De la revolución a la indignación: América latina pide cuentas a sus gobiernos

Poco impactó la coyuntura económica internacional que en los últimos años benefició a América latina para desalentar protestas callejeras, movimientos sectoriales y la queja y el hartazgo de distintos sectores hasta entonces poco afectos a las movilizaciones. Los estudiantes chilenos y la nueva clase media brasileña, los jóvenes mexicanos y los campesinos en Colombia forman parte de una legión de descontentos que con cierta frecuencia recorre las calles de las principales ciudades latinoamericanas desde la segunda mitad de 2012, una tendencia que tuvo su correlato en la Argentina, con los cacerolazos que en parte anticiparon los resultados de las urnas en las elecciones primarias de agosto último.

Con las características propias de cada país, y atravesando diferencias ideológicas de los gobiernos, el divorcio de vastos sectores sociales y las clases políticas comienza a ser un dato recurrente en la región.

El primer indicador de que se producen grietas en la relación entre las sociedades y sus clases dirigentes es el descenso de los presidentes, sin importar mucho su procedencia política, en las encuestas de popularidad.

El mexicano Enrique Peña Nieto, por ejemplo, comenzó su gestión en diciembre pasado con el 56% de apoyo, y hoy está en el 49%, según las últimas encuestas divulgadas en el país azteca antes de que explotara el conflicto con los maestros que hoy sigue abierto. El colombiano Juan Manuel Santos perdió entre julio y agosto seis puntos y hoy su imagen positiva se ubica en tan sólo el 21%, mientras el peruano Ollanta Humala, que siempre navegó por debajo en los sondeos –fruto de algunas protestas sectoriales y de que la opinión pública juzga que no cumplió con su promesa de dotar de infraestructura al sur empobrecido de su país– hoy tiene sólo el 27 % de imagen positiva.

El caso de Dilma Rousseff es llamativo. Había pasado del 73% en marzo al 51% por ciento en junio, cuando en todo el país explotaron las protestas en contra de la clase política, que llevaron su popularidad al 30%, pero la llegada de médicos extranjeros, una de sus promesas para mejorar la asistencia de salud, le devolvió 8 puntos en las últimas semanas y algunos de sus asesores confían que su decisión de no viajar a Estados Unidos en visita oficial ante las denuncias de espionaje por parte de la seguridad estadounidense "le devolverá unos cuantos puntos más".

A primera vista, los protagonistas de los reclamos que se repiten en el continente –y que van desde políticas sectoriales, como el campo, los docentes y los estudiantes, hasta pedidos de transparencia, igualdad, democracia y freno a la corrupción– aparecen como nuevas generaciones de actores sociales, muchos de ellos sin ataduras con el pasado inmediato, que ganan la vía pública en reclamo de viejas y nuevas demandas. Su primera conquista, más allá del éxito concreto que pueden lograr, es dejar expuestos a los respectivos gobiernos –muchos atravesando sus propios fines de ciclo–, a los que les cuesta dar respuestas.

Con sus rasgos novedosos, los reclamos tienen resonancia con el pasado. No son pocos los analistas que señalan la extensión de la protesta popular de distintos sectores como un factor clave en los procesos de crisis y juicio político o impeachment que se dieron en el continente entre 1992 y 2004, y que terminaron con la destitución de cuatro presidentes: Fernando Collor de Mello en Brasil, en 1992; Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en 1993; Abdalá Bucaram en Ecuador, en 1997, y Raúl Cubas Grau en Paraguay, en 1999. Fue una movilización social la que también enmarcó la salida del poder de Fernando de la Rúa, en la Argentina, en 2001.

La clave generacional

Durante décadas, Chile fue el modelo a seguir en América latina. La forma en que a lo largo de la década del 90 había reducido los índices de pobreza y había mejorado el de desarrollo humano, al compás de un crecimiento económico constante, lo dejaban a la vanguardia en la región. Pero, ya en 2007, los estudiantes secundarios dejaron al desnudo una de las peores herencias de la dictadura militar: un sistema educativo generador de desigualdad, como cuatro años más tarde lo plantearon en las protestas los estudiantes universitarios y lo ratificó más del 50% de los chilenos en todas las encuestas.

"El régimen de Pinochet llevó también el neoliberalismo a la educación hasta convertirla en la peor herencia que le dejó al país. Es un sistema educativo absolutamente discriminatorio y de mala calidad, y por eso se convirtió en una de los detonantes de la protesta social en los últimos años, con los estudiantes en la primera fila de las marchas, pero acompañados por cientos de miles de familias en todo el país", explica Mario Waissbluth, director de la Fundación Educación 2020.

Por eso, el de Chile fue un conflicto cocinado a fuego lento en la inacción de los gobiernos democráticos. "En más de 20 años de democracia y salvo retoques, ningún gobierno, ni los de la concertación ni el de Sebastian Piñera, atinó a solucionar el tema", acota Waissbluth, autor además del libro La educasión en Chile está vien.

Pero si una carrera universitaria generaba una deuda a por lo menos 15 o 20 años a una familia o a un nuevo profesional chileno de clase media, lo que muchos se preguntan es por qué la bronca social no explotó antes y lo hizo recién en 2011. Andrés Feilbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, da una respuesta: "Creo que lo que ayudó a llevar adelante los planteos y la protesta por una nueva educación, gratuita y para todos, fue que nosotros, a diferencia de nuestros padres, no tenemos ninguna atadura con el pasado. No vivimos la dictadura, pero sufrimos sus consecuencias en carne propia", dice, y aporta una clave para entender los reclamos en otras geografías.

Ese factor generacional, que se da en otras protestas y en otros países, "es por demás interesante", dice la politóloga colombiana Sandra Borda, quien lo observa también en las recientes protestas agrarias en su país, que mellaron la popularidad del presidente Juan Manuel Santos, y en las de los estudiantes "que también, como en Chile, se levantaron contra un sistema educativo perverso", aunque sin la misma fuerza que en el país trasandino. "Ni los campesinos, ni las organizaciones urbanas que le reclaman al gobierno otras reglas de juego tiene compromiso algunos con ese pasado marcado por la lucha armada", acota Borda, directora del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes.

En efecto, los campesinos que en Colombia salieron a cortar rutas y accesos a ciudades y paralizaron varios puntos del país por varias semanas con un cúmulo de reclamos estructurales –desde el precio de los insumos para la producción hasta la falta de créditos para el sector y la política del gobierno para el agro–, esta vez no canalizaron la protesta a través de la acción guerrillera, como se dio en la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la década del 60, sino con protestas "dentro de los cánones que establece la democracia", destaca el analista Bernardo Gutiérrez, para quien el gobierno de Santos "no tuvo reacción ante la crisis en parte porque no esperaba el efecto que tuvieron las manifestaciones".

El ajedrez político influye en todos los casos. Para Borda, el hecho de que el ex presidente Álvaro Uribe "presione con su candidatura a senador y sea un actor político excluyente no cambiará el carácter de las demandas. Por el momento, sólo le quita aire al gobierno de Santos, lo obliga a tomar medidas impopulares y de paso le complica sus planes reeleccionistas, pero los problemas persisten".

El fenómeno de los estudiantes chilenos "también se repite en Colombia, con un sistema educativo por demás desigual y decepcionante que necesita cambios urgentes. Aquí también encontró a los estudiantes en la calle contra un gobierno que no logró ser efectivo en el combate contra la desigualdad", precisa Borda.

"A diferencia de las protestas agrarias que se dieron en Brasil o en Argentina, éstas fueron criminalizadas por el gobierno colombiano, que hasta decidió reprimirlas en algunos casos. Eso, en parte, porque no es un gobierno de carácter progresista como el de esos países y también porque está muy presionado por la derecha que lo acusa de no tener carácter ante las protestas. Eso lo llevó a sobreactuar", apunta Borda.

Más democracia

En cambio, en Brasil, las más recientes protestas callejeras en varios puntos del país pasaron por otros canales y otras demandas. Para el sociólogo Raphael Neves, de la Universidad de San Pablo, "tienen su raíz en la nueva clase media brasileña", que nació a la luz de las políticas sociales de los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, impulsadas por el crecimiento económicos de diez de los últimos 12 años. "Son los que accedieron a muchos beneficios que antes les estaban prohibidos, pero reclaman salud, educación menor inflación y más eficiencia en el destino de sus impuestos", acota Neves.

Pero si en Chile se pide a gritos una reforma educativa, en México el gobierno de Enrique Peña Nieto logró aprobarla este mes en el Congreso y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se lanzó a las calles de todo el país contra las nuevas normas que, entre otros puntos, establecen evaluaciones periódicas y obligatorias para los docentes, que es contra lo que se opone la CNTE. Además dispone la autonomía de gestión de las escuelas y un sistema de profesionalización de la carrera de los maestros.

Con una nada despreciable fuerza sindical en Oaxaca –donde durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón ya habían protagonizado duros conflictos– desde hace semanas los sindicalistas docentes mantienen tomados diferentes puntos del DF, pero el momento más tenso fue cuando el gobierno de la ciudad, en manos del perredista Miguel Mancera, decidió desalojarlos por la fuerza del Zócalo.

A diferencia de lo que ocurre en los otros países de la región, en México "un sector, el CNTE, se para contra una reforma en base a un discurso a mi entender errado y por lo que se vio en las últimas semanas no tienen consenso social y va camino a quedarse solos", opina el politólogo y analista Ricardo Raphael.

Ya el actual presidente había tenido experiencia con movimientos sociales de protesta cuando, en mayo de 2012 se originó el movimiento estudiantil Yosoy132 en la Universidad Iberoamericana, justo el día en Peña Nieto fue a exponer su plan de gobierno. Primero se planteó contra los medios de comunicación y contra el supuesto respaldo mediático al entonces candidato a presidente, pero luego apeló, desde su condición de movimiento estudiantil y apartidario, a consignas de mayor libertad de expresión y mayor democratización, y hasta abrió el paraguas por posibles fraudes en las elecciones, un eterno fantasma en los comicios mexicanos desde 1988.

Tanto para Borda como para Feilbaum, las protestas que atravesaron en los últimos meses a varios países de América del Sur no se dan sólo contra determinados gobiernos, sino contra el sistema político que no supo, no quiso o no pudo dar respuestas a las viejas demandas y a los graves problemas de infraestructura que atraviesan la mayoría de los países. "Fueron años de una bonanza económica para la región, gracias a los precios de las commodities en el mercado internacional y un clima apto para captar inversiones en la región. Sin embargo, parece que se desperdició una excelente oportunidad de plasmar mejoras", añade Gutiérrez. Para los analistas, esos nuevos actores sociales que llevan adelante las protestas "parecen abrir una nueva época", en la que "no se busca la revolución, sino que se exigen soluciones ya para los problemas cotidianos de la gente".

"Si uno escucha a Bachelet piensa que la solución a la educación está a la vuelta de la esquina y no es así. La educación gratuita y los problemas que se padece en Chile no se solucionan de un día para el otro y nosotros, los estudiantes, lo sabemos", opina Feilbaum.

No obstante, en todos los casos las manifestaciones carecen de partido político alguno como artífice, pero sí aparecen reclamando su copyright varias organizaciones sectoriales y referentes sociales, que buscan "revitalizar y dar otro sentido a la democracia", según Borda, cada vez más abiertos a plantear un divorcio con la clase política, con la que haber convivido en los últimos años generó una situación, a todas luces, estresante.