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Deconstruyendo confianza
En medio de una corrida cambiaria, una encuesta realizada por AtlasIntel y Bloomberg (septiembre 2025) reveló que la corrupción es la principal preocupación de los argentinos con un nivel de 52,7%, muy por encima del desempleo (31,8%) y de la inflación (31,2%). A su vez, el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella registró en agosto una caída del 8,2% respecto del mes anterior. Ambos indicadores, atravesados por múltiples causas, reflejan la dificultad de anticipar hasta dónde puede escalar el dólar, qué detonó la estampida y cómo –y en qué nivel– podrían estabilizarse los mercados.
La corrupción vernácula es, quizás, uno de los principales factores que explican –aunque nunca justifican– las crisis recurrentes en la Argentina, que entre tantas consecuencias terminan derivando en episodios cambiarios. Sin embargo, no es la única variable en juego. Las corridas y crisis sociopolíticas que el país sufre con frecuencia son fenómenos multicausales que, en el marco de una economía bimonetaria, reflejan sobre todo la falta de confianza en el peso y la demanda persistente de dólares, constituyéndose en insumos centrales de una extendida conducta defensiva. Los grandes empresarios dejan de invertir o postergan la puesta en marcha de nuevos proyectos, a veces defendiendo con uñas y dientes sus intereses mediante todo tipo de artimañas, mientras que los pequeños buscan apenas sobrevivir a la turbulencia, muchas veces recurriendo a la evasión.
Todo esto se desarrolla en un marco cultural atravesado por altas dosis de cinismo, donde, cuando la percepción de bienestar es generalizada, impera el desdichado “roban pero hacen”. En cambio, cuando se diluyen las expectativas de mejora en los ingresos, la indignación se vuelve masiva y los corruptos son castigados, tal como refleja la encuesta citada. Peter Drucker acuñó una frase célebre: “La cultura se come a la estrategia en el desayuno”. Y en un país donde la corrupción impregna a la sociedad –de manera consciente o inconsciente– ninguna estrategia de gobierno logra sostenerse: predomina el cortoplacismo, una lógica de sálvese quien pueda que, en su dinámica, suele alimentar las corridas cambiarias.
Existen dos tipos diferenciados de corrupción sistémica que afectan de manera directa a la economía. La primera es la llamada corrupción de “guante blanco”, generalmente amparada por la legalidad formal, pero no por eso menos dañina. Surge de poderosos grupos de interés y sus lobbies, que a través de leyes, decretos y trámites burocráticos enmarañados han construido auténticas capas arqueológicas de regulaciones protectoras, estableciendo “kioscos” dentro de distintas dependencias estatales. Es, en esencia, una privatización de la función arbitral que debería ejercer el Estado. Ejemplos de esta dinámica son los privilegios fiscales en Tierra del Fuego o la ley de patentes de productos medicinales.
La otra forma es la ilegal, reflejada en los repetidos casos de coimas que estallan mediáticamente, algunos judicializados y otros no, pero que se repiten en gobiernos de distintos signos políticos, en los niveles nacional, provincial y municipal. Ejemplos sobran: el caso Skanska, iniciado en 2005 y elevado a juicio oral en 2024 pese a las pruebas abrumadoras, incluida la autodenuncia de la empresa y un video de un funcionario en el que describe la trama de sobornos; o el caso Cuadernos, con su extensa lista de “arrepentidos”, donde reaparecen muchos de los mismos protagonistas. Ambos escándalos exponen una corrupción sistémica en la que la Justicia llega tarde y las auditorías prácticamente no existen.
Las consecuencias de la corrupción sistémica y de la ausencia de un contrato social creíble las padece la sociedad: la devaluación de la moneda, la pobreza endémica que se agrava con las décadas, la deficiente asignación de recursos, la pauperización de la educación pública, jubilaciones indignas, hospitales precarios, endeudamiento crónico, bajos niveles de inversión, avance del narcotráfico, inseguridad creciente, pérdida generalizada de confianza e incluso una preocupante erosión de los derechos humanos. Una tierra arrasada en la que las diez plagas bíblicas parecerían un castigo menor. Pretender que pueda existir una política económica sostenible en medio de una evasión impositiva extendida y una corrupción sistémica de semejante magnitud es una ingenuidad. Bajo estas condiciones, no debería sorprender que la Argentina esté condenada a sufrir, una y otra vez, crisis económicas y sociales, salvo que la sociedad civil –de la que todos somos parte– reaccione a tiempo, demandando cambios culturales y políticos que cimenten las bases de un desarrollo armónico y perdurable.
Por Pablo Madanes
Tipo de trabajo:
opinión
