Defender y mantener la presencialidad es una acción de justicia social
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PARA LA NACIONVictoria Morales Gorleri
Llegamos a un punto de no retorno. Late fuerte y resuena la necesidad urgente de tomar decisiones que no sean simplemente cosméticas, es por ello que vale la pregunta: ¿Las escuelas abren por presión política y social? O ¿Abren por una reflexión profunda en el entendimiento del daño ocasionado durante 2020? Si es por lo primero las escuelas cerrarán ante el mínimo problema. Si es la segunda será el primer paso para que esta Nación vuelva a poner en el centro a la educación. Durante el 2020, ¿aprendimos algo o no?
El ciclo lectivo 2020 se rigió por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de virtualidad para todos sin respetar la autonomía de las jurisdicciones. Decretó la virtualidad como única estrategia para sostener la continuidad educativa y es así que la digitalización en tiempos de pandemia fue aliada para algunos y expulsiva para muchos otros. La grieta educativa quedó marcada a fuego entre quienes tuvieron acceso y quienes no.
En Argentina los datos sobre cuántos alumnos no volverán a la escuela este año o cuántos no tuvieron la posibilidad de recibir educación a distancia no son oficiales ya que el Ministerio de Educación de la Nación no publica los datos correspondientes. Una situación gravísima ya que sin información cuantitativa no podemos tener un diagnóstico correcto para planificar las estrategias adecuadas para que todos los chicos gocen del pleno derecho a recibir una educación integral, permanente y de calidad.
En un país con 56,3% de pobreza infantil cerrar las escuelas significó ampliar y consolidar las desigualdades educativas, fue cerrar los comedores escolares, alejarlos de sus vínculos de ayuda, de alerta, cercenar sus posibilidades de aprender, reducir las posibilidades de trabajar para muchas madres y sobre todo achicharrar la esperanza en la construcción de un futuro mejor tanto individual como colectivo.
Con 56,3% de pobreza infantil, cerrar las escuelas significó ampliar y consolidar las desigualdades educativas.
La experiencia de la pandemia y la enseñanza a distancia nos dejaron varias lecciones. En primer lugar, nos hizo recordar hasta qué punto la escuela es necesaria para que la educación de los chicos y chicas no esté limitada por las condiciones materiales y simbólicas de sus hogares. ¿Puede haber algo más injusto que una trayectoria educativa afectada por la falta de conectividad, de una computadora o no poder comprar datos en un celular?
Las familias vislumbraron las complejidades de la profesión docente. La renovada valoración social por la tarea profesional de los docentes en este contexto tan peculiar es una muy buena noticia como lo es también el reconocimiento de la función social de la escuela como espacio para aprender a vivir con otros y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar. Pero también es muy doloroso ver como quedaron en evidencia los miles de problemas que tenemos en infraestructura, recursos tecnológicos y capacitación docente.
Las lecciones aprendidas nos animan a mirar el futuro con preocupación, pero también con la expectativa de la vuelta a una presencialidad cuidada. Si bien el contexto de incertidumbre
desde el plano sanitario genera temores y puede dificultar la transición a la nueva normalidad educativa, el retorno a las clases presenciales abre nuevos interrogantes para pensar respecto a lo pedagógico, lo emotivo y lo social.
El criterio fundamental para cualquier toma de decisiones debe ser el bienestar y los aprendizajes de los niños y jóvenes. El impacto y las consecuencias de la pandemia van a perdurar durante años y los estudios señalan que los estudiantes de grupos más vulnerables son los más castigados. Cada día que la escuela permanece cerrada es menos probable que los estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas vuelven a estudiar.
En Argentina, la decisión de unificar el ciclo lectivo en el bienio 2020-2021 apunta a reducir el impacto en las trayectorias educativas de miles de estudiantes en términos de desigualdad educativa. Esa política macro representa un desafío para las escuelas y especialmente para los docentes pero eso solo es insuficiente. El tiempo perdido del encuentro con los otros no se recupera. Por ello, resulta fundamental pensar con todos los miembros de la comunidad educativa los consensos que van a construir una vuelta a la escuela presencial que logre garantizar, de manera segura, el derecho a la educación, en el sentido más amplio, de cada uno de los y las estudiantes.
Planificar la vuelta a la escuela presencial nos convoca a mirar más allá de la dicotomía de apertura o cierre total. Hay que considerar que la enseñanza remota es más compleja para estudiantes con discapacidad, con escasos recursos económicos, que viven en hogares en situaciones de hacinamiento, que por distintas razones no logran sostener rutinas o que no tienen adecuada conectividad o equipamiento para estudiar. Abrir las escuelas es en todo sentido un caso de justicia social.
La vuelta a las aulas seguirá probando nuestra capacidad colectiva de reinventarnos, aprender, colaborar y tomar buenas decisiones en un marco de incertidumbre. Con honestidad y vocación se debe revisar lo aprendido en el 2020 y monitorear las medidas que se implementarán en el transcurso del 2021. Será clave trabajar con otros para diseñar los distintos escenarios posibles de tiempo y espacio pero siempre con las escuelas abiertas para recibir a nuestros niños y jóvenes. Debemos devolverles la escuela. Debemos devolvernos la educación puesta en el centro de nuestras políticas.
Diputada nacional CABA (Pro-Juntos por el Cambio), vicepresidenta comisión de Educación
Tipo de trabajo:
opinión
