más altas excepciones fiscales. Así, la "competitividad" fuerza a los países a frenar las políticas sociales y puede hacer de la pobreza una importante "ventaja comparativa" en el comercio internacional. Es cierto que hay significativas variaciones con respecto a la calificación de la mano de obra. Pero, a igualdad de calificación, se nivela por salarios más bajos y sistemas de protección social que impliquen un menor costo fiscal.
Frente a esta realidad, una primera actitud sería el laissez faire : que el mercado siga operando "eficientemente" dejando lo poco que se pueda hacer para mantener la cohesión social al "sistema de la piedad" a través de programas humanitarios focalizados para "contener" la pobreza. La hipótesis subyacente sería que la pobreza no es sistémica sino coyuntural.
Una actitud diferente llevaría a adoptar un punto de vista en el que la gente no fuera "el" problema sino parte de la solución del problema. No es redundante sub-rayar aquí que la gente significa, "nuestra gente" y que, por lo tanto, no podríamos continuar llamándola "costo argentino".
Cooperación internacional
Desde el punto de vista operacional habría que definir una política social externa o añadir una "dimensión social" a la política exterior. Esto comprendería:
- Un enfoque distinto de la cooperación y el comercio internacional, basado en el concepto de ciudadanía social, que implica el reconocimiento de derechos asociados a la primacía absoluta de la condición humana: el capital y la riqueza no son fines en sí mismos sino sólo medios para el bienestar de la gente.
- Un planteo en todos los foros internacionales, particularmente en la Organización Mundial del Comercio, para la erradicación de la práctica del dumping social.
- La firma de una carta social con los países del Mercosur para establecer niveles comunes de protección social.
- La regulación del coeficiente de apertura de la economía, dando tiempo para una reconversión productiva con la gente y para la gente.
- La vigilancia permanente, en todo lo que se importa al país, del componente social de los productos y servicios, implementando medidas arancelarias o paraarancelarias para discriminar positivamente entre quienes protegen y quienes explotan a la gente.
La única regla válida en economías realmente competitivas y abiertas es el "proteccionismo" que defiende a la gente. La competitividad pasa por aumentar la productividad real y no por la ficción de una productividad especulativa consistente en evitar pagar impuestos justos o en dejar de generar empleos calificados con salarios adecuados. Así, en vez de preocuparnos por bajar lo que equivocadamente denominamos "costo país", pasaríamos a defender con rigor el "derecho país".
