De la palabra clandestina a la discusión pública, el fin de un tabú
La votación que, en la madrugada del jueves, canceló provisoriamente la posibilidad de una ley que despenalice la interrupción del embarazo bajo determinadas condiciones puso fin a un intenso ciclo inaugurado el 1º de marzo, cuando, ante la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció que no objetaría el tratamiento en el Congreso de los proyectos de ley que, sobre esa materia, no habían podido tomar estado legislativo por el rechazo de los anteriores titulares del Poder Ejecutivo.
Evidentemente, no fue ese 1º de marzo cuando la despenalización del aborto se convirtió en una reivindicación de los colectivos de mujeres agrupados en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que comenzó a constituirse en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en 2003. Tampoco será lo ocurrido en el Senado de la Nación en la pasada noche del 8 al 9 de agosto lo que cancelará los reclamos de un derecho que, largamente postergado, lo es ya de las mujeres en los países con más alto índice de desarrollo humano, y que ha comenzado a extenderse, lenta y refractariamente, en América Latina a partir de la ley uruguaya y de la que despenalizó el aborto en la Ciudad de México.
Quizás el fenómeno más sorprendente en estos cinco meses haya sido el derrumbe de un tabú: el aborto, esa palabra que solo podía ser murmurada, mencionada al oído de aquellos, pocos, con quienes la complicidad era suficientemente intensa, esa palabra que, apenas mascullada entre dientes, era en sí misma objeto de la clandestinidad en la que se practica el acto que enuncia, una palabra vergonzante, se convirtió en una palabra pública, dicha en alta voz en las mesas familiares, en los bares, en los estudios de televisión, en las aulas de las escuelas y de las universidades. Pocas veces una sociedad puede dar testimonio del derrumbe abrupto de un tabú, del modo en que un hecho -el aborto- sale de las sombras del oprobio y se convierte en parte de la conversación. Es a eso a lo que se refieren las organizadoras de la campaña cuando dicen que el aborto ganó legitimidad social: nadie puede, ya, pretender condenar a la palabra a la reclusión de la pecaminosa vergüenza culpable. Algo, por fin, salió, literalmente, a la luz pública.
Hay allí un primer aprendizaje, o más bien la constatación de algo sabido desde hace mucho, pero no casualmente desplazado de la escena: el poder de la palabra política, y la consecuente responsabilidad de quienes pueden pronunciarla, ejerciendo con ella una pedagogía de los asuntos comunes que es, debería ser, una de las dimensiones privilegiadas de lo político: la política como orientación, como modo de demarcación del terreno de lo que una sociedad debe discutir, como modo de abrir y ampliar el horizonte, de pensar y proponer el pensamiento de lo que está siendo soslayado. Constatación del poder de la palabra política que en el contraste hace más patética la deserción que la política ha hecho respecto de las grandes cuestiones de la sociedad: cómo enfrentar la desigualdad y construir un orden más justo, cuál es el modelo sustentable de desarrollo económico, de qué modo insertar al país en el mundo actual, cuál es la estrategia educativa destinada a revertir la tragedia educativa en la que está la Argentina, cómo hacer frente a la problemática que sobre el trabajo introducirán las tecnologías, de qué modo sostener a la población de la tercera edad... He allí una serie de cuestiones que esperan ser habladas por una política que muestre a la vez audacia, imaginación y conocimiento, y que proponga a la ciudad discusiones racionales.
La caída del tabú no fue, sin embargo, sin costo: exacerbó la resistencia de todos aquellos para quienes debía mantenerse, aquellos que estaban más confortables en el modo de ocultamiento, de la moralización como subterfugio, como estrategia para no ocuparse de las cosas. Eso es lo que vimos entre la votación en la Cámara de Diputados el 14 de julio y la que se produjo en el Senado el 8 de agosto: la revuelta de una parte no menor de la sociedad contra la irrupción en la vida cotidiana de todo aquello que queda connotado por la palabra "aborto": la sexualidad no reproductiva, la autonomía de la mujer, la pluralidad de interpretaciones sobre la idea misma de persona, la intolerable -e intolerada- discrepancia entre mundos mentales, entre cosmovisiones, entre ideas de cómo vivir con uno mismo y con los otros.
Pero ¿qué son esas discrepancias, si no discrepancias respecto de cómo asumir el proyecto mismo de la modernidad, con sus consecuencias de secularización, de diferenciación entre las esferas pública y privada, entre la religión, el Estado, el mercado y la vida íntima, entre el tiempo sagrado y el tiempo profano, entre la autoridad de la ley y la autoridad de las escrituras? Tensiones que ponen de manifiesto la irresolución de muchos de los conflictos que hacen difícil no solo transitar el presente, sino, sobre todo, diseñar un futuro común.
La Argentina no ha podido encontrar su propia modernidad en el sentido señalado por Charles Taylor, según el cual la modernidad entraña una "nueva concepción del orden moral de la sociedad". El problema no radica en el modo en el que valores tradicionales imperan en la esfera pública, sino en el hecho de que órdenes de valores de diversos ámbitos interfieren entre sí. Del mismo modo en que el autoproclamado progresismo bloqueó durante más de diez años el tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso, desconociendo una exigencia fundamental de la tradición en la que quería insertarse, el liberalismo argentino es inconsistente a la hora de deletrear un ideario que una y otra vez solo sabe pronunciar la gramática de la economía, pero desconoce la de los derechos y la autonomía individual. Solo las oligarquías católicas del interior han sido consistentemente antimodernas en toda la línea.
Al igual que las otras sociedades latinoamericanas, la nuestra no ha podido definir la mezcla adecuada, en términos de Taylor, de prácticas y formas institucionales (ciencia y tecnología, modelos de desarrollo económico, políticas urbanas y de poblamiento) y estilos de vida (individualismo, secularismo, racionalidad instrumental) que le permitan responder a su manera a los desafíos del presente. El fracaso, cuanto menos provisorio, en la definición del "orden de modernidad" que debería producir como propio se expresa en las tensiones de una sociedad dual que oscila entre modelos y políticas que se niegan mutuamente: entre el mundo agrario y el industrial, entre la sociedad cerrada y la abierta, entre la preponderancia del Estado y la del mercado. Es también sobre el horizonte de tal imposibilidad que debe leerse la disputa entre autonomía y restricción que el Senado, optando por esta última, en una mala lectura del presente y un peor aun entendimiento del futuro, sancionó.
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