Cuando los datos son equívocos

Eugenio Díaz Bonilla
Eugenio Díaz Bonilla PARA LA NACION
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7 de octubre de 2013  

En una columna reciente, Andrés Oppenheimer utilizó el nuevo Informe de Competitividad Global 2013-2014 (ICG) del Foro Económico Mundial para lamentar los problemas de competitividad de América latina y, especialmente, de algunos de los países de la región en los que incluía a la Argentina. Hubo otros comentaristas que también se refirieron a ese informe, con planteos similares.

Sin embargo, el ICG es una base muy débil para extraer esas inferencias comparativas. Xavier Sala-i-Martin, el autor de ese trabajo, es un excelente economista y el marco conceptual desarrollado por él y utilizado en el ICG es de primera calidad, producto de sus investigaciones pioneras sobre las condiciones de crecimiento, iniciadas con Robert Barro en los años 90 y ampliadas en varios trabajos.

El problema no es el marco conceptual, aunque tiene algunos sesgos (a los que me referiré luego), sino, sobre todo, los datos que nutren dicho marco. Si bien hay cifras que provienen de fuentes objetivas, una parte importante del ICG se basa en encuestas de opinión a empresas e informantes clave (usualmente, un promedio de 100 entrevistados por país). La encuesta les pide a los entrevistados que den un ranking, de la variable que se trate, de 1 (peor) a 7 (mejor).

Esta manera de generar datos tiene varios problemas. Primero, la cobertura de la encuesta es limitada. Como punto de comparación, las encuestas del Banco Mundial sobre temas similares abarcan normalmente entre 1200 a 1800 encuestas en países grandes, 360 entrevistas en países medianos y unas 150, en economías pequeñas. Segundo, mientras que las preguntas de ICG piden opiniones abiertas, las preguntas del Banco Mundial se refieren a problemas específicos enfrentados por las firmas. Por ejemplo, es muy diferente preguntar cómo calificaría la situación de corrupción o de la infraestructura pública (de 1 a 7) en un país determinado, que preguntar cuál es el porcentaje de coimas que una empresa tuvo que pagar como porcentaje de las ventas o cuántas horas de producción se perdieron por causa de apagones de electricidad. Mientras que el segundo tipo de preguntas es comparable entre países, es mucho más difícil interpretar qué significa cualquier número entre 1 y 7 en diferentes países y culturas. Por ende, su agregación y comparación entre países no son adecuadas. No es casualidad que Argentina, que tiene una sociedad civil dinámica y con opiniones fuertes, siempre termine en categorías peores cuando se trata de preguntas abiertas de opinión que cuando se trata de datos más "duros" (sobre esto regreso al final).

Por último, hay un tema metodológico central sobre la interpretación de ciertos indicadores que, se supone, reflejan la adecuada operación o eficiencia de los mercados. Esto es particularmente relevante para los mercados laborales, donde ciertos analistas suponen que mayor flexibilidad para los empleadores es "mejor" (como parece ser el caso del ICG), cuando otros estudios (incluyendo varios de la Organización Internacional del Trabajo) sugieren que enfoques más colaborativos y de visiones compartidas en la definición de salarios y condiciones laborales pueden llevar a resultados más adecuados para la sociedad, no solamente en términos de equidad, sino también de eficiencia y competitividad.

En definitiva, aunque las inferencias de Andrés Oppenheimer y de otros comentaristas que usaron el ICG pueden ser correctas respecto de la falta de competitividad de las economías de nuestra región, el trabajo del Foro Económico Mundial es más un ejercicio de relaciones públicas de dicha organización que una base cuantitativa sólida para llegar con cierta confianza analítica a esas conclusiones. De todas maneras, el gobierno argentino haría bien en analizar otros indicadores "duros" que también marcan problemas no triviales que afectan nuestro desarrollo y competitividad, y que serían solucionables con políticas más ordenadas de corto, mediano y largo plazo.

La falta de una visión integral de desarrollo es una carencia central de nuestro país desde hace varias décadas y las reuniones recientes de la Presidenta con empresarios y trabajadores, si bien pueden constituir un primer paso, todavía están lejos de abordar ese necesario debate con la visión estratégica adecuada. Además, se necesitan datos comparativos más adecuados que los del ICG, no solamente respecto de nuestra propia historia (donde seguir insistiendo en comparar con 2001-2002 no ilumina demasiado), sino sobre todo, en relación con otros países con los que interactuamos en este mundo complejo. En este sentido, la reforma integral del Indec parece requerir mucho más que solamente el desarrollo de un índice nacional de precios creíble.

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