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Crímenes sin castigo
Por José Miguel Onaindia Para LA NACION
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En un nuevo fin de año, nuestro país padeció las consecuencias del persistente colapso de su sistema institucional. Esta vez las cifras demuestran con fría elocuencia la magnitud de la tragedia: ciento noventa y dos muertos, centenares de heridos y miles de vidas modificadas para siempre por el dolor y el espanto. La sociedad argentina intenta dilucidar las causas de los hechos y sus responsables.
Para que la trama quede descubierta, es necesario separar las responsabilidades de individuos y funcionarios que con sus acciones u omisiones constituyeron la causa inmediata de los hechos, de la suma de situaciones que permitieron que esos sujetos pudieran provocar un acontecimiento de tan luctuosos resultados. Si queremos arribar a un buen destino, deberemos indagar los matafóricos "crímenes" cometidos repetida y cotidianamente contra el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y la vigencia de su orden jurídico, porque la catástrofe tuvo esa dimensión por el incumplimiento persistente de las normas constitucionales y legales que intentan ordenar nuestra convivencia. Y para esas conductas no ha existido castigo de ninguna índole: ni político, ni social ni penal.
Sólo si rastreamos "el tortuoso camino que condujo hacia el abismo" (Juan José Sebreli, Crítica de las ideas políticas argentinas), podemos advertir, al menos desde la ciencia jurídica, que la resistencia a ordenar las conductas de gobernantes y gobernados a las normas es el hecho que caracteriza con mayor nitidez el comportamiento social de los últimos años de nuestra historia y que ha impedido a nuestro país lograr la armonización de calidad institucional y bienestar general en la forma exigida por una democracia contemporánea.
Si "autoritarismo" fuera un verbo, en la Argentina se conjugaría en presente continuo, porque la política se concibe como la práctica de acumular poder en desmedro de la distribución de funciones que nuestra Constitución prevé y se olvida sistemáticamente el concepto de "bien común" para reemplazarlo por la búsqueda de la satisfacción del interés individual o corporativo. La República de Cromagnon se convirtió así en una oscura representación simbólica de esas conductas colectivas, porque en el territorio de la tragedia nadie pensó en el interés de todos y en el cuidado conjunto de sus ocasionales habitantes.
Como señala Alain Touraine en ¿Qué es la democracia?, la democracia se debilita cuando los grupos gobernantes se comportan como oligarquías que acumulan recursos políticos y económicos con la finalidad de imponer sus decisiones a los ciudadanos reducidos al papel de electores, y también cuando éstos eligen la violencia y el caos para formular sus reclamos.
Creo que es el momento de advertir los múltiples medios que nuestro sistema jurídico ofrece para que la sociedad civil participe en forma más directa en la toma de decisiones e impulse la sanción eficaz de los repetidos "crímenes institucionales" que nos han conducido a tan lamentable situación.
Nuestra Constitución nacional ha incorporado, a partir de la reforma de 1994, el mecanismo de la iniciativa legislativa, que si bien fue severamente restringido por la ley 24.747 que reglamenta su ejercicio, es un instrumento idóneo para impulsar la derogación y la reforma de las normas que han alterado sustancialmente la división de funciones entre los diferentes órganos del Estado y han permitido una inusitada concentración de poder en el Ejecutivo.
También por esta vía se puede obligar a que el Congreso cumpla con el tratamiento y sanción de las importantes leyes que quedan aún sin tratamiento y resultan indispensables para el saneamiento de la forma de gobierno.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no solamente prevé este mecanismo en el orden local, sino que consagra la denominada "acción de revocatoria" para que los ciudadanos impulsen la destitución de los funcionarios electos por sufragio popular que considere hayan incumplido el mandato otorgado a través del voto. Así, la ciudadanía frente a una situación de gravedad puede expresar su voluntad de ratificar o interrumpir el mandato oportunamente otorgado.
La falta de docencia cívica y divulgación sobre la existencia y modo de uso de estos mecanismos de participación los han tornado en desconocidos por una sociedad que, ante ese desconocimiento, ha elegido mecanismos antisistémicos para expresar sus opiniones y reclamos. La participación política desempeña un papel relevante en el sistema internacional de derechos humanos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos) se consagran explícitamente estos derechos y los tribunales internacionales han expuesto en forma reiterada que el buen funcionamiento del sistema democrático es la garantía genérica del goce de los derechos humanos.
Tal vez sea la hora de recurrir activamente a estas formas de participación ciudadana para evitar que otra vez en la Argentina, como en el tango, la historia vuelva a repetirse. Porque en la canción vuelven "el mismo amor, la misma lluvia", pero en el país, sólo un "loco afán" por vulnerar el Estado de Derecho.
