¿De dónde salen los jueces?
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Una forma usada para restar legitimidad a los jueces independientes ha sido cuestionar sus designaciones diciendo que nadie los eligió, que nadie los votó. Con esa lógica, se hace creer que los magistrados aparecerían por “generación espontánea”, como una casta corporativa cuya única finalidad sería limitar, entorpecer y, lawfare mediante, aun perseguir al poder político.
Cabe aclarar que la designación de los jueces es uno de los procesos republicanos por excelencia, en la medida en que participan en ella los 3 poderes del Estado. El Poder Judicial (a través del Consejo de la Magistratura) realiza el llamado “concurso de oposición y antecedentes” y a su término propone una terna vinculante al Poder Ejecutivo (presidente/a), que elige libremente a uno de los candidatos, y luego el Poder Legislativo (Senado) presta su “acuerdo” para la designación.
Así, es llamativo que diversos sectores políticos critiquen sin ambages a miembros de un poder estatal, el Judicial, en cuya conformación ellos mismos participaron, máxime cuando lo han hecho con marcada preponderancia. En la designación de los jueces prevaleció durante años una fuerte impronta política en función de que la conformación del Consejo de la Magistratura que intervenía en el proceso, tenía una notoria mayoría “política” por sobre la “judicial”: del total de 13 miembros, solo 3 eran jueces. La incidencia porcentual del voto de los magistrados en las designaciones (y en todos los otros temas que les conciernen, como cuestiones disciplinarias, asignación de recursos, etc.) durante años se redujo y limitó al 23%.
Este dato da pábulo a lo que señaló la Corte Suprema el 16 de diciembre de 2021 al declarar inconstitucional la ley 26.080 que regulaba el Consejo de la Magistratura. No cabe duda, dijo, de que “hay una ‘demostración concluyente’ de que a lo largo de dieciséis años de vigencia se ha quebrado la regla de no predominio [según la cual un estamento no puede imponerse a los otros en las decisiones relevante] y surgieron falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”.
Jueces politizados e ideologizados son dependientes de la política y la ideología, y sólo son útiles y funcionales a ellas. Cualquier desvío autoritario necesita, antes que nada, jueces serviles que analicen y resuelvan los casos bajo el prisma político-ideológico que les propone “su” gobierno. Eso explica, quizás, la notoria coincidencia en las distintas etapas de la historia institucional de nombramientos con perfiles que se ajustan directamente a ciertas parcialidades políticas, o las suspicacias que generan algunas actuaciones judiciales cuando sus aletargamientos, avances y retrocesos parecen coordinados al compás de las distintas necesidades partidarias. Las mismas dudas genera, en boca de algunos, el latiguillo “que se vayan todos los jueces”, recientemente evocado como respuesta inmediata a una sentencia de la Corte Suprema, guardián último de las garantías constitucionales, cabeza de un Poder del Estado y máximo intérprete de la Constitución (Fallos: 342:2389).
Estas consideraciones llevan a afirmar la necesidad de garantizar la designación de jueces independientes e imparciales en beneficio de la sociedad y de todos los justiciables, y a recordar que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la garantía de la independencia de los jueces, último límite que tendrá –ayer, hoy y siempre– la arbitrariedad, cualquiera sea su origen.
Quizás el fallo de la Corte Suprema, que entre otros alegados motivos le valió a ese Tribunal una –injusta– marcha de repudio, sea la piedra fundacional de un renovado Poder Judicial, más independiente, más “legalista”, menos politizado y menos ideológico. En eso todos deberíamos estar de acuerdo.
Tipo de trabajo:
opinión
