Cristina se va quedando sin relato y sin votos

Habría que encuadernar las 1600 páginas de los fundamentos del fallo que condenó a Cristina Kirchner por una “colosal estafa” en la obra pública y colocar el volumen junto a los ocho cuadernos del chofer Oscar Centeno, que registran el insomne viaje de las coimas desde los sótanos de grandes empresas hasta la Quinta de Olivos o el departamento de los Kirchner en la Recoleta. Para dar vida a los apuntes del remisero, que se vio obligado a escribir siempre lo mismo durante años, en otro tomito se pueden compilar las decenas de confesiones de los empresarios y funcionarios kirchneristas arrepentidos. Junto a ellos, un banco de imágenes. Como para recordar que las escenas surrealistas a las que los argentinos asistimos durante el kirchnerismo no fueron anomalías, hechos aislados, sino flashes que exhibían la verdadera naturaleza de la “década ganada”. Las monjitas piadosas y serviciales que acarreaban ametralladoras y bolsos con millones de dólares; las bóvedas ocultas que de pronto se convertían en vinotecas; los dragones alados que embuchaban billetes y los muchachos diligentes que con maquinitas contabilizaban a destajo parvas de “físico” son todas postales de una industria próspera que se desmadró a causa de la codicia de sus dueños.

Por más que le pese a la intelectualidad K, a la concepción del Estado de los Kirchner no hay que buscarla en los libros o en la teoría política, sino en los expedientes de las causas Cuadernos y Vialidad. Esta idea del poder ya estaba cifrada en aquel video de finales de los años 90 en el que, con los ojos desorbitados y la espontaneidad de un chico, Néstor Kirchner se muestra extasiado ante la inviolabilidad de una caja fuerte. Presumiblemente, por lo que contenía adentro. Esa fascinación prefigura la aventura alienada en la que se embarcaría después a costa de todo un país.

Los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión, en un hecho histórico, confirman lo que ya sabíamos. No hay en ellos mayor novedad. Sin embargo, resulta relevante la claridad con las que el tribunal expuso el saqueo. “Entre 2003 y 2015 tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, escriben los jueces, que cuantificaron el delito en más de 84.000 millones de pesos.

Aunque no condenaron a la vicepresidenta por asociación ilícita, lo que describen los magistrados se le parece demasiado. La generosa política pública que el kirchnerismo pregonaba escondía, cual “caballo de Troya”, la verdadera “empresa criminal”. La magnitud de esa empresa, dicen los jueces, supuso “una planificación y sofisticación magnífica”. Y señalan: “Aun sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”, en la que actuaron “diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”. Esto, así, durante doce años. Todos muy bien coordinados y dentro de ese caballo de Troya que se introdujo dentro del Estado para saquearlo con método y obstinación.

No hay pruebas, repite el kirchnerismo. Todo es una patraña de la derecha y los enemigos del pueblo. El tribunal, en cambio, habló de una “ficta legalidad”, de actos administrativos que no parecen cuestionables de forma aislada, pero que cuando se los relaciona y contextualiza ponen en evidencia el simulacro mediante el cual se intentó ocultar el robo y el viaje del botín a su destino final, “las empresas familiares de la expresidenta”, donde llegaba gracias al vínculo comercial entre Báez y los Kirchner, “tan estable que abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”.

Los jueces descalificaron el mentado lawfare como “un argumento falaz” que no niega ni explica los hechos comprobados, “una nueva teoría conspirativa tan antigua como el propio Estado de derecho”. Aun así, sin otro argumento, Cristina y el kirchnerismo seguirán insistiendo con la cantinela. Es una incógnita hasta dónde serán capaces de llegar en su resistencia a la ley y a las decisiones de la Justicia, colocándose por fuera del sistema y atentando contra él, siempre con la coartada del relato.

“El Código Penal reemplazó al Código Electoral”, dijo Wado de Pedro, un soldado de Cristina. La frase, inquietante en un año electoral en el que la vicepresidenta se autopercibe proscripta, muestra cómo el populismo malversa uno de los valores de la democracia (la soberanía del pueblo) para desnaturalizarlo y atacar con él otro valor esencial del sistema: el imperio de la ley, es decir, la sujeción de todos, del presidente al último ciudadano, a las normas. No es casualidad que la vicepresidenta la haya hecho suya ayer, durante su discurso en la Universidad de Río Negro.

Para el kirchnerismo, el voto popular coloca al líder por encima de cualquier limitación legal. Eso explica la impunidad con la que los Kirchner desplegaron esa verdadera industria del saqueo por la que la vicepresidenta fue condenada. Cuando era dueña indiscutida de los votos, Cristina se movía como si estuviera blindada. Su problema ahora es que el relato cae ante la verdad y esos votos se le están escapando de las manos.