“Cuadernitos” municipales: los discípulos de la corrupción

En los últimos años la mirada ha estado, inevitablemente, puesta sobre los hechos de megacorrupción ocurridos durante los gobiernos kirchneristas. Desde el revoleo de bolsos con millones de dólares en un convento hasta los cuadernos de las coimas expuestos por la investigación periodística de Diego Cabot, todo ha sido tan impactante y obsceno que prácticamente ha agotado la capacidad de asombro. Pero tal vez por eso hay un aspecto que pasó casi desapercibido: la reproducción de esa matriz de corrupción en muchos, si no en todos, los estamentos y niveles del Estado, donde llegó a naturalizarse que, para ganar licitaciones, obtener permisos o concesiones, destrabar expedientes o conseguir una habilitación, “hay que ponerla o te quedás afuera”.

El kirchnerismo, por supuesto, no inventó la corrupción, pero la legitimó. Aquella máxima de Néstor Kirchner “no se puede hacer política sin plata” fue, de alguna forma, una habilitación de la coima como recurso metódico y sistemático. Bajo el paraguas de ese axioma, las estructuras de recaudación ilegal parecen haber alcanzado una escala y una dimensión desconocidas, no solo en la órbita nacional, sino también en administraciones locales y provinciales. La política dejaba de ver a la corrupción como una desviación para verla como una necesidad. Hasta se le sumó una coartada ideológica: “Sin plata no se puede combatir contra los poderosos”, se le dijo a la militancia. La decencia en la administración pública se asociaba con una “ética burguesa”, y así se revestía al delito de cierta épica seudorrevolucionaria y hasta “redistributiva”.

Algunos hablan de un quiebre después de 2003: “Se pasó a una cosa más desembozada y más estructural, como si la coima hubiera dejado de ser una ruptura de las normas, que se practicaba en las sombras y entre bastidores, para formar parte de un nuevo sistema de reglas que regía a la luz del día”, dice un exproveedor del Estado bonaerense al analizar la larga década kirchnerista.

Con años de demora, algunas causas que tramitan en la Justicia provincial empiezan a descorrer el velo sobre esa “escuela de corrupción” que hizo que también en muchas intendencias se escribieran “cuadernitos” y circularan “bolsitos” a escala municipal. ¿Fueron hechos aislados o son los síntomas de una patología moral que ha corroído de la cabeza a los pies al sistema político e institucional? Si se pone la lupa sobre algunos procesos penales que están en pleno desarrollo, tal vez asome una respuesta.

En La Plata tramitan, simultáneamente, dos causas que investigan presuntos hechos de corrupción en gestiones municipales. En una está acusado uno de los hermanos del exintendente kirchnerista Pablo Bruera (2007-2015), y se acaba de pedir, a partir de las pruebas exhibidas en el juicio, que se abra una investigación contra el exjefe comunal, dedicado ahora a la compraventa de futbolistas. En otra está en el banquillo un exintendente de Brandsen, el también kirchnerista Gastón Arias (2011-2015).

A Arias le imputan defraudación en perjuicio de la administración pública por el pago de obras de cordón cuneta que nunca se realizaron. Las similitudes con la causa de la obra pública en Santa Cruz, en la que acaba de ser condenada Cristina Kirchner, saltan a la vista, solo que a una escala de “pago chico”. ¿Cuántas semejanzas se encontrarían si se analizaran los contratos de obra pública, y en particular de pavimento y bacheo, en los municipios del conurbano? Es una olla que hasta ahora no se ha destapado.

Al hermano de Bruera lo acusan de “pasar la gorra” entre empresarios que pedían rezonificaciones de tierras para la construcción de viviendas. La expresión no es una mera ocurrencia: surge de las escuchas ordenadas por la Justicia y ventiladas en el juicio, donde el propio acusado (que, además de hermano del intendente, era funcionario de la comuna) recurre a ese lenguaje explícito para describir los pedidos a quienes dependían de una decisión municipal para desarrollar un negocio. El imputado, sin embargo, declaró que con “pasar la gorra” se refería a la búsqueda de “aportes para una acción solidaria”. No busca que lo absuelvan, sino que lo canonicen.

En el corazón de esta causa penal se investiga el otorgamiento de “rezonificaciones” para que en determinados terrenos se pudieran construir viviendas del plan Procrear. ¿Los cobros por esas habilitaciones fueron una “caja negra” de muchos intendentes? Los permisos de edificación y las excepciones a los códigos de ordenamiento urbano tal vez formen parte de un sistema esencialmente opaco que exige otras investigaciones. ¿Cómo juegan sindicatos como la Uocra en esta red de negocios e intereses? ¿Son mecanismos exclusivos de las administraciones kirchneristas u operan de manera “transversal”?

La fiscal bonaerense Victoria Huergo, a la que algunos comparan con el fiscal Diego Luciani por su minuciosa investigación de tramas de corrupción en la órbita menos visible de los municipios, dijo hace una semana, en el alegato del juicio que involucra a la gestión Bruera: “Estas son estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país, que generan situaciones perversas y recortan posibilidades a los particulares: el que no paga no tiene chances”. Lo dice una funcionaria judicial que examina desde hace años casos que parecerían responder a una matriz similar.

En esta causa no hubo cuadernos sino planillas de Excel que, según la acusación fiscal, exponen un cuadro escandaloso en el que todo estaba “tarifado”.

¿Nada de esto se sabía? La respuesta remite a otras tarifas en el sistema de poder: son las que han funcionado (¿y aún funcionan?) en el Poder Judicial de la Provincia. En una primera etapa del “caso Bruera” intervino el excamarista de Casación Martín Ordoqui, quien firmó una excarcelación exprés a favor del hermano del intendente. Ordoqui luego fue destituido, y ahora está preso, acusado de cobrar, precisamente, por el otorgamiento de excarcelaciones y otros beneficios procesales.

Cuando se inició la causa por las presuntas coimas de la rezonificación, todavía César Melazo era un juez todopoderoso en los tribunales platenses. Faltaba tiempo para que lo detuvieran y lo condenaran como integrante de una asociación ilícita. Ahora le acaban de otorgar una “libertad asistida” por haber hecho, entre otros, cursos de ukelele y de taichi chuan mientras estaba en prisión.

Los juicios que hoy se tramitan en La Plata parecen exponer, apenas, unos pocos engranajes de un sistema muchísimo mayor. Y muestran que debajo de la causa Vialidad, de la de Hotesur y Los Sauces o de los cuadernos de las coimas, hubo infinitas ramificaciones de un sistema de corrupción que hizo escuela y que se extendió, como una gangrena, por los circuitos más recónditos de la política y la gestión gubernamental. Todo ha ocurrido en un contexto en el que, evidentemente, también ha funcionado una mayor tolerancia social a la corrupción y ha regido un sistema de connivencia y complicidad en el que muchos “mordieron” y otros miraron para el costado. Denunciar ha implicado el riesgo de convertirse en un paria.

¿Cuántas víctimas de este sistema han decidido rebelarse? Por supuesto que no todo es lo mismo en la escala de responsabilidades. Cuando la corrupción se convierte en una metodología del poder, enfrentarla supone riesgos enormes y exige una espalda y un coraje excepcionales. Para muchos, además, la alternativa es extorsiva: aceptás o te fundís. En un sistema enfermo, la ética deja de ser un rasgo natural y común, para asimilarse a una actitud heroica. Los silencios y la complicidad del poder suelen ir más allá de la política. Los “sobres” saben volar en varias direcciones.

Pero, así como la corrupción es contagiosa, la virtud también lo es. ¿Habrán abierto las condenas de la causa Vialidad un camino para que las justicias provinciales empiecen a investigar a los discípulos de la megacorrupción? ¿Empieza a asomar en la Argentina algo parecido al Mani Pulite italiano o el Lava Jato brasileño? Tal vez sea un exceso de optimismo, pero hay señales alentadoras. Todavía se esperan las sentencias, pero las causas que aquí se mencionan muestran, al fin y al cabo, que la impunidad no está garantizada y que denunciar puede tener un sentido.

En días de zozobra e incertidumbre económica, quizá sea oportuno recordar que nada de esto está desconectado de la crisis profunda que atraviesa el país. La corrupción, como describió Hugo Alconada Mon en un libro fundamental, es “la raíz de todos los males”.

Por Luciano Román

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