Crimen en Lanús: nadie quiere hablar de la Justicia

La muerte de Morena Domínguez en Lanús forzó a suspender los actos de cierre de campaña previstos por el oficialismo y la oposición. Un gesto que alcanzó al conversatorio con Sergio Massa en el teatro Argentino y que los intendentes peronistas del conurbano juzgaban como una excentricidad incomprensible de Antoni Gutiérrez Rubí. Pero el crimen que le costó la vida a la menor asaltada por motochorros camino al colegio también volvió a poner en debate el rol del Poder Judicial frente al delito.

Un tema prolijamente omitido por la abrumadora mayoría de los candidatos en las propuestas que dieron a conocer en materia de seguridad. O, dicho de otro modo: no está claro qué política criminal desarrollarían si llegan a ser gobierno. Julio Alak podría haber dejado un indicio inquietante. Instó a “sacar a la Gesta Pro de La Plata.” El mismo argumento utilizado por Mariano Bruera en el alegato político que difundió en las redes antes de ser condenado a seis años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bruera fue condenado por el TOC N°2 de La Plata a seis años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos por recibir coimas a cambio de medidas de excepción del Concejo Deliberante para rezonificar tierras en La Plata. Mariano Bruera fue funcionario de ese municipio en la gestión como intendente de su hermano, Pablo. Declarado archienemigo de Alak desde 2007, cuando Bruera consiguió desplazarlo de ese cargo y ponerle fin a sus cuatro mandatos consecutivos.

El oficialismo inventó el neologismo Gesta Pro para aludir a la causa abierta por la supuesta tarea de inteligencia que habría precedido a la detención y condena de Juan “El Pata” Medina en 2017 por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Medina era entonces el titular de la Uocra La Plata. La Cámara Federal de Casación Penal lo sobreseyó de esos cargos en junio de este año. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, investiga la denuncia por esa supuesta tarea de inteligencia contra Medina que se habrían planificado con reuniones en el grupo Bapro.

Julio Garro participó en una de ellas. Garro es intendente de La Plata e igual que Axel Kicillof aspira a ser reelecto. Alak es el ministro de Justicia del gobernador que, a la vez, lo impulsa para competir con Garro como intendente de Unión por la Patria. Mario Secco fracasó en los intentos de involucrar a Julio Conte Grand con esa denuncia. El intendente de Ensenada no consiguió la adhesión de sus pares del conurbano para que acompañen en la Legislatura los intentos llevados adelante por la diputada y exsecretaria de Seguridad de Secco, Susana García.

García procuraba sumar pruebas para que prosperara el juicio político a Conte Grand. Una iniciativa que dependía de una mayoría calificada que el Frente de Todos no pudo reunir en la Cámara de Diputados. Conte Grand es el Procurador General bonaerense. Es decir: el jefe de todos los fiscales. Durante el mandato de Axel Kicillof avanzaron los juicios políticos iniciados durante el de María Eugenia Vidal y que derivó en la destitución de los jueces de Garantías César Melazo y Silvio Carzoglio y el del Tribunal de Casación Penal, Martín Manuel Ordoqui, entre otros.

Alak es sindicado en algunas versiones por intervenir activamente para dilatar esos procesos gracias a la aparente influencia que ejercería sobre Claudio Bernard, vicepresidente del TOC N° 2. El mismo que condenó a Bruera y que concedió prisión domiciliaria a Melazo. Aunque en este caso con el voto disidente de Silvia Hoerr, su titular. En su alegato contra Bruera, Bernard hizo hincapié en que el fiscal de esa causa, Jorge Paolini, se limitó solo a intervenir las comunicaciones telefónicas de algunos de los condenados, pero no el de Pablo Bruera.

Paolini era mencionado en versiones extraoficiales como el fiscal acusador en el juicio oral y público contra Secco por coacción agravada, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la labor legislativa. Los cargos que se le imputaron al intendente de Ensenada por irrumpir en diciembre del 2017 en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense mientras discutía la derogación del régimen de privilegio para los jubilados del Bapro. Elevada a juicio oral y público en 2019, la causa prescribió el mes pasado por la demora del TOC N°2 en fijar la fecha de su realización

Secco fue sobreseído sin convocar al juicio. Paolini llegó a notificar que actuaría como fiscal horas antes que la causa sea cerrada. Otra supuesta gestión exitosa de Alak. Presuntamente para compensar que García no pudo renovar su banca de diputada. El intendente había perdido de vista la causa en su contra el año pasado, cuando Juan Pablo Caniggia fue apartado del cargo de fiscal por no apelar la prisión domiciliaria de Angel “Pipi” Yalet, involucrado en la banda dedicada al robo de autos y viviendas que lideraba el exjuez Melazo.

Caniggia fue fiscal de esa causa, cuyas novedades habría hecho llegar a través del matrimonio compuesto por sus colegas Hugo Tesón y Virginia Bravo, confidentes de Secco. Bravo tiene a su cargo la investigación para resolver el misterio sobre los 28 millones de pesos hallados en el auto de Julio “Pipo” Lleral. El empleado del bloque Unión por la Patria en el Senado bonaerense que justificó con una factura de materiales de la construcción la supuesta inversión inmobiliaria que iba a realizar con ellos. Bravo todavía no llamó a Lleral a declarar.

El Consejo de la Magistratura de la nación suspendió preventivamente a Matías, Juan y Sebastián Más. Los dos primeros son hermanos y empleados del área de maestranza. Sebastián es el padre de ambos y titular de la oficina de Enlace, encargada de la seguridad edilicia de ese cuerpo. Matías y Juan fueron detenidos el 10 de julio en La Matanza por el secuestro extorsivo de un narco y su hijo. La Justicia Federal de Morón los acusa de haber provisto la logística necesaria: lugar de cautiverio, armas y autos.

Sebastián Más es responsable del parque automotor del Consejo de la Magistratura. Pero también de la vigilancia por cámaras y de la custodia que realizan efectivos de la Policía Federal. La mayoría de los consejeros arrienda oficinas fuera del edificio Paraná al 300 donde tienen despachos. La sospecha es que son escuchados por un sofisticado sistema de micrófonos colocados cuando se instalaron las cámaras. Por la resolución 731, Miguel Piedecasas le cedió a Más ese monitoreo.

Piedecasas presidió el Consejo de la Magistratura entre 2016 y 2018. Su llegada a ese organismo suele ser atribuida a Ricardo Lorenzetti. Tal vez porque, como el vocal de la Corte, es nativo de Rafaela. Además de egresado y docente de la Universidad Nacional del Litoral. Sebastián Más está involucrado en la causa N°4216 del 2017 radicada en el juzgado federal N°12, vacante desde que Sergio Torres renunció para asumir en la Corte bonaerense. Desde el 2018 lo subroga el juez Ariel Lijo.

Esa causa no registra avances desde que Agustín Cinto la inició con una denuncia donde puso en duda que la custodia del Consejo sea realizada siempre por la policía federal. La especulación es que supuestos espías habrían participado de ellas. Cinto fue administrador general del Consejo hasta poco después de realizar esa denuncia. Sebastián Más no aparece por ahora vinculado a la causa en la que se investiga a sus hijos.

El Consejo de la Magistratura selecciona los jueces que designa el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. También es el organismo donde se inicia el proceso para su destitución.