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Criptogate: primeras conclusiones de un escándalo con no pocas enseñanzas
El fin de semana pasado hemos presenciado el estallido del denominado “criptogate”, en el cual algunos ciudadanos y políticos, en particular, han involucrado al primer mandatario argentino en una supuesta maniobra de estafa.
Para comprender los hechos presuntamente ocurridos (que deberán ser aclarados a través de las instituciones que correspondan), es necesario primero clarificar, para cualquier ciudadano de a pie, los siguientes conceptos que aplican al universo de los criptoactivos: “criptomoneda”, “influencer”; “pump and dump” y “rug-pull”.
Una criptomoneda es una moneda digital o token (sin representación corpórea ni física) que no tiene respaldo del Banco Central. Su comercialización (compra y venta) se registra en una base de datos descentralizada –denominada blockchain– que actúa como un registro de cada transacción.
El token, como activo digital, puede ser creado por cualquier compañía que lo ponga en el comercio del mercado de criptomonedas y lo “haga circular o correr”, esto es, permita comercializarlo en alguna blockchain. Existen diversos tokens en el mercado de activos digitales (también blockchains) aunque la estrella fue y seguirá siendo el bitcoin.
Un influencer es aquella persona que tiene capacidad de influenciar a otros; todos podemos influenciar a alguien: un maestro a sus alumnos; un padre a su hijo, un amigo a otro amigo, etcétera. El punto es que el “influencer” propiamente dicho, en el universo de la comercialización de activos digitales, es una persona reconocida en el mercado que tiene capacidad de persuadir a otros sobre la conveniencia y oportunidad de comprar o vender un activo digital.
Existen influencers en el universo del espectáculo (de Taylor Swift a María Becerra) y lógicamente en la política y el mundo de los negocios, como Donald Trump y Elon Musk. A mayor reconocimiento popular mayor nivel de influencia en la toma de decisiones: no es lo mismo que un ciudadano común recomiende comprar un token a que dicha recomendación provenga de un experto en materia bursátil.
El denominado “pump and dump” (la traducción literal y su interpretación sería “inflar algo y luego sacárselo de encima rápidamente”) implica una táctica de manipulación del mercado de tokens que se da cuando una compañía crea un token, en algunos casos, de la mano de un supuesto proyecto (por ejemplo, desarrollar un programa de educación para niños en la escuela primaria), y lo coloca en el mercado para su comercialización, apalancado en la recomendación de un influencer reconocido por el público (que crea expectativa de valor), para ser adquirido por distintos inversores (grandes y pequeños) impulsando su cotización hasta alcanzar un determinado precio, llegado el cual, quienes orquestaron la maniobra (generalmente los desarrolladores del token y/o sus “allegados o amigos”), deciden tomar ganancia y vender todas sus tenencias, en pocos minutos, lo que conlleva el derrumbe del precio (que puede llegar a 0), quedando flotando en el mar profundo todos aquellos que “no supieron salir a tiempo”, antes de que el Titanic se hundiera.
Finalmente, el llamado “rug-pull” se traduce en una modalidad de estafa por la cual quienes presentan y promueven un proyecto atractivo, vinculado a la creación y comercialización de un token, utilizan un reconocido influencer para seducir y promover la inversión de jugadores locales e internacionales, para luego tomar ganancia en la comercialización del token y abandonar el proyecto a las corridas. La interpretación del término supone “tirar de la alfombra llevándose puesto todo lo que hay encima”.
Aclarados estos conceptos, los hechos que sustentan el denominado “criptogate” consisten en que el viernes 14 de febrero, pasadas las 19 horas, el presidente Javier Milei mencionó, desde su cuenta de X el token $LIBRA vinculándolo a un proyecto privado de inversión que se dedicaría a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
$LIBRA se creó unos minutos antes del referido tuit, con una página web lanzada el mismo día, una casilla de correo de contacto gmail y los bots preparados para la comercialización del token, cotizando “0″, aunque su valor creció abrumadoramente, en menos de una hora, para luego empezar a derrumbarse cuando distintos expertos advertían sobre una posible maniobra rug-pull. Pasada la medianoche el tuit del Presidente fue eliminado y él mismo comunicó, vía la red social X, que no tenía ninguna vinculación con el mencionado emprendimiento privado, de cuyos pormenores no estaba interiorizado.
La moneda digital $LIBRA habría sido creada por una compañía denominada Kip Protocol, cuyo CEO y cofundador, Julian Peh, estuvo reunido con el presidente de la Nación en octubre de 2024, a quien conoció en un foro de tecnologías realizado en Buenos Aires. Al momento de su lanzamiento el 80% de los tokens habría estado concentrado en cinco billeteras digitales, lo que les habría permitido manipular el precio, con golosos beneficios para algunos e importantes pérdidas para otros que alcanzarían millones de dólares.
Aunque debemos tener en cuenta que el perfil del inversor cripto es de alto riesgo (no se trata de “doña Rosa” que coloca su dinero en un plazo fijo bancario); esto es, estamos en presencia de inversores que están acostumbrados a asumir altos riesgos sobre valores sujetos a alta volatilidad y que conocen (o deberían conocer) las maniobras de rug-pull. Inclusive, en este caso concreto, para adquirir el token $LIBRA los inversores debían crear una billetera digital (wallet) en “Solana”, una plataforma de blockchain donde se suelen transar tokens de alta volatilidad con cierto expertise previo: los que están en el negocio lo conocen perfectamente (o deberían conocerlo).
Ahora bien, durante el transcurso del fin de semana pasado y los primeros días de esta semana se sucedieron distintos hechos con efecto correcaminos; a saber: (a) los políticos de la oposición mencionaron la promoción de juicio político contra el Presidente; (b) el Gobierno afirmó que había ordenado investigar el lanzamiento del token, solicitando la intervención de la Oficina Anticorrupción para determinar si existieron conductas impropias, como asimismo anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para analizar el caso; (c) el señor Julian Peh manifestó que quien había “promovido” el token era la compañía Kelsen Ventures, liderada por Hayden Mark Davis, un empresario estadounidense que refirió, en un video subido a redes sociales, que era asesor del Presidente y culpó al Gobierno de la caída del precio del token; (d) se promovieron, a nivel local, más de 100 denuncias penales contra el Presidente y otras personas supuestamente vinculadas a estos hechos, como asimismo se habría promovido una denuncia, por presunto fraude, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI; (e) Donald Trump publicó un mensaje en su propia red social TruthSocial que implicaba un virtual apoyo a su par argentino y (f) el primer mandatario proporcionó una lógica explicación de los hechos en una entrevista dada a Joni Viale, entre otras situaciones que exceden el alcance de este artículo.
Las circunstancias expuestas nos permiten reflexionar sobre varios aspectos, pero en honor a la brevedad, solo mencionaré dos de ellos.
En primer lugar, de los hechos narrados, aparece la necesidad de debatir, a nivel legislativo, sobre la regulación (o no) de los criptoactivos en nuestro país, como asimismo sobre la actividad que desarrollan los influencers (que sí ha sido regulada en Estados Unidos y en otros países de América Latina), con el objeto de proteger a los consumidores, en general. El Congreso debe intervenir en estas cuestiones, como también en la promoción de una educación digital adecuada, para chicos y grandes.
En segundo lugar, respecto del rol presidencial, desde el punto de vista jurídico, a la luz de los hechos ventilados hasta el presente, no puede imputarse mala fe al primer mandatario, como tampoco un actuar doloso (intencional) que persiga causar daño a terceros.
Aunque, en el caso concreto, podría señalarse la existencia de un posible error forzado, fruto de un consejo poco feliz, aventurado o mal intencionado, que podría tener algún efecto sobre la imagen de un gobierno que ha obtenido indiscutibles y plausibles logros para el pueblo argentino. La figura presidencial requiere cuidados por parte de todos los ciudadanos (en particular, de sus asesores) y ningún error probablemente forzado, al estilo $LIBRA.ß
Abogado y consultor en Derecho Digital y Privacidad. Profesor UBA y Universidad Austral
