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Cuando la mujer es violada por su propio marido
La dignidad humana exige respeto a los derechos de la persona, y ninguna discriminación es admisible Por Gustavo Bossert (para La Nación )
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"EL marido que fuerza a su mujer a sostener relaciones sexuales no comete violación." Este es el concepto jurídico que hasta hace poco prevaleció en la casi totalidad de los países. Es la marital rape exemption del derecho anglosajón, originada en antiguas costumbres y sistematizada en Inglaterra en el siglo XVII, que libera al marido violador de responsabilidades penales. Una expresión dramática y hasta salvaje de la familia autoritaria, verticalista -el marido y padre, titular de todos los derechos; la mujer y los hijos, sujetos pasivos en las relaciones familiares, apenas titulares de los deberes de silencio y obediencia-, modelo autoritario que sólo a mediados de este siglo comenzó a ser reemplazado por una concepción democrática de la familia. Pero este grave resabio, el derecho del hombre a violar impunemente a su mujer, imperó hasta hace poco.
En los Estados Unidos, el Código Penal Modelo de 1985 todavía definía la violación como el acto del "hombre que mantiene una relación sexual con una mujer que no es su esposa... por violencia o amenaza". Nebraska fue el primer estado de la Unión que suprimió, en 1976, la excepción marital; la Corte de Apelaciones de Nueva York señaló en 1984 que la excepción en favor del marido es inconstitucional, ya que no es razonable hacer distinciones según el status matrimonial. Pero en 1990 siete estados aún no habían convertido en delito la violación cometida por el marido.
Esta violación es delito en Canadá desde 1982; la ley holandesa la convirtió en delito en 1991; en Inglaterra una decisión judicial ha abrogado la excepción marital en 1992; en la India aún hoy el marido no puede ser perseguido penalmente por violar a su mujer. Una excepción en el panorama general es Suecia, donde ya en 1864 la ley consideró delito de violación el cometido por el marido.
Los repertorios jurisprudenciales argentinos registran pocos fallos sobre este tema. Seguramente, tal como ocurre en todos los países, el temor a la venganza, a nuevas agresiones del marido, y también el desamparo económico, induce a mujeres golpeadas y violadas a abstenerse de hacer la denuncia que podría llevar a su cónyuge a un juicio penal.
El Superior Tribunal de Córdoba, en 1978, condenó a un marido que violó a su mujer, pero fundándose en que se hallaban separados de hecho. Pero en 1980, en otro proceso, la Cámara Acusatoria de Córdoba estableció la buena doctrina, condenando a un marido violador que convivía con su esposa.
Se han dado diversos y notables fundamentos para justificar la marital rape exemption : el "principio de la unidad", según la cual la identidad de la mujer se incorpora al marido, pasando ambos a ser una sola persona, lo que implica que el marido no puede violarse a sí mismo; la "teoría chattel", según la cual la esposa debe ser considerada como un bien mueble, propiedad que el marido puede tratar como considere conveniente; también se ha sostenido que se trata de un hecho difícil de probar, ya que sucede en la intimidad familiar, que el proceso penal podría violentar.
Libertad sexual
Diversos juristas y fallos judiciales han sostenido, para liberar de responsabilidad al violador, que al casarse los cónyuges se obligan a mantener relaciones sexuales, por lo que el marido ejerce su derecho cuando obliga a su mujer. Esto constituye un grave error. Negarse injustificadamente a mantener relaciones sexuales con el cónyuge representa la violación de un deber conyugal, al que, entonces, se le aplican las consecuencias del estatuto matrimonial, es decir, puede ser una injuria que dé lugar al divorcio. Pero esto es independiente del derecho a la libertad sexual que todos los individuos tienen, casados o no, derecho protegido por la ley penal cuando castiga la violación.
También la prostituta tiene derecho a la libertad sexual, y quien la fuerza a sostener relaciones sexuales comete violación. La dignidad humana exige respeto a ciertos derechos y libertades inherentes a la persona, y ninguna discriminación es admisible.
© La Nación
