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Cuando el prójimo es uno mismo
Se supone que el funcionario público es aquel que tiene vocación por servir pensando en el bien del prójimo con dedicación y empatía, entendiendo el término “prójimo” como derivado de próximo, es decir, y en este caso, sus conciudadanos, a quienes debe asistir por el simple hecho de haberse obligado a ello, independientemente de que los conozca o no.
Lamentablemente, cuando pensamos en el tipo de funcionario público que tiene nuestro país, nos damos cuenta de que son pocos los que se encuentran cerca de tener amor por ese prójimo.
En ese aspecto, a diario nos enteramos de actos llevados adelante por funcionarios del gobierno, tanto en el ámbito nacional, provincial y municipal, que dejan en claro que es usual que primero piensen en ellos y que poco les importa el efecto que esos actos generan en el sentimiento o en las necesidades de los demás.
Veamos: hace unos días nos anoticiamos que el presidente de la Cámara de Diputados no hizo la cuarentena obligatoria al regresar de su viaje a EE.UU. aprovechándose de que la normativa exime a los funcionarios de su cumplimiento. Es decir, que ellos dictan la norma basada en aparentes razones sanitarias, y se exceptúan de acatarla, tal vez porque ese virus es tan inteligente que no ataca a los políticos o porque ellos están tan lejos de la gente que no hay posibilidad de contagio.
También dentro del régimen municipal existen infinidad de ejemplos, pero, si como muestra basta un botón, resalto la reciente actitud de un intendente que se llevó un respirador de su municipio a la clínica privada donde estaba internado por Covid-19, la cual, y para colmo, estaba situada en una ciudad ajena a la que ese mismo intendente gobierna. En el Congreso Nacional, el aumento del 40% que ordenaron sobre sus sueldos los diputados y senadores, cuando el país tiene más de un 70% de pobreza infantil en el conurbano, comercios y pymes que cierran y millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, todo ello como consecuencia directa de las políticas llevadas adelante por esos mismos legisladores, y que luego se enojan ante la crítica por tal inoportuno aumento replicando que ganan menos que un “CEO” (del inglés Chief Executive Officer).
Asimismo, se puede incluir en este muestrario el costoso viaje en primera clase que hizo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, al cual deben sumarse los costos de estadía (casi seguramente en hotel 5 estrellas) y sus viáticos. ¿Era imprescindible ese viaje? -y si así fuese- ¿era necesario hacerlo con tal grado de ostentación?
Por último, no debemos olvidarnos del escándalo por vacunación irregular llevada adelante, tanto en el Ministerio de Salud de la Nación, como en los ámbitos provinciales y municipales, llamado por parte de la prensa “vacunatorio vip”, el cual, en lugar de ser debidamente investigado por las autoridades, ha sido defendido y consentido por la gran mayoría de nuestros jerarcas públicos. O la demora en el abastecimiento de vacunas derivada de inadmisibles conflictos ideológicos o económicos que dañaron en sumo grado a la población, pero no a la casta política, que se ubicó como personal esencial para ser vacunado con las dosis existentes. O la reciente decisión de dejar varados en el exterior a quienes se fueron de viaje, medida que fue acompañada por los humanitarios y compasivos comentarios de Úrsula Vargues. Después de todo, el funcionario público tiene asegurada su salida y regreso al país sin límites, los demás, que se embromen.
Suerte que la Argentina no es el Titanic (por más que hayamos llegado en barco), porque si nos estuviésemos hundiendo (por supuesto no es el caso), qué mal la pasaríamos con estos funcionarios manejando la evacuación durante esos últimos momentos de zozobra. Porque, sabiendo cómo actúan y piensan los funcionarios públicos de nuestro país, ¿a quiénes imagina, estimado lector, que ellos ubicarían en los botes salvavidas dentro de ese figurado naufragio? ¿le parece que respetarían la regla internacional de “niños, mujeres y ancianos primero”? ¿quiénes se apropiarían de los alimentos, abrigos, medios de subsistencia y de navegación? Finalmente ¿quiénes quedarían desamparados y se hundirían sin remedio?
En conclusión, la conducta desplegada por los funcionarios públicos (en general), y más visiblemente durante el curso de esta pandemia, se encuentra lejos de procurar el bien de las personas de manera desinteresada, y mucho menos si con ello perjudican su propio interés. En cambio, y lamentablemente, mientras más emergencia hay, mayor es la intensidad con la que aparecen actitudes de los funcionarios públicos que los terminan identificando como aquellos que aman al prójimo, pero únicamente bajo el entendimiento de que no hay nadie más próximo a ellos que ellos mismos.
Abogado y doctor en Derecho, docente universitario
